Estrasburgo propone acelerar el despliegue de puntos de recarga en las principales carreteras de la UE
El proyecto de ley forma parte del paquete de medidas ‘Objetivo 55 en 2030’, el plan de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990, informaron en una nota de prensa fuentes de la Cámara. Los eurodiputados acordaron imponer objetivos nacionales mínimos para el despliegue de la infraestructura para combustibles alternativos. Los Estados miembros tendrán hasta 2024 para presentar sus planes para alcanzarlos.
Según el texto aprobado por el pleno, en 2026 deberá haber al menos una estación de recarga para vehículos eléctricos cada 60 kilómetros en las principales carreteras del territorio de la UE. El mismo requisito será de aplicación para camiones y autobuses, pero solamente en las vías que forman parte de las redes transeuropeas (RTE-T). Además, tendrán que ser instalaciones con más potencia. Desde Estrasburgo se señala que “habrá excepciones para las regiones ultraperiféricas, islas y carreteras con muy poco tráfico”.
El Parlamento también plantea establecer estaciones de repostaje de hidrógeno a lo largo de las carreteras principales de la UE (cada 100 kilómetros y no cada 150, que era la distancia propuesta por la Comisión Europea) y hacerlo antes (en 2028 en lugar de 2031).
Recarga sencilla
Las instalaciones de repostaje de energías alternativas aplicadas a la movilidad tendrán que ser accesibles para todas las marcas de vehículos y el pago de la recarga deberá ser sencillo. El precio, que tendrá que figurar en kWh o en kilogramos, “deberá ser asequible y comparable”.
Con su voto los eurodiputados también instan a que se centralicen los datos sobre combustibles alternativos antes de 2027, “con el fin de proporcionar información sobre la disponibilidad, los tiempos de espera y los precios en diferentes estaciones de toda Europa”.
Combustibles marítimos sostenibles
El pleno del PE también adoptó su posición sobre el proyecto de normas sobre el uso de combustibles renovables y bajos en carbono en el transporte marítimo. El PE “busca que el sector marítimo reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques en un 2% a partir de 2025, un 20% en 2035 y un 80% en 2050 en comparación con el nivel de 2020 (Bruselas había propuesto objetivos más modestos: una reducción del 13% y del 75% para 2035 y 2050, respectivamente).
Esta norma se aplicará, concretaron fuentes del PE, “a buques con un arqueo bruto superior a 5.000 toneladas, responsables a priori del 90% de las emisiones de CO2, a toda la energía utilizada a bordo en o entre puertos de la UE, y al 50 % de la energía utilizada en viajes en los que el puerto de salida o de llegada se encuentre fuera de la UE o en sus regiones ultraperiféricas”.
Además, el 2% de los combustibles utilizados tendrán que ser renovables y los portacontenedores y buques de transporte de pasajeros deberán recurrir al suministro de electricidad en puerto cuando estén atracados en las principales dársenas de la UE a partir de 2030, lo que “reducirá significativamente la contaminación atmosférica en los puertos”.
El pleno se ha mostrado a favor de la aplicación de sanciones para garantizar el cumplimiento de la norma. Los ingresos generados por las mismas se destinarán al Fondo de los Océanos y contribuirán a descarbonizar el sector marítimo, incrementar la eficiencia energética y desarrollar tecnologías de propulsión de cero emisiones.
El mandato negociador sobre infraestructuras para los combustibles alternativos se ha aprobado por 485 votos a favor, 65 votos en contra y 80 abstenciones, mientras que el centrado en los combustibles marítimos sostenibles salió adelante con 451 votos a favor, 137 votos en contra y 54 abstenciones. El Parlamento Europeo ya está listo para iniciar las negociaciones con los Estados miembros sobre la formulación definitiva de ambos textos legislativos, concluyen las mismas fuentes.