La Ertzaintza desmantela una organización que defraudó 40 millones en el IVA de la venta mayorista de carburantes

Tras una denuncia interpuesta por la Hacienda Foral de Guipúzcoa, la Ertzaintza, desmanteló la primera semana de enero “un grupo criminal dedicado a la delincuencia económica y que se sospecha habría defraudado 40 millones de euros al no declarar el IVA en la venta mayorista de carburantes”.

La operación, denominada ‘Martzi’, ha destapado una red acusada de cometer seis delitos: contra la hacienda, falsificación de documentos y blanqueo de capitales, entre otros. En total hay once personas implicadas, “que han pasado por la autoridad judicial, como detenidas o investigadas. El considerado líder del grupo se encuentra en prisión y el resto en libertad, aunque todos con la obligación depositar fianza solidaria de 40 millones” de euros, informaron fuentes de la Ertzaintza.

En la operación han colaborado los Mossos d`Escuadra y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil —ya que parte de los arrestos y registros se llevaron a cabo en Lleida o Madrid—, así como actuarios de la Hacienda foral guipuzcoana. A la organización se le incautaron 91 mil euros en metálico y ocho vehículos de lujo, alguno de ellos valorado en unos cien mil euros son parte de los bienes incautados a esa organización. Las cuentas bancarias y otros activos se han embargado judicialmente.

La investigación de la Ertzaintza se inició a principios del mes de julio de 2017 tras recibir un encargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que a principios de año detectó irregularidades en relación a la trama. Tras constatar los indicios de fraude, la Hacienda foral llevó el caso a los tribunales y advirtió a la Agencia Tributaria estatal del proceder del grupo investigado.

El caso fue asignado a la Sección de Delitos Económicos de la Ertzaintza, que trabajó conjuntamente con el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa. En el proceso de averiguación también colaboraron dos técnicos de la entidad foral guipuzcoana.

El delito consistía en no ingresar a la Hacienda el IVA derivado de la intermediación en la venta de carburantes que realizaba el presunto grupo criminal entre empresas petrolíferas y gasolineras ubicadas en el sur y el levante peninsular. Gasolineras que sí deducían de forma legal las cantidades del IVA no tributado por la trama desmantelada.

El fraude, todo un clásico en el sector de la distribución de carburantes en su tramo mayorista, permitía al grupo delictivo ofrecer carburantes a precios inferiores a los del mercado, generando así “un grave perjuicio a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales”.

La trama desmantelada constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016. La actividad continuó en 2017 a través de una segunda entidad comercial. En ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros, que figuran entre los implicados.

Ese cambio de empresa y el uso de testaferro pretendían dificultar la labor fiscal de las agencias de tributación. Durante el tiempo que actuó, la trama contaba con una sede ubicada en un bloque de oficinas de un polígono industrial de Irún, Guipúzcoa, y en unas dependencias alquiladas en Madrid.

Una parte del grupo realizaba tareas de dirección con el líder encarcelado al frente, mientras que otra se dedicaba a labores de gestión administrativa, incluyendo el blanqueo de capitales. Otros integrantes llevaban a cabo funciones comerciales para cerrar operaciones entre mayoristas y minoristas. Por último, los testaferros se encargaban de dar opacidad a la actividad de la trama.

Las compras de carburante a las empresas suministradoras se realizaban casi a diario por valor de decenas de miles de euros, aunque el grupo no llegaba a tocar el producto y se limitaba a gestionar su distribución en los puntos de venta finales. Se calcula que el fraude en estos dos años alcanza los 40 millones de euros. De ellos, 23 millones corresponderían a la hacienda guipuzcoana y los otros 17 millones a la Agencia Tributaria estatal.

La investigación culminó la primera semana de enero con un operativo policial que permitió localizar a once personas sospechosas de formar parte del grupo. Dos de ellas fueron arrestadas en Irún, tres en Vielha (Lleida), otras tres en Madrid, una en Ciudad Real y otra en Córdoba. A la undécima se le comunicó en Madrid su situación de investigada en el caso.

De forma simultánea se realizaron un total de catorce registros en diversos inmuebles: cuatro en Irún, cinco en Madrid, dos en Ciudad Real, dos en Córdoba y uno en Lleida.

En este desenlace de la operación participaron, además de la sección encargada del caso, ertzainas de Investigación y Protección Ciudadana de las comisarías de Irún y Rentería, así como agentes de los Mossos d’Esquadra de la Región Policial de Pirineos Occidentales y agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Tras pasar a disposición judicial, en el Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, el principal implicado ingresó en prisión y el resto quedó en libertad, todos ellos con medidas cautelares. La autoridad judicial, asimismo, decretó el embargo de cuentas bancarias y de otros activos financieros e inmuebles. La investigación continúa abierta.