Zanjan el conflicto abierto tras la expropiación de YPF en 2012
Repsol y Argentina hacen las paces
Revista Estaciones de servicio26/02/2014
Brufau 2127
“Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación”. Ése es el pomposo título que ha recibido el acuerdo alcanzado ayer, 25 de febrero, entre Repsol y el Gobierno argentino para cerrar el conflicto que se abrió entre las partes cuando el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF hace casi dos años.
En virtud del convenio, la República argentina “reconoce el derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación”. Como suele ser habitual en estos casos, la rúbrica del acuerdo implica “el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones”.
La entrada en vigor del pacto se producirá una vez el texto haya recibido el visto bueno de la Junta General de Accionistas de Repsol y el Gobierno argentino haya promulgado una ley especial que deberá ser refrendada por el Congreso del país latinoamericano.
El pago de la compensación se efectuará a través de títulos de deuda pública argentina en dólares, desglosados en “un paquete fijo, por un valor nominal de 5.000 millones de dólares”, así como “un paquete complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares”.
Miedo al default
Este segundo paquete es la fórmula escogida por Repsol y aceptada por el Gobierno argentino para evitar que una posible -y más que probable- devaluación de los títulos de deuda soberana argentina. Y es que el convenio estipula que “este segundo paquete de bonos se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal”.
El acuerdo incluye otros puntos interesantes, como el que establece que “el valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales” o el que fija que “Repsol recibiría primero los bonos de vencimiento más próximo, hasta los límites indicados para cada uno de ellos”.
La situación que atraviesa la economía argentina hace casi inevitable que el convenio entre las partes incluya determinadas garantías de cobro. Entre ellas figura el hecho de que los títulos públicos se entregan a Repsol “pro solvendo” es decir la deuda de la República Argentina frente a Repsol “se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos”.
Retirada de los pleitos
Como hemos mencionado anteriormente, con la firma del acuerdo Repsol se compromete a retirar las reclamaciones presentadas ante tribunales estadounidenses, argentinos y españoles, así como ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, como garantía adicional Argentina reconoce en el convenio que “en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)”.
“Estamos muy satisfechos por la firma del acuerdo”, ha afirmado tras la rúbrica del convenio el presidente de Repsol, Antonio Brufau. El empresario catalán ha dicho estar “muy agradecido a las autoridades españolas, que siempre nos han apoyado y nos han guiado para que esta negociación llegara a buen puerto”. No en vano, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha implicado muy de cerca en las conversaciones entre la petrolera española y Buenos Aires, adonde ha viajado en varias ocasiones para interceder en un conflicto que amenazaba con enquistarse.
En virtud del convenio, la República argentina “reconoce el derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares como compensación”. Como suele ser habitual en estos casos, la rúbrica del acuerdo implica “el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones”.
La entrada en vigor del pacto se producirá una vez el texto haya recibido el visto bueno de la Junta General de Accionistas de Repsol y el Gobierno argentino haya promulgado una ley especial que deberá ser refrendada por el Congreso del país latinoamericano.
El pago de la compensación se efectuará a través de títulos de deuda pública argentina en dólares, desglosados en “un paquete fijo, por un valor nominal de 5.000 millones de dólares”, así como “un paquete complementario, por un importe máximo de 1.000 millones de dólares”.
Miedo al default
Este segundo paquete es la fórmula escogida por Repsol y aceptada por el Gobierno argentino para evitar que una posible -y más que probable- devaluación de los títulos de deuda soberana argentina. Y es que el convenio estipula que “este segundo paquete de bonos se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos argentinos entregados a Repsol ascienda, al menos, a 4.670 millones de dólares, con un máximo de 6.000 millones de dólares de valor nominal”.
El acuerdo incluye otros puntos interesantes, como el que establece que “el valor de mercado se calculará tomando como referencia las cotizaciones recibidas de entidades financieras internacionales” o el que fija que “Repsol recibiría primero los bonos de vencimiento más próximo, hasta los límites indicados para cada uno de ellos”.
La situación que atraviesa la economía argentina hace casi inevitable que el convenio entre las partes incluya determinadas garantías de cobro. Entre ellas figura el hecho de que los títulos públicos se entregan a Repsol “pro solvendo” es decir la deuda de la República Argentina frente a Repsol “se dará por saldada con el cobro total de la misma, ya sea con la enajenación de los bonos o con el cobro regular de la deuda a sus respectivos vencimientos”.
Retirada de los pleitos
Como hemos mencionado anteriormente, con la firma del acuerdo Repsol se compromete a retirar las reclamaciones presentadas ante tribunales estadounidenses, argentinos y españoles, así como ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, como garantía adicional Argentina reconoce en el convenio que “en caso de reestructuración, o de incumplimiento del pago de los títulos, Repsol tiene derecho a acelerar la deuda, y reclamar en arbitraje internacional sujeto a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)”.
“Estamos muy satisfechos por la firma del acuerdo”, ha afirmado tras la rúbrica del convenio el presidente de Repsol, Antonio Brufau. El empresario catalán ha dicho estar “muy agradecido a las autoridades españolas, que siempre nos han apoyado y nos han guiado para que esta negociación llegara a buen puerto”. No en vano, el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha implicado muy de cerca en las conversaciones entre la petrolera española y Buenos Aires, adonde ha viajado en varias ocasiones para interceder en un conflicto que amenazaba con enquistarse.
