Un estudio de ATE advierte que el objetivo del 81% de electricidad renovable en 2030 exige más inversión en redes
Un nuevo documento de la Asociación para la Transición Energética (ATE) analiza la necesidad, urgencia y desafíos de las redes eléctricas en España. Los autores del informe advierten que sin inversiones en redes eléctricas bajo una regulación estable, será inalcanzable el objetivo de que en 2030 la electricidad en España sea un 81% renovable.
El trabajo ha sido coordinado por la secretaria general de la asociación, María Jesús González, con un equipo compuesto por diferentes expertos, entre los cuales se encuentra el Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España.
Basándose en el hecho de que la transición energética precisa de una serie de actuaciones como el cambio del mix energético, el aumento de la capacidad de almacenamiento, las innovaciones tecnológicas para el ahorro de energía o los nuevos hábitos de consumo, el documento apuesta por la necesidad de contar con unas redes eléctricas adecuadas en cantidad y calidad, adaptadas a las distintas zonas de demanda.
Por ello, la ATE considera que la transición energética debe ser algo más que un “plan” y que se debe actuar con rapidez y determinación para dotar al sistema eléctrico de las infraestructuras necesarias.
En palabras de María Jesús González, la tecnología para mejorar las redes está a nuestra disposición hoy, no tenemos que esperar 20 años a que esté madura. Para que esa tecnología se aplique, para que las redes puedan responder a las demandas de consumo y electrificación, son necesarias inversiones".
El documento señala que sin redes eléctricas no es posible la consecución del objetivo país de descarbonización y reindustrialización, y para ello hay que adoptar esta medidas:
- Anticipar las inversiones que el sistema eléctrico va a necesitar, en vez de ir atendiendo petición a petición de manera individual.
- Reconocer una inversión en redes mucho más ambicioso. La ATE estima que se debe duplicar la inversión actual en redes eléctricas y eliminar el límite legal que existe para las mismas, con el fin de reforzarlas, modernizarlas y ampliar sus conexiones.
- Establecer un marco retributivo más simple, estable y predecible para las empresas que gestionan las redes eléctricas, alineado con las mejores prácticas y adaptado a los nuevos retos y roles que ofrece la transición energética. La ATE aboga por una tasa de retribución financiera acorde al contexto actual, aplicando inversiones y costes actualizados y adaptados al mercado, que suponga un impacto positivo en la economía española y en el resto de los sectores.
- Disponer de una planificación flexible que se revise de una manera ágil para que se pueda dar respuesta a las nuevas necesidades de conexión de la generación y del consumo en un tiempo razonable. La ATE recomienda revisar los planes de desarrollo de red cada 2 años y advierte de que el plan vigente (2021-2026) está en revisión actualmente y es una oportunidad que no se puede desaprovechar para incluir todas aquellas actuaciones necesarias para dar respuesta a la demanda de energía descarbonizada actual, tanto en la red de transporte, como en la red de distribución.
- Adecuar la normativa de planificación actual tanto para la red de transporte como para la de distribución al nuevo paradigma de producción, distribución y demanda de electricidad, ya que cuando no hay claridad o certeza sobre los plazos y costes de conexión, los nuevos proyectos industriales se estancan o se abandonan, perdiéndose la oportunidad económica de reindustrializar España.
Por último, concluye que es imperativo revisar el sistema retributivo para las empresas, de manera que se debe establecer un mecanismo claro y transparente que refleje adecuadamente los costos y riesgos asociados a la gestión de las redes de transporte y distribución y que proporcione una rentabilidad justa y competitiva.
