El Govern considera que invade competencias autonómicas en materia de urbanismo
Cataluña recurre el RD-L 4/2013 ante el Tribunal Constitucional
Revista Estaciones de servicio24/05/2013
Incostitucionalidad cataluna 2050
Los expertos venían avisando de que algunos aspectos del tan polémico RD-L 4/2013 podrían contravenir la legislación vigente, especialmente en materia de urbanismo y han alertado de la creciente litigiosidad que generaría la norma. Pues bien, los hechos demuestran que no equivocaban.
La Generalitat de Cataluña ha decidido llevar al Tribunal Constitucional el RD-L 4/2013 al entender que la parte del texto legislativo que regula asuntos tales como la eliminación de las barreras administrativas a la hora de abrir nuevas estaciones de servicio y la supresión de las trabas que en la actualidad existen para poner en marcha un negocio de distribución de carburante invade competencias autonómicas en lo tocante a urbanismo y ordenación del territorio.
En particular, con la entrada en vigor del RD-L 4/2013 se eliminan obstáculos y se agiliza el procedimiento para que los centros comerciales y zonas o polígonos industriales incorporen puntos de suministro de carburantes.
Además, establece que las licencias municipales que se soliciten para la construcción de las instalaciones de suministro en los hipermercados y supermercados que dispusieran de autorización para su funcionamiento cuando el Decreto-Ley entró en vigor se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo si no se notifica resolución expresa dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
El texto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de febrero afirmaba que podrían beneficiarse de esa norma los establecimientos y zonas a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto-Ley 6/2000, es decir, supermercados e hipermercados, que, como es sabido, aprobó el exministro Arias Salgado poco antes de dar el salto a la presidencia de Carrefour.
No obstante, el RD-L 6/2000 ha sido recientemente declarado inconstitucional al considerar el Alto Tribunal que dado que introduce previsiones afectantes a técnicas urbanísticas concretas, propios de la competencia sectorial sobre el urbanismo, tal y como explicaba recientemente la secretaria de la Agrupación Catalana de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Agrucaes), Silvia Longan.
Afirmaba Longan en su artículo que el Tribunal Constitucional niega la competencia estatal, ya que el planeamiento urbanístico corresponde únicamente a las Comunidades Autónomas. Y lo hacía atendiendo -después de 12 años, eso sí- a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña, es decir, dando respuesta a una reclamación muy similar a la que ahora ha decidido presentar el Govern.
El PP rechaza la proposición del PSOE por extemporánea
Mientras tanto, la norma continúa su periplo parlamentario, toda vez que el Gobierno decidió, contra todo pronóstico, tramitarla como proyecto de ley. A la espera de que se presenten las enmiendas al texto, el PSOE acudió el lunes al Congreso con una proposición de ley para mejorar la competencia en el sector del carburante.
Sin embargo, el PP expresó su rechazo a tramitar en la Cámara Baja la proposición socialista al considerarla extemporánea, puesto que coincide con la tramitación parlamentaria del RD-L 4/2013. El decreto del Gobierno recoge medidas en la misma línea, con los mismos fundamentos y objetivos, ha afirmado al respecto el diputado popular Mario Flores.
Por el contrario, el socialista Román Ruiz, ponente de la proposición (vídeo de su intervención aquí), defendió la oportunidad de la presentación del texto, puesto que considera que el RD-L 4/2013 es claramente insuficiente a la hora de mejorar la competencia en el sector y además no va a la raíz del problema ni introduce medidas efectivas.
La Generalitat de Cataluña ha decidido llevar al Tribunal Constitucional el RD-L 4/2013 al entender que la parte del texto legislativo que regula asuntos tales como la eliminación de las barreras administrativas a la hora de abrir nuevas estaciones de servicio y la supresión de las trabas que en la actualidad existen para poner en marcha un negocio de distribución de carburante invade competencias autonómicas en lo tocante a urbanismo y ordenación del territorio.
En particular, con la entrada en vigor del RD-L 4/2013 se eliminan obstáculos y se agiliza el procedimiento para que los centros comerciales y zonas o polígonos industriales incorporen puntos de suministro de carburantes.
Además, establece que las licencias municipales que se soliciten para la construcción de las instalaciones de suministro en los hipermercados y supermercados que dispusieran de autorización para su funcionamiento cuando el Decreto-Ley entró en vigor se entenderán concedidas por silencio administrativo positivo si no se notifica resolución expresa dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
El texto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de febrero afirmaba que podrían beneficiarse de esa norma los establecimientos y zonas a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto-Ley 6/2000, es decir, supermercados e hipermercados, que, como es sabido, aprobó el exministro Arias Salgado poco antes de dar el salto a la presidencia de Carrefour.
No obstante, el RD-L 6/2000 ha sido recientemente declarado inconstitucional al considerar el Alto Tribunal que dado que introduce previsiones afectantes a técnicas urbanísticas concretas, propios de la competencia sectorial sobre el urbanismo, tal y como explicaba recientemente la secretaria de la Agrupación Catalana de Asociaciones de Estaciones de Servicio (Agrucaes), Silvia Longan.
Afirmaba Longan en su artículo que el Tribunal Constitucional niega la competencia estatal, ya que el planeamiento urbanístico corresponde únicamente a las Comunidades Autónomas. Y lo hacía atendiendo -después de 12 años, eso sí- a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña, es decir, dando respuesta a una reclamación muy similar a la que ahora ha decidido presentar el Govern.
El PP rechaza la proposición del PSOE por extemporánea
Mientras tanto, la norma continúa su periplo parlamentario, toda vez que el Gobierno decidió, contra todo pronóstico, tramitarla como proyecto de ley. A la espera de que se presenten las enmiendas al texto, el PSOE acudió el lunes al Congreso con una proposición de ley para mejorar la competencia en el sector del carburante.
Sin embargo, el PP expresó su rechazo a tramitar en la Cámara Baja la proposición socialista al considerarla extemporánea, puesto que coincide con la tramitación parlamentaria del RD-L 4/2013. El decreto del Gobierno recoge medidas en la misma línea, con los mismos fundamentos y objetivos, ha afirmado al respecto el diputado popular Mario Flores.
Por el contrario, el socialista Román Ruiz, ponente de la proposición (vídeo de su intervención aquí), defendió la oportunidad de la presentación del texto, puesto que considera que el RD-L 4/2013 es claramente insuficiente a la hora de mejorar la competencia en el sector y además no va a la raíz del problema ni introduce medidas efectivas.
