El diputado del Partido Popular participó en las JSP15
Guillermo Mariscal no logra convencer al sector
Revista Estaciones de servicio19/06/2015
Salvador Bravo Nebot
El diputado del Partido Popular mostró su disponibilidad a reunirse con asociaciones y colectivos del sector.
El diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal no logró convencer ayer a los asistentes a la tercera edición de las Jornadas Técnicas del Sector Petrolero (JSP15) de los beneficios que, en su opinión, aportan las últimas reformas legislativas introducidas por el Gobierno en la distribución de carburantes. El portavoz de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados pudo comprobar de primera mano el rechazo que tanto la Ley 11/2013 como la 8/2015 han generado en la práctica totalidad del sector.
Ante un auditorio integrado por más de 165 asistentes, Mariscal explicó que “el espíritu y el fundamento último del legislador” a la hora de modificar la Ley 34/1998 ha sido la de incrementar la competencia y con ella la competitividad del sector, lo que redundará, a su juicio, en beneficios para los consumidores.
Tras afirmar que el sector energético es una de las principales palancas de desarrollo de la economía nacional, además de por su peso en el PIB, por la incidencia que tiene en otras actividades económicas, “como el turismo, que genera un 10% del PIB de la economía nacional”, el diputado del Partido Popular recordó que la dependencia energética española es del 77%, que aumenta hasta el 99,5% en el caso de los derivados del petróleo, lo que genera una situación de vulnerabilidad de la economía española.
Uno de los objetivos de las modificaciones introducidas en la Ley Sobre Hidrocarburos es “dotar de mayor libertad y espacio a determinados intervinientes en este sector, levantando barreras para que estos agentes sean más libres”, dijo Mariscal en referencia a la posibilidad de que los distribuidores minoristas de carburantes pueden comprarse y venderse combustibles, “lo que permitirá que haya una mayor competencia, que -a su vez- propicia una mayor competitividad. Y eso es, precisamente, lo que conseguimos con estas modificaciones”.
Profundizar los cambios de la Ley 11/2013
Mariscal, quien destacó “la enorme complejidad del sector de la distribución de carburantes”, afirmó que las dos principales modificaciones que se han introducido por parte del Gobierno en el sector (la Ley 11/2013 y la reciente Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998) “pretenden reducir el precio de venta al público de los carburantes”, pero incidiendo en el 10% de su total (en el que se incluyen el margen comercial de los mayoristas, de los minoristas, los costes logísticos y de distribución, entre otros) y no en la carga impositiva que soportan (que supone alrededor del 55% del PVP) que sería la otra variable sobre la que se podría actuar desde el Gobierno.
El diputado canario destacó que la aprobación de la Ley 11/2013 “trajo consigo la apertura de casi 300 nuevas estaciones de servicio, por lo que consiguió ese aumento de la competencia, pero nos parecía insuficiente. Por ese motivo hemos modificado el artículo 43 de la Ley 34/1998 para que los distribuidores al por menor puedan suministrar carburantes a otras estaciones de servicio”.
En cuanto a los cambios introducidos en la disposición adicional 4ª de la LSH, que a partir del 1 de julio de 2016 prohibirá que las operadoras superen el 30% del volumen de las ventas totales en cada provincia española, Mariscal dijo que “profundiza aún más el máximo fijado en la Ley 11/2013, que era del mismo porcentaje pero contabilizando los puntos de venta”.
Pendiente del desarrollo reglamentario
“Con todos estos cambios creo que podremos aumentar la competencia en el sector”, auguró.
Preguntado sobre cómo podrá evitar un operador mayorista incrementar sus ventas si otra petrolera ve descender de forma abrupta las suyas, y sobre qué sanciones se aplicarán a una petrolera en el caso de que supere ese 30% de las ventas, Mariscal se remitió al futuro desarrollo reglamentario de la norma. “La obligación del Gobierno a la hora de reglamentar es dar cumplimiento lo que establece la Ley, en este caso la disposición adicional 4ª”, que es la que limita las ventas a nivel provincial, pero no dio detalles de cómo se hará.
