Demanda una regulación para que cuenten con, al menos, una persona durante el horario de apertura
El sector valenciano escenifica su oposición a las desatendidas
Revista Estaciones de servicio11/02/2015
Javier Bru, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ceees.
Javier Bru, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees); Juan José Sánchez, presidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio; Alejandro Ripoll Orts, representante de la Agrupación Española de Venededores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar); Carlos Laguna, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la Comunidad Valenciana; Vicente Rodríguez, responsable de Acción Social de CC.OO. y Ramón Morales, secretario de Fitag-UGT, escenificaron la pasada semana su unión y opopsición ante las unidades de suministro desatendidas en una rueda de prensa que tuvo lugar en Valencia.
Los colectivos representados reclamaron una regulación de las unidades de suministro que carecen de personal, una “forma de negocio (…) que se está extendiendo a lo largo de la Comunidad Valenciana en los últimos meses, como consecuencia de la Ley 11/2013”.
Esta solicitud se canalizará a través de diversas reuniones con los distintos grupos parlamentarios y con la Consejería de Industria de la Comunidad Valenciana, con cuyo máximo responsable, Máximo Buch, “ya se establecieron los primeros contactos para trasladar la preocupación por este tipo de establecimientos”, informaron en una nota de prensa conjunta los colectivos citados anteriormente.
Las patronales, sindicatos y Cocemfe han solicitado que el funcionamiento de estas instalaciones sea regulado por la Administración “y se establezca la obligación de que exista una persona responsable y al cargo de la instalación, con el objetivo de asegurar una competencia limpia en el sector, velar por la seguridad de todos, evitar la destrucción de empleo, y corregir la discriminación hacia las personas con la movilidad reducida o que, por cualquier otra circunstancia, requieran este servicio”, como personas mayores o aquellas que estén solas y tengan a su cargo a niños de corta edad.
Laguna, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la Comunidad Valenciana, insto a que se salvaguarden los intereses de las personas con discapacidad y sus derechos como consumidores. “Queremos expresar una radical oposición al uso exclusivo de estos nuevos sistemas, puesto que consideramos que no se puede anteponer únicamente los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas”.
Recordó, asimismo, que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que “todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.
Los colectivos representados reclamaron una regulación de las unidades de suministro que carecen de personal, una “forma de negocio (…) que se está extendiendo a lo largo de la Comunidad Valenciana en los últimos meses, como consecuencia de la Ley 11/2013”.
Esta solicitud se canalizará a través de diversas reuniones con los distintos grupos parlamentarios y con la Consejería de Industria de la Comunidad Valenciana, con cuyo máximo responsable, Máximo Buch, “ya se establecieron los primeros contactos para trasladar la preocupación por este tipo de establecimientos”, informaron en una nota de prensa conjunta los colectivos citados anteriormente.
Las patronales, sindicatos y Cocemfe han solicitado que el funcionamiento de estas instalaciones sea regulado por la Administración “y se establezca la obligación de que exista una persona responsable y al cargo de la instalación, con el objetivo de asegurar una competencia limpia en el sector, velar por la seguridad de todos, evitar la destrucción de empleo, y corregir la discriminación hacia las personas con la movilidad reducida o que, por cualquier otra circunstancia, requieran este servicio”, como personas mayores o aquellas que estén solas y tengan a su cargo a niños de corta edad.
Laguna, presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la Comunidad Valenciana, insto a que se salvaguarden los intereses de las personas con discapacidad y sus derechos como consumidores. “Queremos expresar una radical oposición al uso exclusivo de estos nuevos sistemas, puesto que consideramos que no se puede anteponer únicamente los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas”.
Recordó, asimismo, que la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece que “todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.
