El Gobierno avanza hacia un régimen sancionador de la morosidad
Revista Estaciones de servicio13/11/2013
Montoro 2098
Tanto el Gobierno como los diferentes grupos parlamentarios han mostrado su interés en establecer en la ley un régimen sancionador para erradicar la morosidad que padecen las pequeñas y medianas empresas.
Así al menos quedó puesto de manifiesto durante la celebración de la segunda Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad que tuvo lugar en Madrid el pasado 7 de noviembre, concretamente en la sede que la Comisión Europea tiene en la capital de España.
En la convocatoria, que fue inaugurada por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se evidenció que España es el tercer país con mayor morosidad de la Unión Europea, por detrás de Grecia e Italia, con 99 días de media de retraso en los pagos por los servicios prestados, lo que supone una deuda comercial actual de 334.586 millones de euros.
Esta circunstancia afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas, de tal modo que para las sociedades españolas supone un coste de financiación de hasta un 167% superior (ejemplo de una empresa que cobra a 120 días frente a otra que cobra a 45 días de media).
Durante la Cumbre se ha destacó también que la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, además de incorporar una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales.
Así al menos quedó puesto de manifiesto durante la celebración de la segunda Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad que tuvo lugar en Madrid el pasado 7 de noviembre, concretamente en la sede que la Comisión Europea tiene en la capital de España.
En la convocatoria, que fue inaugurada por el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, se evidenció que España es el tercer país con mayor morosidad de la Unión Europea, por detrás de Grecia e Italia, con 99 días de media de retraso en los pagos por los servicios prestados, lo que supone una deuda comercial actual de 334.586 millones de euros.
Esta circunstancia afecta muy negativamente a la competitividad de las empresas, de tal modo que para las sociedades españolas supone un coste de financiación de hasta un 167% superior (ejemplo de una empresa que cobra a 120 días frente a otra que cobra a 45 días de media).
Durante la Cumbre se ha destacó también que la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, además de incorporar una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales.
