Apoyándose en un informe encargado a Fide por la asociación provincial de Barcelona
Aevecar denuncia ante Industria "la posible ilegalidad" de las low cost
Revista Estaciones de servicio01/08/2014
Gasolinerafantasma 2173
Manuel Amado, presidente de Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona y de la Federación Catalana de Estaciones de Servicio, además de vicepresidente de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), se ha reunido recientemente en Madrid con el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Industria, Sergio López, a quien ha trasladado sus opiniones acerca de “la posible ilegalidad” de las gasolineras low cost.
Amado ha acudido al Ministerio de Industria con un estudio elaborado por Fide Asesores Legales y Tributarios a petición de Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona. En ese informe, el despacho especializado en asesoramiento en el sector de hidrocarburos concluye que las unidades de suministro desatentidas “presentan dificultades para cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y pueden atentar contra los derechos básicos de consumidores y usuarios”.
El estudio subraya varios hechos diferenciales que hacen la actividad de las gasolineras fantasma difícilmente compatible con la legalidad. Entre ellas destaca la ausencia de personal especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, con los riesgos para los usuarios que podrían derivarse de ello. “Por ejemplo -explican desde Fide- no se puede detectar ni evitar que algún cliente reposte fumando, con las luces encendidas, el motor en marcha o hablando por el teléfono móvil”.
Entre los peligros derivados de la ausencia de personal, el informe cita la imposibilidad de “controlar el uso de envases no homologados, ni evitar posibles derrames o comprobar que no haya peligro después de una pequeña fuga, no se puede detectar si hay mangueras en mal estado ni sustituir rápidamente, ni es factible garantizar el permanente abastecimiento”.
Discriminación a los discapacitados
El documento elaborado por Fide y presentado por Manuel Amado a Sergio López toca también el capítulo de las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones no pueden repostar sin ayuda y para quienes sería imposible llenar el tanque de sus automóviles en una gasolinera fantasma.
Según el informe, también es difícil que las low cost puedan observar la normativa de consumo, pues los automovilistas que reposten en ese tipo de instalaciones difícilmente tendrán acceso a las hojas de reclamaciones o facturas de compra.
En resumen, desde Fide aseguran que “las instalaciones low cost delatan una serie de deficiencias e incumplimientos vulnerando lo dispuesto en normativa de consumo, seguridad o lo establecido en disposiciones específicas de diferentes comunidades autónomas”.
“Destacan las deficiencias que se refieren a medidas de seguridad en la manipulación de mercancías peligrosas sin el control, supervisión y/o auxilio de una persona debidamente formada a los efectos”, asevera el documento elaborado por Fide, que también cita “las que afectan a derechos básicos de los consumidores o usuarios”.
El estudio no olvida citar las deficiencias “que suponen la imposibilidad del acceso a un servicio público, tal y como se define en la resolución a la Consulta número 12/2003 del Instituto Nacional de Consumo, a personas con algún tipo de discapacidad, vulnerando un derecho fundamental recogido en los artículos 14 y 19 de la Constitución Española”.
Tras reunirse con Sergio López para trasladarle las demoledoras conclusiones del informe, Manuel Amado se ha mostrado moderadamente satisfecho de la respuesta que le ha ofrecido el subdirector general de Hidrocarburos, quien se ha comprometido a estudiar a fondo el documento y a mantener el contacto con las organizaciones empresariales que defienden los intereses de los empresarios del sector.
Amado ha acudido al Ministerio de Industria con un estudio elaborado por Fide Asesores Legales y Tributarios a petición de Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona. En ese informe, el despacho especializado en asesoramiento en el sector de hidrocarburos concluye que las unidades de suministro desatentidas “presentan dificultades para cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y pueden atentar contra los derechos básicos de consumidores y usuarios”.
El estudio subraya varios hechos diferenciales que hacen la actividad de las gasolineras fantasma difícilmente compatible con la legalidad. Entre ellas destaca la ausencia de personal especializado en la manipulación de mercancías peligrosas, con los riesgos para los usuarios que podrían derivarse de ello. “Por ejemplo -explican desde Fide- no se puede detectar ni evitar que algún cliente reposte fumando, con las luces encendidas, el motor en marcha o hablando por el teléfono móvil”.
Entre los peligros derivados de la ausencia de personal, el informe cita la imposibilidad de “controlar el uso de envases no homologados, ni evitar posibles derrames o comprobar que no haya peligro después de una pequeña fuga, no se puede detectar si hay mangueras en mal estado ni sustituir rápidamente, ni es factible garantizar el permanente abastecimiento”.
Discriminación a los discapacitados
El documento elaborado por Fide y presentado por Manuel Amado a Sergio López toca también el capítulo de las personas con discapacidad, que en muchas ocasiones no pueden repostar sin ayuda y para quienes sería imposible llenar el tanque de sus automóviles en una gasolinera fantasma.
Según el informe, también es difícil que las low cost puedan observar la normativa de consumo, pues los automovilistas que reposten en ese tipo de instalaciones difícilmente tendrán acceso a las hojas de reclamaciones o facturas de compra.
En resumen, desde Fide aseguran que “las instalaciones low cost delatan una serie de deficiencias e incumplimientos vulnerando lo dispuesto en normativa de consumo, seguridad o lo establecido en disposiciones específicas de diferentes comunidades autónomas”.
“Destacan las deficiencias que se refieren a medidas de seguridad en la manipulación de mercancías peligrosas sin el control, supervisión y/o auxilio de una persona debidamente formada a los efectos”, asevera el documento elaborado por Fide, que también cita “las que afectan a derechos básicos de los consumidores o usuarios”.
El estudio no olvida citar las deficiencias “que suponen la imposibilidad del acceso a un servicio público, tal y como se define en la resolución a la Consulta número 12/2003 del Instituto Nacional de Consumo, a personas con algún tipo de discapacidad, vulnerando un derecho fundamental recogido en los artículos 14 y 19 de la Constitución Española”.
Tras reunirse con Sergio López para trasladarle las demoledoras conclusiones del informe, Manuel Amado se ha mostrado moderadamente satisfecho de la respuesta que le ha ofrecido el subdirector general de Hidrocarburos, quien se ha comprometido a estudiar a fondo el documento y a mantener el contacto con las organizaciones empresariales que defienden los intereses de los empresarios del sector.
