Las gasolineras extremeñas deberán contar con al menos un empleado de 7 a 22 horas

Con los votos a favor de PSOE y Podemos, y con la abstención de PP y Ciudadanos, la Asamblea de Extremadura aprobó, el 4 de mayo, la modificación del Estatuto de los Consumidores de la región que obliga a todas las gasolineras de la comunidad autónoma a contar con al menos un empleado responsable del servicio que se presta entre las 7:00 y las 22:00 horas.

El Pleno del parlamento autonómico aprobó el dictamen elaborado por la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Propuesta de Ley de modificación de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, planteada por el Grupo Socialista. En esta comisión comparecieron representantes del sector de las estaciones de servicio, de los consumidores y de colectivos de personas con discapacidad. En ella se defendieron tanto los argumentos favorables como los contrarios a la modificación de la citada norma.

Tras la aprobación del nuevo texto del Estatuto de los Consumidores todas las instalaciones al por menor de venta de combustibles para automoción de la región deberán contar con una persona responsable de las instalaciones en la citada franja horaria. El personal será el encargado, entre otras tareas, de ofrecer hojas de reclamaciones si algún usuario las solicitara y de velar por la seguridad de las operaciones que se lleven a cabo en el punto de venta.

La modificación del texto contó con los votos a favor de PSOE y Podemos, que en sus respectivas intervenciones (a cargo de Celestino Vegas y Jara Romero, respectivamente) defendieron la necesidad de prestar un servicio que facilite el repostaje a personas con algún tipo de discapacidad. Asimismo, dijeron apoyar el cambio para favorecer el mantenimiento y creación de empleo en el sector.

En cambio, PP y Ciudadanos, a pesar de exponer argumentos similares, se abstuvieron por las dudas que la aprobación del cambio del Estatuto de los Consumidores genera a ambas formaciones políticas desde el punto de vista competencial.

Vegas declaró que en el debate previo en la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda prevaleció la defensa de los derechos de los consumidores frente a la liberalización del sector. El diputado socialista, además, auguró que el “conflicto” abierto entre ambos modelos de negocio “se alargará en el tiempo”. No obstante, remarcó que el nuevo texto del Estatuto de los Consumidores busca “poner freno a la liberalización y automatización del sector”. Además, consideró que este cambio permitirá compatibilizar el “avance modernizador” representado por las gasolineras sin personal con la defensa de los usuarios.

La diputada de Podemos Jara Romero, por su parte, reiteró los argumentos esgrimidos por su formación durante la tramitación parlamentaria de la modificación de la norma, e incidió en que Extremadura no se puede permitir “la destrucción de empleo” que a su juicio supondría el funcionamiento de gasolineras sin incorporar empleados que atiendan a los usuarios.

En su turno, el diputado del PP Saturnino López Marroyo indicó que las gasolineras sin personal no pueden ofrecer hojas de reclamaciones y/o facturas a los clientes que lo soliciten. Admitió, asimismo, que este tipo de instalaciones discriminan a personas con movilidad reducida que no puedan suministrase por sí mismas el carburante.

También afirmó que el PP hubiera apoyado la nueva redacción del Estatuto de los Consumidores para evitar la pérdida de empleo que originaría la proliferación de gasolineras sin personal, aunque afirmó que es frecuente que en las tradicionales los empleados permanezcan en la caja y no llevan a cabo el repostaje.

López Marroyo trajo a colación el informe hecho público a finales de agosto por la CNMC en el cual el organismo regulador mostró su apoyo a las desatendidas. También hizo referencia a la admisión a trámite por parte de la Comisión Europea de una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) y al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declarara nula una modificación similar a la finalmente introducida en el Estatuto de los Consumidores de Extremadura.

El diputado popular anunció que su grupo parlamentario presentará una propuesta de pronunciamiento en la Asamblea regional en la que instará al Gobierno central a que revise la normativa del sector para que tenga en cuenta la atención a las personas con discapacidad.

Por último, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, llamó la atención sobre el riesgo de conflicto con el Estado, puesto que “podría afectar a la normativa nacional del sector”, por lo que mostró su deseo de que la Junta de Extremadura haya “hecho bien todos los deberes” para evitar “alguna sorpresa” en forma de recurso, tal y como ha sucedido en las Islas Baleares.