Avecal y los sindicatos amenazan con jornadas de paro

Esta nueva legislación obliga a que todos los puntos de venta de carburante tengan al menos un trabajador para atender a los consumidores. Los colectivos mencionados han advertido que, si continúa la inacción del gobierno autonómico con respecto a este asunto iniciarán movilizaciones, entre las que no descartan jornadas de paro.

En una rueda de prensa celebrada el 5 de abril, que tuvo lugar en la sede del Consejo Económico y Social de la Comunidad, se cifró en 500 los empleos que no se han creado por la puesta en marcha de 120 gasolineras desatendidas.

Así, el secretario de CC.OO. Industria en la región, Gonzalo Díaz, avanzó que los sindicatos pondrán en marcha movilizaciones si en un plazo “razonable” no reciben respuesta a la carta enviada al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 23 de marzo, en la que exigen el cumplimiento de la citada norma.

Estas movilizaciones podrían incluir jornadas de paros, una posibilidad que contaría con el apoyo de los propios empresarios, tal y como aseguró el vicepresidente y portavoz de Avecal, Rafael Pizarro, quien considera que los sindicatos tienen, en este caso, “razones de sobra para ir a la huelga”.

Gonzalo Díaz advirtió, además, de la dificultad para que en estas gasolineras desatendidas se cumplan las medidas de seguridad exigidas en cualquier estación de servicio, ya que “no hay nadie para comprobar que el cliente que se sirva en un bidón lo haga en un homologado según dicta la ley, que no se fume ni se hable por el móvil y que se reposte con el motor y las luces apagadas”.

Asimismo, el representante de CC.OO. apuntó que, al no haber personal que las atienda, las inspecciones para comprobar que no hay fraude en los surtidores “deben anunciarse previamente”, lo que a su juicio anula el objeto de las mismas.

Por su parte, Rafael Pizarro subrayó que se trata de una cuestión de “protección al consumidor”, pues en las estaciones de servicio se comercializan carburantes “altamente tóxicos y peligrosos”, por lo que previno ante la posibilidad de “tener que lamentar un accidente algún día en este tipo de gasolineras”.

Pizarro se negó a considerar empresarios a los promotores de estas estaciones de servicio, a quienes calificó de “inversionistas”, pues “no generan empleo, sólo instalan la máquina y recogen los beneficios”.

Asimismo, Pizarro apuntó que antes de la reforma del Estatuto del Consumidor, las gasolineras sin personal “incumplían la ley”, pues en 1995 la Junta de Castilla y León aprobó un decreto que obligaba a los empleados a supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad, una práctica que no se puede cumplir en las gasolineras desatendidas al carecer de empleados.

El secretario autonómico de FICA-UGT, Miguel Ángel Fierro, avanzó que el sindicato vigilará que el personal contratado esté, por un lado, formado para atender estaciones de servicios, y por otro, estén acogidos al convenio colectivo del sector.

En cuanto a la situación de las cooperativas agrarias que cuentan con sus propios surtidores para sus socios, el vicepresidente de Avecal señaló que “deben cumplir la ley como cualquier ciudadano” y destacó que las cooperativas están “muy bien tratadas” por la Administración.