Asociaciones y sindicatos, en pie de guerra contra el informe de la CNMC sobre las desatendidas

“Un insulto”, “increíble”, un informe plagado de “errores y omisiones” que “permite las trampas, empeora la seguridad de todos los ciudadanos y destruye puestos de trabajo”, un análisis que es “un verdadero despropósito” son algunas de las reacciones suscitadas por el informe sobre gasolineras desatendidas hecho público el pasado 25 de agosto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de estaciones de servicio tradicionales y a sindicatos.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (Ages), la Agrupación de Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) y la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (Aeescam), entre otros colectivos patronales, así como UGT han mostrado su frontal oposición al análisis elaborado por el organismo regulador.

La CEEES afirma que el mismo es “un insulto a los trabajadores, a los autónomos, a los empresarios del sector y al usuario final”. El colectivo presidido por Javier Bru señala que el estudio “requiere un detalle pormenorizado que ponga en evidencia las incongruencias, desconsideraciones y desinformaciones incluidos en el mismo”. No obstante, la CEEES anticipa algunas valoraciones sobre el estudio. Así, la patronal (que este año celebró su 40º aniversario) remarca que el organismo regulador afirma que las cooperativas “han operado sin la carga que representaría contar con una persona física en el terreno”, por lo que la CEEES estima que la CNMC “celebra la destrucción de puestos de trabajo”.

Sobre la competencia que ejercen las cooperativas que venden carburantes de automoción a clientes que no son cooperativistas, “se ampara en ventajas de índole fiscal y laboral (...). Eso no es competir en condiciones de igualdad, eso es otra cosa”, apostillan desde la CEEES.

El colectivo añade que la CNMC “parece olvidar” que el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, “establece una serie de obligaciones en defensa de los intereses de los consumidores, tales como la necesidad 'de control operativo de los procesos' o 'de formación del personal que manipula dichos productos”.

Seguridad física y medioambiental
Otro aspecto destacado por la CEEES es que el organismo presidido por José Marín Quemada “no explica en ningún momento cómo resolver de forma inmediata un grave problema de seguridad física y medioambiental si al consumidor sufre un derrame accidental de carburante, o si reposta fumando o con el coche en marcha o mientras habla por su móvil”.

Asimismo, llama la atención sobre la imposibilidad de controlar en las gasolineras desatendidas “suministros irregulares de carburante en envases o cantidades no autorizadas para el transporte cuando no hay personal en las instalaciones”. Las dificultades de suministro de personas discapacitadas, de avanzada edad o de embarazadas es otro de los puntos denunciados por la CEEES, que apunta que estos colectivos ven mermados sus derechos como consumidores en instalaciones en la que se expenden carburantes de automoción y no cuentan con personal.

Como ejemplo, CEEES aporta el de las máquinas expendedoras de tabaco, cuyo uso debe estar supervisado por un empleado. La patronal llama la atención sobre la disparidad de criterios que supone el hecho de que cualquier persona pueda usar sin ninguna supervisión productos peligrosos y contaminantes como el gasóleo y la gasolina.

Finalmente, CEEES asegura que, si las estaciones de servicio tradicionales “para obtener una mínima rebaja” en el precio de venta al público de carburantes se verían obligadas a destruir “los más de 60.000 puestos de trabajo directo que estamos intentando mantener, pese a la ya difícil situación económica que estamos atravesando”.

“Desprecia la capacidad profesional” del sector
Por su parte, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), presidida por Alejandro Ripoll, y la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (Aeescam), al frente de la cual se encuentra Carlos López Lostau, tildaron de “increíble” el informe del organismo regulador que “fomenta la destrucción de puestos de trabajo”.
Ambos colectivos considera que el análisis de la CNMC “desprecia la capacidad profesional de los operarios del sector, reduce los derechos de los consumidores, recomienda instalar estaciones de servicio en comunidades de vecinos, talleres o supermercados”.

Desde Aevecar y Aeescam se subraya que el informe de la CNMC no ha considerado algunas leyes, “rebaja las medidas de seguridad que el sector ha cumplido escrupulosamente, como es su obligación y como medida de confianza para los ciudadanos”. Además, considera que el informe “no garantiza plenamente los derechos de los consumidores y puede crear una opinión equivocada de un sector estratégico para la vida diaria de la sociedad española”.

Las dos asociaciones muestran su disposición a colaborar con le CNMC “para aclarar y debatir todos los puntos del estudio con el fin de evitar opiniones equivocadas o con intereses partidistas sin tener en cuenta la realidad de un sector estratégico”.

UGT califica el estudio de “despropósito”
Desde UGT se describe el estudio como un “despropósito” y denuncia su “visión sesgada del sector”, así como su “clara insensibilidad social”. La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT considera que el estudio se ha realizado “en base a una argumentación errónea y sesgada”.

El sindicato afirma que la CNMC aboga “por la destrucción de puestos de trabajo y pone en entredicho la profesionalidad de los operarios del sector”. Además, añade UGT, propone “la eliminación de determinadas obligaciones a las instalaciones, algunas encaminadas a la defensa de los consumidores y usuarios, por considerarlas innecesarias y suponer un coste desproporcionado. Entre ellas, disponer de hojas de reclamaciones, de papel o guantes para los clientes, o de una probeta de comprobación de las medidas. La CNMC pone de manifiesto que no tiene ningún reparo en pisotear los derechos de los consumidores en aras de la disminución de los costes empresariales”.

El informe, añaden desde el citado sindicato, “recomienda no detallar los usos de las parcelas en los planeamientos urbanísticos para que se pueda instalar una gasolinera en cualquier lugar, al igual que eliminar restricciones a la aparición de nuevos formatos de gasolineras, tales como aparcamientos de supermercados, talleres de automóviles o comunidades de vecinos. Con esta propuesta, la institución apuesta por una desregulación total del sector y obvia las estrictas medidas de seguridad necesarias para la instalación de estaciones de servicio cerca de viviendas”.

UGT FICA rechaza “frontalmente las propuestas de la CNMC puesto que, aparte de evidenciar una visión sesgada del sector y una clara insensibilidad social, pasa por encima de los derechos de los consumidores de las personas discapacitadas, de los puestos de trabajo, de la seguridad de las instalaciones y de la legislación vigente en aras de la rebaja del precio del producto”.