El 31 de enero entrará en vigor la resolución 16.756, que avala su actividad

A pesar de la oposición de Aevecar, de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, así como de CC.OO. y UGT, el Ejecutivo autonómico ha reiterado que, tal y como estaba previsto, el 31 de enero entrará en vigor la Resolución 16.756 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas “por la que se dictan instrucciones relativas a las comprobaciones a realizar en las instalaciones de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público desatendidas”.

Con el objetivo de “unificar criterios frente a la proliferación” de estas instalaciones en la Región de Murcia, que ya ascienden a 17 en la comunidad autónoma, la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia y CC.OO. y UGT mantuvieron una reunión al término de la cual el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, Francisco Pellicer, anunció que “pediremos una reunión con la Consejería”.

En ella trasladarán, de nuevo, “el grave perjuicio que supone para el sector y los usuarios” las unidades de suministro desatendidas, las negativas consecuencias que generan en el empleo del sector y las vulneraciones de la ley de riesgos laborales y de derechos de los consumidores, entre los que pellicer destacó “incumplimientos en materia de medidas de extinción de incendios, derrames de productos, sistema de descarga de cisternas y la indefensión de los usuarios ante sus posibles reclamaciones por la falta de personal de la empresa”. El presidente Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, recordó que en estas instalaciones se “discrimina a las personas con movilidad reducida”.

Tres tipos de instalaciones
En la citada resolución, publicada el pasado 31 de diciembre de 2014 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, se afirma que “las estaciones de servicio o unidades de suministro tradicionales que estaban atendidas por personal de la propia instalación, se fueron transformando en autoservicio, y actualmente, existe una tendencia cada vez mayor en eliminar completamente el personal afecto a la instalación y transformarlas en desatendidas”.

En el texto de la resolución se recogen tres tipos distintos de instalaciones en las que se expenden carburantes de automoción. Por un lado especifica las atendidas, en las que el suministro al vehículos lo realiza personal de la propia instalación; aquellas que funcionan en régimen de autoservicio, en las que la operación del suministro al vehículo es realizada por el cliente, “pero el surtidor es activado por un operario desde el centro de control de la instalación, desde el cual puede autorizar la entrega y -en caso de emergencia- parar y bloquear el surtidor”. Finalmente, las desatendidas son aquellas en las que “no existe personal afecto a la instalación y el sumiinstro al vehículo lo realiza el usuario”.

Por parte del Gobierno autonómico, el director general de Industria, Energía y Minas, Alfonso Ramón García López, (quien mostró su disposición a reunirse con el sector) recordó que la citada resolución incluye la obligatoriedad de que las instalaciones de suministro de carburante desatendias instalen detectores térmicos, equipos informatizados contraincendios y, en el caso de que algún cliente quiera presentar una reclamación, están obligadas a atender a los usuarios presencialmente en un máximo de 30 minutos.

“Entiendo su preocupación por la proliferación de estas estaciones sin personal, pero ofrecen atención 24 horas y a veces hay que ver también las ventajas”, declaró García López.

Pellicer declaró que este tipo de instalaciones “carecen de tienda, de servicios añadidos y personal. Sólo tienen surtidores para repostar y un cajero automático para pagar, de manera que se ahorran en costes entre 80.000 y 100.000 euros anuales”.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región de Murcia, concluyó que las desatendidas ejercen una “competencia desleal”. Pellicer avanzó que “si no alcanzamos un acuerdo con la Consejería iremos a la vía judicial”.