“Lo que hemos pretendido con los cambios legislativos introducidos es reducir la rigidez del mercado, no perjudicar a un sector en concreto”, aseguró Mariscal, quien declaró “que nos hemos encontrado antes grandes dificultades”. Asimismo, el diputado popular se refirió en varias ocasiones “al espíritu liberal” que está en la base ideológica del Partido Popular, por lo que la Ley 8/2015 “no pretende ser intervencionista”.
El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda (quien apuntó que el legislador, “en la medida que fija los límites de una actividad, ya interviene en cualquier sector”) mostró su rechazo ante la posibilidad de que estaciones de servicio libres, hipermercados y cualquier punto de venta que no esté ligado a una operadora, puedan informar a sus clientes acerca del origen de los carburantes que comercializa. “¿De quién es el producto si en un mismo depósito se han mezclado los carburantes de varias petroleras?” inquirió García Nebreda, quien añadió, en una dura y extensa intervención, que “si podemos vendernos entre todos, lo que se está haciendo es desregular el sector”.
Por su parte, el responsable de la Asesoría Jurídica de Galp Energia España, Joaquín Motos, enumeró todos los operadores foráneos que intentaron afianzarse en el mercado español y que finalmente lo abandonaron ante la escasa rentabilidad que se obtiene en él.
En un interesante turno de preguntas, algunos de los asistentes reprocharon a Mariscal el perjuicio que, en su opinión, está generando el desarrollo de las unidades de suministro desatendidas, sobre todo desde el punto de vista laboral, ya que los puestos de trabajo del sector nacional podrían reducirse, apuntó García Nebreda, en 25.000 empleos.
Varios de los asistentes agradecieron a Mariscal su presencia en las JSP15, organizadas por Global Energy, pero no por ello dejaron de criticar los errores que, a su juicio, se están cometiendo desde el Gobierno a la hora de legislar. Algunas de las quejas apuntaban a que, en la búsqueda de un supuesto descenso de los precios de venta al público, se están poniendo en riesgo tanto inversiones en la red, que una vez paralizadas tendrán negativas consecuencias sobre la calidad de la misma, como en el empleo.
Ante el sentir general de los asistentes, Mariscal ofreció su dirección de correo electrónico (guillermomariscal@congreso.es) para atender las dudas, quejas y sugerencias que se le quieran hacer llegar, y se comprometió a reunirse con colectivos y asociaciones para intentar incorporar sus propuestas en el futuro desarrollo reglamentario de la Ley 8/2015.
Ante un auditorio integrado por más de 165 asistentes, Mariscal explicó que “el espíritu y el fundamento último del legislador” a la hora de modificar la Ley 34/1998 ha sido la de incrementar la competencia y con ella la competitividad del sector, lo que redundará, a su juicio, en beneficios para los consumidores.
Tras afirmar que el sector energético es una de las principales palancas de desarrollo de la economía nacional, además de por su peso en el PIB, por la incidencia que tiene en otras actividades económicas, “como el turismo, que genera un 10% del PIB de la economía nacional”, el diputado del Partido Popular recordó que la dependencia energética española es del 77%, que aumenta hasta el 99,5% en el caso de los derivados del petróleo, lo que genera una situación de vulnerabilidad de la economía española.
Uno de los objetivos de las modificaciones introducidas en la Ley Sobre Hidrocarburos es “dotar de mayor libertad y espacio a determinados intervinientes en este sector, levantando barreras para que estos agentes sean más libres”, dijo Mariscal en referencia a la posibilidad de que los distribuidores minoristas de carburantes pueden comprarse y venderse combustibles, “lo que permitirá que haya una mayor competencia, que -a su vez- propicia una mayor competitividad. Y eso es, precisamente, lo que conseguimos con estas modificaciones”.
Profundizar los cambios de la Ley 11/2013
Mariscal, quien destacó “la enorme complejidad del sector de la distribución de carburantes”, afirmó que las dos principales modificaciones que se han introducido por parte del Gobierno en el sector (la Ley 11/2013 y la reciente Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998) “pretenden reducir el precio de venta al público de los carburantes”, pero incidiendo en el 10% de su total (en el que se incluyen el margen comercial de los mayoristas, de los minoristas, los costes logísticos y de distribución, entre otros) y no en la carga impositiva que soportan (que supone alrededor del 55% del PVP) que sería la otra variable sobre la que se podría actuar desde el Gobierno.
