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La ganadería: la gran olvidada en la nueva PAC

Román Santalla, secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)27/08/2014
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Cada vez conocemos con más detalle cómo se aplicará en España la nueva Política Agraria Común. La PAC, que tendría que haber entrado en vigor en enero de 2014 pero que se haya retrasado un año su puesta en marcha, cambiará profundamente el modelo de las ayudas y, en definitiva, cómo se repartirá el apoyo para la agricultura y la ganadería de toda Europa. Los ganaderos contemplamos con temor cómo con el nuevo modelo podemos perder gran parte de los apoyos que teníamos.

La nueva Política Agraria Común, de las muchas por las que hemos pasado en los últimos años, es la que deja un mayor margen a cada Estado Miembro para adaptarla a su realidad. Esta condición, lejos de tranquilizar a los agricultores y ganaderos españoles, nos está demostrando que nuestro Gobierno, y en especial el ministerio dirigido por Isabel García Tejerina, no está aprovechando esta situación para mejorar el reparto de las ayudas que vienen de la Unión Europea.

Foto: Colin Brough
Foto: Colin Brough.

El nuevo modelo supone el paso definitivo hacia un modelo de base territorial a la hora del reparto de ayudas, ignorando la producción que se lleve a cabo en cada territorio. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la ganadería española en general no encuentra ningún encaje en este nuevo modelo.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos hemos criticado y rechazado este criterio territorial, pues creemos que puede dar lugar a especulación y, en definitiva a un reparto injusto de las ayudas.

El nuevo modelo plantea considerar las hectáreas presentadas por los beneficiarios, algo que complica que las explotaciones ganaderas tengan acceso a la ayuda. Si pensamos en las ganaderías que aprovechan la rastrojera, como por ejemplo el ovino, encontramos una ganadería que aprovecha el pasto pero que no puede aportar esa superficie a efectos de la ayuda. Lo mismo ocurre con el ovino semiintensivo o semiextensivo de leche. Tan sólo una ganadería con superficie ligada a pastos podría tener acomodo en esa situación, y en ocasiones parcialmente, porque esos pastos son en muchas ocasiones comunales.

Esto dejaría a los ganaderos con la única posibilidad de acceder a las ayudas acopladas en los sectores que dispongan de ellas, que además reducen su porcentaje al 13%, con posibilidad de incrementarse un 2% si se dedica a cultivos proteicos. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura aún no se ha pronunciado a qué sectores concretos se van a dirigir tales ayudas. Desde UPA exigimos que todos los sectores ganaderos se incluyan dentro de esos sectores.

En definitiva, en la ganadería española existe mayoritariamente un modelo sin base territorial (derechos especiales). Para estos casos el acuerdo político adoptado dirige la solución hacia el pago acoplado, respecto del cual no existe demasiada concreción. Sin duda, desde UPA trataremos de que este tipo de explotaciones sean prioritarias en el reparto de las ayudas acopladas. Sin embargo, todos los sectores se están reuniendo con la ministra pidiendo ser objeto de esas deseadas ayudas acopladas.

UPA ha trasladado con todos los medios a su alcance esta situación a las autoridades del Gobierno central y a las de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, hemos sido ninguneados al no invitarnos a participar en los grupos de trabajo para concretar la aplicación nacional de la PAC. Sin haber participado en estas reuniones, pero sí teniendo conocimiento de lo que en ellos se está cocinando, la verdad es que somos más bien pesimistas.

En relación con la figura del “agricultor activo” no se ha tomado ninguna decisión al respecto, ni parece que se vaya a tomar. Los sucesivos desacoplamientos han puesto de manifiesto lo que ocurre en un sector cuando se cobra por no producir. Sin duda ahora se presentaba una oportunidad para acabar con estas prácticas y dar el apoyo a los verdaderos ganaderos. Parece que de nuevo nos encontramos ante una oportunidad perdida.

En relación con la actividad mínima, se plantea exigir que el solicitante esté dado de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (Rega) en el año 2013, cuando todo el mundo sabe que con dos o tres animales puedes registrarte en el Rega.

En definitiva, mediante la definición de agricultor activo y de actividad mínima todo parece indicar que no va a haber diferenciación alguna y no se va a evitar que la gente sin actividad siga cobrando en detrimento de los verdaderos ganaderos, que dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de sus animales.

Respecto de la regionalización, dado que se trata de una reforma territorial (ligada a superficie) y el sector ganadero tiene mucha capacidad de aprovechar pastos pero poca de justificar tierras, nos tememos que no saldrá bien parado.

Otra decisión tomada que afectará de manera muy negativa a la ganadería ha sido la de prescindir de la ayuda a zonas con limitaciones naturales, opción permitida en el acuerdo europeo que hubiera tenido una acogida perfecta para el sector.

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