Facua Comunidad Valenciana critica que la Generalitat permita las gasolineras desatendidas

El consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent González.

La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Comunidad Valenciana ha firmado la anulación de la resolución que fijaba el horario diurno de atención obligatoria en los puntos de venta al público de carburantes, por lo que las gasolineras de la Comunidad Valenciana no están obligadas desde ahora a atender a los usuarios de manera presencial, con empleados junto a los surtidores.

La asociación de consumidores reitera que la ausencia de personal en las gasolineras provoca, entre otros perjuicios, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son correctas (un derecho básico del consumidor cuando se le factura en función de la medida de un aparato), que los surtidores funcionan correctamente (deben estar homologados y verificados), presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, entre otras cuestiones.

Facua Comunidad Valenciana asegura, respecto los derechos citados anteriormente, “que ni están garantizados actualmente en las estaciones desatendidas, ni la solución pasa por que la administración los sustituya únicamente por inspecciones periódicas que ni tan siquiera tiene capacidad de realizar”.

El colectivo de consumidores recuerda que el hecho de que no haya empleados presentes en este tipo de gasolineras hace que se pierda el factor sorpresa de dichas inspecciones y, por tanto, que resulte inviable detectar las posibles irregularidades. En estos casos, la revisión siempre tendría que ser consensuada previamente con el propietario de la gasolinera para que, en la fecha acordada, hubiera personal para atender a los técnicos.

Facua Comunidad Valenciana insiste en que en este tipo de estaciones “la vigilancia no está garantizada y, por lo tanto, no hay capacidad alguna para intervenir en casos de incidentes o accidentes”. Tampoco puede controlarse, continúa Facua, la forma en la que los usuarios recogen el combustible ni si lo hacen en recipientes homologados. La asociación entiende que al tratarse de un producto especialmente peligroso si se manipula de manera negligente, vigilar este aspecto resulta del todo necesario.

También la sección de Industria de CC.OO. de la Comunidad Valenciana ha mostrado su indignación “ante el anuncio efectuado a través de los medios de comunicación”, de que no será obligatorio la presencia de personal en las gasolineras desatendidas, “tal y como correspondería después de múltiples reuniones”, en las que el Ejecutivo autonómico había considerado las alegaciones presentadas por sindicatos, patronales y colectivos de discapacitados “sin mediar explicación por el cambio de criterio”.

En opinión del sindicato es un contrasentido “que un gobierno llamado de izquierdas” adopte una medida de este tipo y niega que la medida que permite la actividad de los puntos de venta de carburante sin la presencia de personal “sea mejor para los consumidores y ciudadanos”.

La no presencia de una persona física de referencia en este tipo de instalaciones “contraviene la regulación específica en riesgos de seguridad y salud”. En opinión del sindicato “debe primar la seguridad frente a cualquier adversidad y, sobre todo, un modelo de servicio en el que prime la atención, de manera preferente, incluidas las personas con diversidad funcional, o con capacidad disminuida de forma temporal o indefinida”.

“Cualquier norma que no suponga la existencia de una persona capacitada, tal y como recoge el convenio colectivo de aplicación y la normativa actual, supone un riesgo y un fraude a la ciudadanía”.

CC.OO. de Industria de la Comunidad Valenciana “advierte de que combatirá la polémica norma haciendo un llamamiento a la administración a que reconsidere su decisión, regulando de forma integral una ley que evite la especulación mercantilista para que se tenga en cuenta el interés general de la sociedad”.

Facua añade que si la gasolinera no cuenta con personal de atención al usuario “se vulnera especialmente la protección de las personas con algún grado de discapacidad física”, que resultan “discriminadas y obligadas a buscar otras alternativas”. Por ello, el colectivo de consumidores considera que “este modelo niega en origen la accesibilidad universal a todos los consumidores”.

Este impedimento, añade Facua, atenta contra el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre), que en su artículo 29.1 recoge que “todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo autonómico propone que “haya algún responsable del establecimiento localizable por si algún usuario con discapacidad necesita atención física”, una posibilidad que la asociación de consumidores considera “completamente insuficiente”.

Facua ya ha planteado formalmente “ante todos los servicios de consumo y de energía autonómicos de España” sus reivindicaciones sobre las gasolineras desatendidas. Así, en Extremadura, el delegado territorial de este colectivo de consumidores acudió a la Asamblea de Extremadura el 19 de abril en el cual mostró el rechazo de Facua sobre este tipo de puntos de venta de carburante, así como del Proyecto que modificará la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, con el objeto de garantizar que en horario diurno los consumidores que acudan a las estaciones de servicio de Extremadura puedan ser atendidas por personas físicas.