El diputado canario destacó que la aprobación de la Ley 11/2013 “trajo consigo la apertura de casi 300 nuevas estaciones de servicio, por lo que consiguió ese aumento de la competencia, pero nos parecía insuficiente. Por ese motivo hemos modificado el artículo 43 de la Ley 34/1998 para que los distribuidores al por menor puedan suministrar carburantes a otras estaciones de servicio”.
En cuanto a los cambios introducidos en la disposición adicional 4ª de la LSH, que a partir del 1 de julio de 2016 prohibirá que las operadoras superen el 30% del volumen de las ventas totales en cada provincia española, Mariscal dijo que “profundiza aún más el máximo fijado en la Ley 11/2013, que era del mismo porcentaje pero contabilizando los puntos de venta”.
Pendiente del desarrollo reglamentario
“Con todos estos cambios creo que podremos aumentar la competencia en el sector”, auguró.
Preguntado sobre cómo podrá evitar un operador mayorista incrementar sus ventas si otra petrolera ve descender de forma abrupta las suyas, y sobre qué sanciones se aplicarán a una petrolera en el caso de que supere ese 30% de las ventas, Mariscal se remitió al futuro desarrollo reglamentario de la norma. “La obligación del Gobierno a la hora de reglamentar es dar cumplimiento lo que establece la Ley, en este caso la disposición adicional 4ª”, que es la que limita las ventas a nivel provincial, pero no dio detalles de cómo se hará.
“Lo que hemos pretendido con los cambios legislativos introducidos es reducir la rigidez del mercado, no perjudicar a un sector en concreto”, aseguró Mariscal, quien declaró “que nos hemos encontrado antes grandes dificultades”. Asimismo, el diputado popular se refirió en varias ocasiones “al espíritu liberal” que está en la base ideológica del Partido Popular, por lo que la Ley 8/2015 “no pretende ser intervencionista”.
El secretario general de Aevecar, Víctor García Nebreda (quien apuntó que el legislador, “en la medida que fija los límites de una actividad, ya interviene en cualquier sector”) mostró su rechazo ante la posibilidad de que estaciones de servicio libres, hipermercados y cualquier punto de venta que no esté ligado a una operadora, puedan informar a sus clientes acerca del origen de los carburantes que comercializa. “¿De quién es el producto si en un mismo depósito se han mezclado los carburantes de varias petroleras?” inquirió García Nebreda, quien añadió, en una dura y extensa intervención, que “si podemos vendernos entre todos, lo que se está haciendo es desregular el sector”.
Por su parte, el responsable de la Asesoría Jurídica de Galp Energia España, Joaquín Motos, enumeró todos los operadores foráneos que intentaron afianzarse en el mercado español y que finalmente lo abandonaron ante la escasa rentabilidad que se obtiene en él.
En un interesante turno de preguntas, algunos de los asistentes reprocharon a Mariscal el perjuicio que, en su opinión, está generando el desarrollo de las unidades de suministro desatendidas, sobre todo desde el punto de vista laboral, ya que los puestos de trabajo del sector nacional podrían reducirse, apuntó García Nebreda, en 25.000 empleos.
Varios de los asistentes agradecieron a Mariscal su presencia en las JSP15, organizadas por Global Energy, pero no por ello dejaron de criticar los errores que, a su juicio, se están cometiendo desde el Gobierno a la hora de legislar. Algunas de las quejas apuntaban a que, en la búsqueda de un supuesto descenso de los precios de venta al público, se están poniendo en riesgo tanto inversiones en la red, que una vez paralizadas tendrán negativas consecuencias sobre la calidad de la misma, como en el empleo.
Ante el sentir general de los asistentes, Mariscal ofreció su dirección de correo electrónico (guillermomariscal@congreso.es) para atender las dudas, quejas y sugerencias que se le quieran hacer llegar, y se comprometió a reunirse con colectivos y asociaciones para intentar incorporar sus propuestas en el futuro desarrollo reglamentario de la Ley 8/2015.
