El sector "lamenta la falta de visión del Ejecutivo ante los retos de la transición energética y el empleo"

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) denunció que el gravamen temporal energético, aprobado en el Senado, penaliza el refino y es incongruente con las políticas del Gobierno al no favorecer la transición energética. “El nuevo gravamen penaliza y desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector”, afirmaron fuentes de la AOP en una nota de prensa.

“El sector del refino ha resultado crítico para garantizar la seguridad de suministro en España y contribuir a paliar el incremento de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania. Como sostiene el Gobierno en su 'Plan +Seguridad Energética' el sistema de refino español es ‘único en Europa’, por sus características y complejidad en número de refinerías, localización de estas y conexión a la red de oleoductos, dispone de una gran flexibilidad. Este activo estratégico, a diferencia del resto de países europeos, es fruto de las inversiones hechas a riesgo y sin ayuda gubernamental que hoy permiten a España tener garantía de suministro.”

Además, el sector contribuye a la balanza comercial española con más de 19.500 millones de euros en exportaciones, aporta el 54% de la energía final total del país y gracias al cual la Administración recauda más de 20.500 millones de euros anuales en impuestos, mientras sostiene más de 200.000 empleos.

Asimismo, AOP recuerda que “el Gobierno ha solicitado la ayuda del sector en los dos últimos años para hacer frente a momentos críticos. En el primer caso, en 2020, nuestras compañías mantuvieron en funcionamiento las refinerías y abiertas las estaciones de servicio, sosteniendo las pérdidas extraordinarias derivadas del cese casi total de la movilidad. Unas pérdidas que aún no se han recuperado, pese a ser acusados de obtener beneficios extraordinarios. Lo que, además, demuestra una preocupante indiferencia sobre el funcionamiento del sector y sus ciclos”.

En el segundo caso, en 2022, el Gobierno solicitó a las compañías asociadas su colaboración en la mitigación de las consecuencias de la invasión de Ucrania. El resultado fue la implantación de una bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles, y la aportación adicional de al menos 5 céntimos por litro de producto a cargo de las compañías con capacidad de refino. “De nuevo, nuestras compañías asociadas demostraron estar a la altura añadiendo, por su cuenta, significativos descuentos adicionales”.

A pesar de todos estos inconvenientes, desde el sector aseguran que no han cesado las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde o los eco-combustibles, con todo lo que conlleva. “Estas operaciones se han realizado gracias a inversiones realizadas a riesgo por nuestras asociadas, ya que desde la administración ni tan siquiera se ha brindado una senda clara del papel de nuestro sector en la transición energética”.

Desde la asociación mostraron su desconcierto por “esta forma de castigar a un sector que es estratégicamente clave y que ha prestado su ayuda siempre que se le ha requerido y en momentos tan duros como la crisis sanitaria o la invasión de Ucrania”.

“El sector ha estado a la altura de las circunstancias ayudando a su país cuando la situación lo ha requerido. Lleva años instando a que se le permita tener un papel activo en la transición energética. Nuestra voluntad es ser parte de la solución, pero no se dan las señales regulatorias que pueden permitir al sector afrontar con seguridad las inversiones ya iniciadas. Sin estas inversiones, se va a dejar a mucha población atrás con una transición energética”. inasumible en términos de costes y lastrando la industria nacional y, con ella, la economía en su conjunto.