Una acción formativa necesaria

El pasado 8 de junio el salón de actos de la sede en Madrid del Banco de Sabadell volvió a acoger un evento organizado por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES). En este caso se trató de una jornada formativa que logró “un rotundo éxito” en la que especialistas en diversas áreas, así como representantes de la Administración, ofrecieron su punto de vista sobre varios asuntos que afectan a la actualidad del sector.

La jornada fue inaugurada por el vicepresidente de la CEEES, Zoilo Ríos, quién desgranó el programa del evento y lamentó que la Administración no siempre atienda las peticiones transmitidas por la patronal.

El primer ponente fue el subdirector general de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), Nelson Castro Gil, quien realizó un somero repaso de las atribuciones de Aecosan y desglosó cuál es el reparto competencial relacionado con Consumo, en el que los gobiernos autonómicos tienen asignadas atribuciones legislativas y sancionadoras. No obstante, remarcó que es responsabilidad de su departamento intentar armonizar las normas vigentes en las comunidades autónomas, una tarea que “no siempre es posible”, principalmente por el conflicto que se establece entre los aspectos técnicos y los políticos.

Castro Gil enumeró varios de los pilares que, desde el punto de vista del consumo, rigen la actividad de los puntos de venta de carburantes. En primer lugar, la obligación de ofrecer información básica tanto en el exterior (tipos de carburante y precio; horario de apertura; medios de pago aceptados y recomendaciones de seguridad, entre otros detalles), como en el interior de las instalaciones (qué empresa es la proveedora de los carburantes; quién es el propietario de la gasolinera y la existencia de hojas de reclamación, por ejemplo). Ésta última exigencia es uno de los puntos que no cumplen las gasolineras desatendidas, una circunstancia que coloca en una situación desigual a las instalaciones que no cuentan con personal frente a las que tienen empleados. Otro agravio comparativo es el referido a la realización de inspecciones por parte de las administraciones, que en el caso de las estaciones de servicios se pueden llevar a cabo de manera imprevista, sin avisar, mientras que en el caso de las desatendidas es necesario pactar con el propietario de la instalación una fecha para llevar a cabo esta tarea, una circunstancia que resta efectividad a la visita de los inspectores, como no se le escapa a nadie.

El subdirector general de Aecosan (quien anunció que, “previsiblemente”, en 2018 se producirán inspecciones en todas las comunidades autónomas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte de gasolineras), añadió que las estaciones de servicios deben hacer frente a multitud de obligaciones en base a la variedad de productos que se comercializan en ellas. Asimismo, recordó que ante los consumidores asumen responsabilidades fabricantes, distribuidores y vendedores.

Asimismo, Castro Gil afirmó que -una vez superada la fase de liberación del sector- las estaciones de servicios se enfrentan a nuevos retos propiciados por la adaptación a las nuevas necesidades de los clientes y a la implantación de nuevas tecnologías.

Por lo que respecta al Real Decreto 11/2013, que ha facilitado la apertura de puntos de venta de carburantes, Castro Gil dijo que se buscó ampliar la variedad de modelos de negocio con el objetivo de abaratar el precio de los carburantes. El momento de la exposición de Castro Gil que despertó más recelos entre los asistentes a la jornada fue cuando dijo que la Administración y, más en concreto Aecosan, “no vemos mal” las gasolineras desatendidas, aunque a continuación aseguró que “siempre y cuando cumplan con la legislación vigentes de asuntos relacionados con la seguridad y los derechos de los consumidores”, una contradicción que posteriormente fue esgrimida por el presidente de la patronal, Jorge de Benito, en su discurso de clausura.

El subdirector general de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo de Aecosan citó el informe hecho público a finales del pasado verano por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el cual el organismo regulador mostró su apoyo a un modelo de negocio que ha contado con el rechazo de doce comunidades autónomas, que han aprobado normas que protegen los derechos de consumidores, en particular de las personas discapacitadas.

Castro Gil, quien demostró en su exposición que ‘había hecho los deberes’, hizo también referencia a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea contra España por las citadas legislaciones autonómicas. Además, subrayó que el número de quejas presentadas por los consumidores de las estaciones de servicios es muy bajo respecto a otras actividades económicas, por lo que calificó al sector de ser “tremendamente pacífico desde ese punto de vista”.

A continuación, subió al estrado José Antonio Berenguer, socio fundador de Fuel Marketing Consulting (FMC), quien ofreció un completo resumen acerca de las principales variables que deben ser valoradas por los propietarios de estaciones de servicios a la hora de adquirir los carburantes que expenden en sus negocios.

Berenguer, quien afirmó que desde su punto de vista la mejor referencia de precios es la suministrada por Platts, explicó que analizar las fluctuaciones del mercado y operar con antelación pueden llegar a su poner un ahorro de hasta 9.000 euros al año en una gasolinera que venda tres millones de carburantes anuales.

El socio de FMC desglosó las partidas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de firmar un contrato de suministro de carburantes, desde la de los biocarburantes a la cantidad que se está aplicando en algunos contratos para hacer frente a la tasa de eficiencia energética.

Tras las dos primeras intervenciones, se produjo un breve periodo de preguntas en el que Zoilo Ríos hizo referencia al hecho de que España “es un país de países” y solicitó a Aecosan que armonice los derechos de los consumidores. El vicepresidente de la CEEES dijo que es imposible que las desatendidas cumplan la legislación, que obliga a las gasolineras a contar con hojas de reclamación para los consumidores, un argumento utilizado por varios de los intervinientes del público.

