Repsol YPF se defenderá legalmente de la persecución que sufre en Bolivia
Revista Estaciones de servicio04/09/2006
AMDPress.- El grupo hispano-argentino ha anunciado que ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos si continúa la sistemática persecución de la Fiscalía de Bolivia contra la compañía, como el injustificado registro que el Ministerio Público del Gobierno de Bolivia efectuó en las oficinas de Andina, filial de la compañía en ese país, Repsol YPF.
Repsol YPF ha mostrado una verdadera preocupación porque algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia, vuelvan a repetir actuaciones similares a las que protagonizaron hace unos meses, cuando iniciaron un procedimiento penal contra Repsol YPF, y algunos de sus ejecutivos en Bolivia, en una actuación amplia y notoriamente difundida, que la propia justicia boliviana declaró posteriormente nula.
Estas actuaciones han llevado a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados.
La compañía denuncia que lo sucedido constituye una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional, por tratarse de una actuación arbitraria, puesto que el contrato al que hace referencia cumple todos los requisitos de la legislación boliviana.
Pese a todo, la petrolera insiste en que prestará, como ha hecho hasta ahora, toda su colaboración a las autoridades bolivianas para el total esclarecimiento de los hechos, en una actitud de permanente diálogo que tanto la compañía, como las autoridades españolas, han mantenido en todo momento.
De hecho, la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa TotalFinaElf acaban de abonar de forma conjunta al gobierno boliviano 32,3 millones de dólares tras ser conminadas por el ministerio de Hidrocarburos al pago del impuesto adicional fijado en la nacionalización de los hidrocarburos que decretó hace cuatro meses, según ha adelantado EFE.
Repsol YPF ha mostrado una verdadera preocupación porque algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia, vuelvan a repetir actuaciones similares a las que protagonizaron hace unos meses, cuando iniciaron un procedimiento penal contra Repsol YPF, y algunos de sus ejecutivos en Bolivia, en una actuación amplia y notoriamente difundida, que la propia justicia boliviana declaró posteriormente nula.
Estas actuaciones han llevado a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados.
La compañía denuncia que lo sucedido constituye una medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional, por tratarse de una actuación arbitraria, puesto que el contrato al que hace referencia cumple todos los requisitos de la legislación boliviana.
Pese a todo, la petrolera insiste en que prestará, como ha hecho hasta ahora, toda su colaboración a las autoridades bolivianas para el total esclarecimiento de los hechos, en una actitud de permanente diálogo que tanto la compañía, como las autoridades españolas, han mantenido en todo momento.
De hecho, la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa TotalFinaElf acaban de abonar de forma conjunta al gobierno boliviano 32,3 millones de dólares tras ser conminadas por el ministerio de Hidrocarburos al pago del impuesto adicional fijado en la nacionalización de los hidrocarburos que decretó hace cuatro meses, según ha adelantado EFE.
