El sector porcino y las empresas de tratamientos de purines exigen soluciones urgentes que eviten el cierre de las plantas
18 de febrero de 2014
El sector porcino, representado por Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), han querido poner de manifiesto el riesgo que supone para el sector la aprobación de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno, que se reducen en más de un 40%.
La propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una errónea equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos. Si se confirma la aprobación de dicha propuesta, se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013. El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales.
Estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio y se garantice una correcta gestión de 2,5 millones de toneladas anuales de residuos que, de no ser tratados, conllevan un importante impacto medioambiental, cifrado en 700.000 toneladas de CO2.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ellas.