Las asociaciones firmantes anunciaron que “ya están trabajando en una batería de soluciones adicionales para luchar contra esta problemática”

En una declaración conjunta, diferentes asociaciones del sector de productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes en España, incluyendo Aevecar, AOP, Appa, ATliq, Bio-e y UPI, han solicitado medidas adicionales para erradicar el fraude que afecta al sector desde hace años.

Las asociaciones valoraron positivamente la inclusión de medidas destinadas a reducir el fraude en la distribución de combustibles líquidos en el Real Decreto-ley 8/2023, recientemente aprobado. Sin embargo, insistieron en la necesidad de una mayor determinación por parte del Gobierno para abordar este problema que “afecta la competitividad del sector, perjudica las arcas públicas y compromete los objetivos de descarbonización”, señalaba el comunicado conjunto.

Desde hace tiempo, el fraude en el sector de los carburantes y biocarburantes ha sido objeto de preocupación por parte de las asociaciones firmantes, que han denunciado en múltiples ocasiones las prácticas desleales, incluido el incumplimiento de obligaciones sectoriales como la incorporación de biocarburantes y fiscales, particularmente en lo que respecta al IVA.

“El objetivo es tender la mano al Ejecutivo para trabajar conjuntamente para frenar el fraude en España”, señalaron diferentes asociaciones del sector de productores y distribuidores de carburantes. Foto de Engin Akyurt.

Productores y distribuidores valoraron positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, "dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma, que actúan con total impunidad”.

Del mismo modo, también consideraron favorable “la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida para ser eficaz requiere que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores”.

Entre las medidas solicitadas se encuentra “agilizar la aprobación de la Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido. De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley señala que siete empresas han dejado de pagar al Estado 95 millones de euros por este concepto sólo en 2022”.

Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI consideraron “un buen punto de partida el RDL 8/2023, tanto por su exposición de motivos como por las medidas que incluye, y anima a la Administración a seguir avanzando en esa dirección”. Además las asociaciones firmantes anunciaron que están trabajando ya en una batería de medidas que abordan desde el ámbito fiscal, fundamentalmente para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad.

"El objetivo es poner estas medidas en conocimiento de la Administración y tender la mano al Ejecutivo para trabajar conjuntamente en todos los avances necesarios para frenar el fraude en España, y, en consecuencia, a garantizar la seguridad de suministro de combustibles, a preservar la competitividad del sector, la protección de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización", concluyó el comunicado conjunto.