Castro Gil comparó esta situación con la de los cajeros automáticos en horario nocturno, que ponen a disposición de los consumidores correos electrónicos o teléfonos de información para que estos se pongan en contacto con la entidad bancaria para resolver las dudas o problemas que puedan sufrir cuando la oficina en la que se aloja el cajero esté cerrada. Este argumento fue ampliamente rechazo por el auditorio, que recordó que los carburantes son materiales peligrosos que pueden provocar incendios o bien pueden trasladarse de manera irregular en recipientes y/o vehículos no aptos.

Por otra parte, y ante una de las preguntas que respondió, Berenguer hizo una de las declaraciones más llamativas de la jornada, ya que aseguró que, según su experiencia, “el 50% de los empresarios abanderados del sector no comprueba cuál es la cantidad facturada por los carburantes suministrados por el operador”. Una afirmación que dio pie a Zoilo Ríos a reclamar una “mayor profesionalización del sector”.

De Benito (quien intervino en este turno de preguntas para afirmar que los sistemas automáticos de extinción de incendios no son efectivos con vientos superiores a los 18 kilómetros por hora, una velocidad que se supera en muchos lugares de España con mucha frecuencia), se mostró partidario de recurrir a las mejores herramientas para poder realizar una compra optimizada de los carburantes, ya que ofrecen “resultados espectaculares”.

Tras la pausa para el café, fue el turno de Ernesto Maraver, abogado del Estado en excedencia, quien explicó que el céntimo sanitario, “ilegal antes, durante y después de su entrada en vigor, es un Conde Drácula; una auténtica perversidad desde el punto de vista legal.” El abogado explicó cuál es la situación en la que se encuentran las solicitudes de devolución del Impuesto a las Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVMDH), conocido por su denominación popular: céntimo sanitario.

En una exposición distendida, pero no por ella menos profunda ni rigurosa, Maraver (que agradeció la labor de su compañera de despacho, Silvia Longana, a quien calificó de ‘la reina del batallón’) repasó cuál fue la historia de esta tasa. Un gravamen que tantos quebraderos de cabeza ha traído a la distribución de carburantes, pero también al transporte por carretera, aunque su incidencia ha afectado, de manera más o menos directa, a toda la actividad económica del país, produciendo encarecimientos al traslado productos y personas por carretera, así como desigualdades tributarias en comunidades autónomas.

Con respecto al tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) Maraver dijo que es manifiestamente ilegal, puesto que la legislación comunitaria prohíbe la aplicación de impuestos en función del territorio, una razón tan sencilla “que cuando me la explicó Eduardo Espejo no la entendí”.

Maraver alertó de las tremendas consecuencias que pueden tener las sentencias favorables que está logrando su despacho, pues las exportaciones españolas por carretera realizadas durante los once años de vigencia del céntimo sanitario se vieron perjudicadas por su aplicación.

A continuación, la Fundación Senergia, una organización sin ánimo de lucro creada en 2015 y presidida por Eduardo Espejo cuyo objetivo es crear y apoyar iniciativas que ayuden a preservar el medio ambiente frente a las consecuencias del cambio climático, mostró un vídeo en el cual ofreció un resumen de las actividades que lleva a cabo. La fundación ha puesto en marcha un concurso mediante el cual quiere premiar a la estación de servicio más responsable, una iniciativa que debería recibir por parte del sector el interés que se merece.

Tras la presentación de la citada fundación, Jorge de Benito fue el encargado de presentar a dos conocidos del sector: Alfredo Hernández y Mariano Aguayo, quienes resumieron cómo se produjo la integración de los dos despechos que ambos lideraban. Los dos especialistas en asuntos legales relacionados con la distribución de carburantes dijeron que la posibilidad de que los empresarios abanderados firmen contratos anuales con las operadoras es favorable para las estaciones de servicio, aunque admitieron que aquellas que logran reducidas ventas de carburantes están en una posición más complicada, ya que no pueden cerrar acuerdos de mayor duración, que en el pasado supusieron una ayuda en asuntos como la actualización de las instalaciones.

Aguayo animó a los asistentes a plantear batalla a las desatendidas exigiendo el cumplimiento de las legislaciones municipales, un terreno en el que hay margen para retrasar la entrada en el sector de puntos de venta a los que no se les exijan las mismas condiciones que las estaciones de servicio que operan desde hace años, aseguró.

En su discurso de cierre de la jornada, De Benito llamó la atención ante el desmesurado incremento del número de puntos de venta de carburantes y la paradójica pérdida de empleo que protagoniza el sector, una lacra que sufre con especial virulencia Cataluña, que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) mostradas por el presidente de la CEEES perdió el 50% de los empleos en tan solo un año.

De Benito agradeció de nuevo la colaboración prestada por Aevecar, CC OO Cocemfe y UGT en la lucha contra las gasolineras desatendidas y señaló que “es necesario encontrar las cosas que nos unen”. Con respecto a la aprobación de la ITC-04, dijo que nacerá obsoleta, pues su última redacción data de 2013, y advirtió que los costes que suponga superar su cumplimiento se trasladarán al cliente final. Tras agradecer el apoyo del Banco Sabadell y de Disa, el presidente de la CEEES agradeció el esfuerzo realizado por todas las personas involucradas en la organización del evento y proclamó que “el sector está vivo”.