Los cuatro detenidos podrían haber defraudado 10 millones de euros
La Agencia Tributaria desarticula una trama de fraude al IVA en el sector de hidrocarburos
Revista Estaciones de servicio08/04/2013
Operacion raspa
La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la intermediación en el negocio de carburantes que, mediante la apropiación del IVA cobrado por el suministro de hidrocarburos a estaciones de servicio, podría haber defraudado a la Hacienda Pública más de 10 millones de euros.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las investigaciones de la Agencia Tributaria culminaron el pasado 22 de marzo, cuando agentes de Vigilancia Aduanera, con el apoyo de otros funcionarios de la AEAT, practicaron siete entradas y registros en domicilios de distintas localidades de Gerona, Lérida, Barcelona y Castellón y tomaron declaración a siete personas, cuatro en calidad de detenidos, a las que se les imputa la comisión de varios delitos fiscales.
La operación, que ha sido denominada Raspa, se inició a partir de una denuncia formulada por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña el pasado mes de julio de 2012, que tenía su origen en investigaciones previas llevadas a cabo por las Dependencias de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de dicha delegación.
A consecuencia de la denuncia, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una querella que dio lugar a la apertura de diligencias por el Juzgado de Instrucción nº 28 de Barcelona, cuya titular ha ordenado las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria.
Modus operandi
Los implicados en la operación "Raspa" operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor a estaciones de servicio. Según explican desde la Agencia Tributaria, el esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto.
Posteriormente, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras.
¿Responsabilidad de los gasolineros?
Con el objetivo de evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses las sociedades de las que se servían para la operativa y situaban como responsables formales de las mismas a meros testaferros.
Como es lógico, el modus operandi de los implicados en la trama les permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes.
En este sentido, fuentes ministeriales señalan que podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido, a ésta u otras tramas, carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.
Bloqueo de cuentas bancarias y carburante
En el transcurso de la operación se han intervenido 700.000 euros en efectivo, se han bloqueado las cuentas bancarias de la trama, se ha inmovilizado más de un millón de litros de carburante en Barcelona, Huelva y Bilbao y se ha acordado la prohibición de disponer sobre ocho inmuebles, todos ellos situados en Cataluña. Igualmente, se ha intervenido abundante documentación y se han incautado diversos ordenadores cuyo contenido será analizado en los próximos días.
Para desarrollar el operativo, la Agencia Tributaria movilizó a 32 funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Castellón, junto con otros 17 inspectores, técnicos y expertos informáticos. También se ha contado con el apoyo de funcionarios de Andalucía y País Vasco para la inmovilización del producto petrolífero en los depósitos fiscales.
Desde la Agencia Tributaria recuerdan que la actividad defraudatoria desmantelada ahora en la operación Raspa sigue pautas muy similares a la que desarrollaba la trama desarticulada por la agencia en Andalucía el pasado otoño en el marco de la operación Hidro.
En aquella ocasión el fraude generado a la Hacienda Pública se estimó en más de nueve millones de euros. La operación Hidro se saldó con la detención de cuatro personas imputadas por presunto delito fiscal, así como la intervención de 15 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y más de 3,3 millones de euros en cuentas bancarias.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las investigaciones de la Agencia Tributaria culminaron el pasado 22 de marzo, cuando agentes de Vigilancia Aduanera, con el apoyo de otros funcionarios de la AEAT, practicaron siete entradas y registros en domicilios de distintas localidades de Gerona, Lérida, Barcelona y Castellón y tomaron declaración a siete personas, cuatro en calidad de detenidos, a las que se les imputa la comisión de varios delitos fiscales.
La operación, que ha sido denominada Raspa, se inició a partir de una denuncia formulada por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña el pasado mes de julio de 2012, que tenía su origen en investigaciones previas llevadas a cabo por las Dependencias de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de dicha delegación.
A consecuencia de la denuncia, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó una querella que dio lugar a la apertura de diligencias por el Juzgado de Instrucción nº 28 de Barcelona, cuya titular ha ordenado las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria.
Modus operandi
Los implicados en la operación "Raspa" operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor a estaciones de servicio. Según explican desde la Agencia Tributaria, el esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal, adquisiciones en las que no se soporta el impuesto.
Posteriormente, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras.
¿Responsabilidad de los gasolineros?
Con el objetivo de evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses las sociedades de las que se servían para la operativa y situaban como responsables formales de las mismas a meros testaferros.
Como es lógico, el modus operandi de los implicados en la trama les permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes.
En este sentido, fuentes ministeriales señalan que podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido, a ésta u otras tramas, carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.
Bloqueo de cuentas bancarias y carburante
En el transcurso de la operación se han intervenido 700.000 euros en efectivo, se han bloqueado las cuentas bancarias de la trama, se ha inmovilizado más de un millón de litros de carburante en Barcelona, Huelva y Bilbao y se ha acordado la prohibición de disponer sobre ocho inmuebles, todos ellos situados en Cataluña. Igualmente, se ha intervenido abundante documentación y se han incautado diversos ordenadores cuyo contenido será analizado en los próximos días.
Para desarrollar el operativo, la Agencia Tributaria movilizó a 32 funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Castellón, junto con otros 17 inspectores, técnicos y expertos informáticos. También se ha contado con el apoyo de funcionarios de Andalucía y País Vasco para la inmovilización del producto petrolífero en los depósitos fiscales.
Desde la Agencia Tributaria recuerdan que la actividad defraudatoria desmantelada ahora en la operación Raspa sigue pautas muy similares a la que desarrollaba la trama desarticulada por la agencia en Andalucía el pasado otoño en el marco de la operación Hidro.
En aquella ocasión el fraude generado a la Hacienda Pública se estimó en más de nueve millones de euros. La operación Hidro se saldó con la detención de cuatro personas imputadas por presunto delito fiscal, así como la intervención de 15 inmuebles, dos embarcaciones de recreo y más de 3,3 millones de euros en cuentas bancarias.
