Los Agentes Sociales Industriales reclaman un pacto de estado que favorezca el desarrollo industrial de España

Los Agentes Sociales de la Industria española procedieron el pasado 28 de noviembre, en la sede del Consejo Económico y Social, a la firma de la Declaración por la Industria, en la que han instado al Gobierno, los Partidos Políticos, los Poderes Legislativos y las Autoridades, Instituciones o Poderes Públicos con competencias en el ámbito económico o social a asumir un pacto de estado por la industria que permita desarrollar las medidas y políticas de Estado que configuren una política industrial sostenida en el tiempo. Así, se apela a un compromiso de Estado que contribuya a que España alcance el objetivo marcado por la Unión Europea de incrementar al menos hasta el 20% el peso de la industria en el conjunto del PIB en el año 2020.

El documento, que recoge nueve políticas para impulsar la competitividad industrial, reclama también la instauración de una Secretaría de Estado de Industria con competencias y recursos para impulsar la agenda industrial de la actual legislatura a la que también se dote de capacidad para coordinar dichas políticas con todos los departamentos de la organización del Estado que sea preciso y bajo la que se implanten observatorios o foros de interlocución tripartitos y permanentes para analizar las fortalezas y debilidades de cada sector impulsando medidas para mejorar su competitividad.

La Declaración, presentada públicamente bajo el nombre ‘La Legislatura de la Industria’, ha sido suscrita por los máximos representantes de UGT-FICA Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria, CCOO Federación de Industria, CCOO Federación de Construcción y Servicios, CCOO Federación de Servicios a la Ciudadanía, así como por las organizaciones empresariales que constituyen la Alianza por la Competitividad de la Industria Española -promotora de esta iniciativa-, que representa a los sectores del Automóvil (Anfac), Refino y Comercialización de Productos Petrolíferos (AOP), Química y Farmacia (Feique), Papel (Aspapel), Cemento (Oficemen), Alimentación y Bebidas (FIAB) y Siderurgia (Unesid) que, en conjunto, generan el 50% del PIB industrial y más de 4 millones de empleos en nuestro país. Se han adherido también a la firma el sector del Metal (Confemetal), el sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto), el sector del Textil (CIE), el sector de la Moda (Moda España), y el sector del Calzado (FICE).

Durante el acto, que ha sido presidido por el presidente del CES, Marcos Peña, han intervenido: Pedro Luis Hojas, secretario general de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria); Antón Valero, representante de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (presidente de Feique); y Agustín Martín, secretario general de CCOO Industria.

El desarrollo y potenciación de los distintos sectores industriales es una necesidad estratégica de nuestro país y una condición indispensable para generar crecimiento económico y empleo de calidad de forma sólida y estable y que contribuye de forma fundamental al bienestar social y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones en beneficio de todos los ciudadanos. De ahí, la relevancia de asumir un compromiso de Estado para desarrollar y ejecutar una política industrial estable sostenida en el tiempo que trascienda a los eventuales cambios de signo político de los gobiernos.

No en vano, la Industria es la actividad que mayor solidez confiere a la economía de un país en términos de generación de riqueza, empleo y bienestar de sus ciudadanos; la que, apoyada en su potencial exportador, tiene una mayor productividad y valor añadido de la economía, dinamizando el conjunto del tejido empresarial, y la actividad que mayor inversión dedica a la I+D+I, y principal demandante de innovación y desarrollo tecnológico.

En el documento, las organizaciones empresariales y sindicales firmantes reclaman el diseño y desarrollo de nueve políticas para impulsar la competitividad industrial:

1. Es imprescindible que, de forma prioritaria, se desarrolle, programe y regule una política energética estable que permita garantizar el suministro energético a un precio competitivo, que atienda a la necesaria reestructuración de nuestra Industria y Economía, que prime la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías sostenibles, que impulse la independencia energética española con el desarrollo de energías renovables, la cogeneración y los recursos autóctonos y que preserve los sistemas de gestión de la demanda.
2. Es necesario diseñar una política de infraestructuras logísticas y de transporte que permita mejorar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte de mercancías y de las infraestructuras intermodales, así como acelerar el acceso de las empresas radicadas en España a los mercados internacionales.
3. Es preciso establecer una política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital que fa¬cilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas y, por otra parte, permita atraer y desarrollar en España centros públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en aquellas áreas transversales y esenciales para dotar de base tecnológica a la industria. Es asimismo imprescindible incrementar la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación que aumente la generación de producciones de mayor valor añadido.
4. Es indispensable impulsar una política de formación y empleo que garantice el desarrollo del talento y de la capacitación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral, considerando que constituyen el principal y más valioso activo de la empresa en la sociedad.
5. Es esencial aplicar una política de regulación inteligente que, además de proteger los principios de unidad de mercado a escala nacional y europea, evite la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación existente en el ámbito industrial, y mejore la eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras mediante la realización de evaluaciones de impacto rigurosas.
6. Debe priorizarse, por parte del Gobierno, la ordenación y control de medidas de carácter fiscal, especialmente las de carácter medioambiental que puedan provocar la ruptura de la unidad del mercado, distorsionar la libre competencia y mermar la competitividad de nuestro tejido industrial.
7. Debe promoverse una política de inversión, internacionalización y comercio exte¬rior que asuma los objetivos de atracción de inversiones productivas industriales en nuestro territorio y facilite la penetración de la producción española en mercados exteriores. España debe mantener en el ámbito europeo la necesidad de reforzar los instrumentos de defensa comercial de forma que se garantice, por una parte, el acceso a los mercados exteriores y, por otra, evite la competencia de importaciones desleales. España instará a la Unión Europea para que en los nuevos acuerdos comerciales se incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, y del compromiso con la lucha contra el cambio climático en el alcance de los mismos.
8. Para facilitar la financiación y potenciación del tejido industrial, es necesario incre¬mentar la dotación y articular más eficazmente los instrumentos nacionales y comunitarios de apoyo a la inversión en proyectos innovadores generadores de empleo, así como orientarlos fundamentalmente a la Pequeña y Mediana Empresa.
9. Es preciso impulsar la sostenibilidad industrial y su contribución continua al desarrollo de procesos, productos y bienes cada vez más sostenibles y comprometidos con la seguridad y la protección del medio ambiente de forma general y, particularmente, con las estrategias de mejora de la eficiencia energética, de la lucha contra el cambio climático y de la economía circular. Asimismo, y con objeto de promover la sostenibilidad de modo global, debe simultáneamente salvaguardarse la competitividad de las empresas industriales radicadas en nuestro país para evitar su relocalización en lugares donde la producción se realiza con estándares de seguridad y protección medioambiental sensiblemente inferiores a los europeos.

Los primeros firmantes de la Declaración por la Industria, abierta a la adhesión de otros sectores industriales, han sido:

El secretario general de UGT FICA, Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria, Pedro Luis Hojas; el secretario general de CCOO Federación de Industria, Agustín Martín; el secretario general de CCOO Federación de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez; el secretario general de CCOO Federación de Servicios a la Ciudadanía, Javier Jiménez; el vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Mario Armero; el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Federico Molina; el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), Enrique Isidro Rincón; el presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Antón Valero; el presidente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mané Calvo; el presidente de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen), Jaime Ruíz de Haro; el presidente de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Gonzalo Urquijo; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), Antonio Garamendi; la presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto), María Helena Antolín; el presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), Manuel Díaz; el presidente de la Confederación de Empresas de la Moda de España (Moda España), Ángel Asensio; y el presidente Ejecutivo de la Federación de Industrias del Calzado Española (FICE), José Monzonís.