Fereclaes solicita a la Junta de Castilla y León que regule las desatendidas

El presidente de la Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio, Horacio San Segundo, se reunió recientemente con el secretario general de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Francisco Javier de Andrés Guijarro, para abordar los problemas a los que se enfrenta en la actualidad el sector de la distribución minorista de carburantes. La principal demanda de la patronal es que el Ejecutivo autonómico regule la actividad de las unidades de suministro desatendidas.

Desde Fereclaes se asegura que la implantación del céntimo sanitario supuso la pérdida de empleo y “la desaparición de más de 200 estaciones de servicio” en la región y lamentan que tras el anuncio de la supresión de la tasa autonómica para el próximo año una nueva amenaza se cierne sobre las estaciones de servicio tradicionales: la implantación de puntos de venta desatendidos “sin las medidas de seguridad que se exigen al resto de las estaciones de servicio”.

El presidente de Fereclaes trasladó a la Consejería de Economía y Hacienda “la necesidad de regular dichas” instalaciones, tal y como ya han hecho muchas comunidades autónomas, “ahora que la legislatura se está iniciando”.

Desde la patronal, integrada en Ceees, se apunta que las comunidades autónomas que han regulado la actividad de este tipo de instalaciones obligan a que en las mismas haya, al menos, un empleado durante el horario de apertura y “a que se instalen las mismas medidas de seguridad que existen en las estaciones en funcionamiento”.

En opinión de Fereclaes, la entrada en vigor en Castilla y León de normativas similares “evitará la pérdida de más puestos de trabajo y los accidentes que ya empiezan a surgir con minusválidos o personas de avanzada edad que tienen dificultades para suministrarse el combustible, sin que puedan reclamar la ayuda de nadie”.

Horacio San Segundo, quien reclamó a la Consejería de Economía y Hacienda la aprobación urgente “de tal regulación por parte de la Junta de Castilla y León, tal y como acaba de hacer también Cantabria”, solicitó al Gobierno regional que continúe con las inspecciones a “las cooperativas que venden combustible a bajo precio a todo tipo de clientes, sin estar autorizados y lo que es peor, sin tener sus instalaciones acondicionadas para ello”.