El Gobierno prevé que el recorte a las centrales no emisoras abarate un 4 % la factura

Madrid, 1 jun (EFE).- El Gobierno prevé que la minoración de los beneficios que obtienen las centrales eléctricas no emisoras de carbono reporte unos ingresos de 1.000 millones de euros anuales, que el Ejecutivo destinará a reducir los cargos de la factura, lo que proporcionaría un ahorro del 4 % a los consumidores domésticos y de un 1,5 % a los industriales.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha informado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este anteproyecto de ley, que prevé que ese ingreso, que se obtendrá por la minoración del beneficio que obtienen esas centrales no emisoras anteriores a 2005, se destine en un 90 % a financiar el régimen de las renovables y el 10 % a administraciones para financiar el bono social a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social.

Además, cubrirá parte de los objetivos de recaudación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuyo proyecto de ley ha aprobado el Consejo de Ministros y por el que distribuidores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gas, contribuirán también a financiar costes regulados (principalmente los 6.500 millones de las renovables), con lo que las compañías afectadas por el Fondo pagarán menos de lo previsto inicialmente.

Ribera ha indicado que esa minoración de los beneficios que obtienen las centrales por cobrar en el mercado marginalista el mismo precio que centrales que sí emiten CO2, cuyos derechos de emisión han visto dispararse sus precios en un 150 % en poco más de un año, junto con el Fondo, permitirán reducir la factura a los consumidores domésticos e industriales un 15 %.

No obstante, hay que tener en cuenta que el Fondo no producirá su efecto total hasta el quinto año de aplicación, ya que la contribución de los sectores que hasta ahora no contribuían a financiar costes del sistema eléctrico será gradual, mientras que el mecanismo de minoración de ingresos de carbono se aplicará a partir de su publicación en el BOE.

La ministra ha recordado que más de un 90 % del parque eléctrico español en la actualidad no genera CO2 y el beneficio que obtienen en el mercado por los altos precios que tienen los derechos de emisión van íntegramente a sus cuentas.

El mecanismo, inspirado en otro que rigió entre 2006 y 2009 y que fue avalado por el Tribunal Superior Justicia de la UE (TJUE), aunque por aquel entonces se asignaban gratis derechos de emisiones de CO2 a las centrales eléctricas, pese a lo cual luego repercutían costes de CO2, lo que encarecía el precio de la luz.

La fórmula que se ha ideado para acabar con esa sobrerretribución que obtienen algunas tecnologías en el mercado, lo que se ha conocido como «windfall profits» o beneficios caídos del cielo, se aplicará a centrales nucleares, hidráulicas y algunas eólicas que se pusieron en funcionamiento antes de 2005, el año en que entró en vigor el mercado de derechos de emisión en España.

A las renovables que disfruten aún del régimen retributivo específico que obtuvieron en su día no les afectará, solo cuando éste finalice, y la minorización afectará especialmente a las empresas con más activos de generación hidráulica, en concreto el 95 % de la energía afectada será nuclear e hidráulica.

La minoración de los ingresos se calculará, a trimestre vencido, por la producción que haya tenido cada central en el periodo, su precio del CO2 y el factor de emisión medio del mercado en ese espacio de tiempo.

De esta manera, si apenas ha habido producción con gas, el factor de emisión será bajo y la minoración baja, mientras que si ha habido muchas horas en que el precio en el mercado lo ha fijado el gas o una tecnología que incorpora coste de CO2, el factor de emisión será mayor y la minoración también.

En términos anuales, el 80 % de las horas del mercado incorpora costes de CO2 en las ofertas, lo que permite calcular en unos 1.000 millones de euros al año lo que se ingresará con el beneficio que se minorará a las eléctricas.

El anteproyecto, que el Gobierno espera que esté aprobado como ley en el segundo o tercer trimestre del año, establece que en dos meses se deberá revisar con lo recaudado los cargos de la factura eléctrica a la baja para beneficiar al consumidor.

A las centrales afectadas no se les detrae o minora el 100 % de esa sobrerretribución que obtienen por el CO2, sino solo un porcentaje del 90 %, dejándoles un 10 % para que mejoren su producción y mantengan bien conservadas las instalaciones.

El Gobierno destinará un 10 % de lo que obtenga por la minoración a las administraciones que financian el 50 % del bono social a consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social (el resto lo pagan las comercializadoras), con lo que prevé elevar el número de beneficiarios de esta categoría.

Con ello, quiere dotar de más medios a las administraciones y que un 60 % de los 600.000 consumidores severos que existen y que solo tienen un descuento del 40 % en la factura, se conviertan en vulnerables severos en riesgo de exclusión social (actualmente hay poco más de 7.000) y puedan ver pagado todo su recibo.