Los arquitectos proponen una recuperación económica que se apoye en la edificación para promover el acceso a la vivienda asequible y la renovación urbana

Para contener la crisis económica que vive el país derivada de la pandemia de coronavirus, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) plantea una recuperación económica que se apoye en la reactivación del sector de la construcción y tenga como objetivos garantizar el derecho universal a la vivienda y la rehabilitación y renovación urbanas como bases del bienestar del conjunto de la ciudadanía.

En un momento de pérdida masiva de puestos de trabajo e incremento de la deuda pública, el documento de propuestas elaborado por el CSCAE y remitido al Gobierno, a todos los partidos políticos y a los principales agentes sociales destaca las elevadas tasas de empleabilidad asociadas al sector, con casi 1,3 millones de personas empleadas, y pone el foco en el potencial ´incomparablé de la rehabilitación y la renovación urbana para crear nuevos empleos. Por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se generan 18 puestos de trabajo, por lo que -se apunta- el sector puede ser clave en la recuperación del país. Máxime cuando, en materia de rehabilitación, a España le queda un largo camino por recorrer.

El CSCAE pone el foco en el potencial ´incomparablé de la rehabilitación y la renovación urbana para crear nuevos empleos.

Mientras que el ritmo anual de gran rehabilitación en Europa es del 2%, en nuestro país se reduce al 0,2% y, frente a un promedio de ocupación del 3,9% en Portugal, Francia e Italia, la media de trabajadores ocupados en España es del 2,2%. “Si solo alcanzásemos el nivel actual de rehabilitación de esos países, que ya cuentan con programas para seguir incrementando sus cifras, el sector de la rehabilitación en nuestro país podría generar 400.000 nuevos empleos, capaces de absorber pérdidas de ocupación de otros sectores”, estima el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, que añade otro argumento a favor de las políticas de rehabilitación: su ahorro.

Como se explica en el documento, aunque la inversión pública en rehabilitación requiere disponer de liquidez inicial, evita a medio plazo el incremento de deuda pública gracias a sus características estructurales, puesto que el coste del suelo y su carga financiera no intervienen y, sin embargo, es muy intensiva en mano de obra. Como consecuencia, entre retornos fiscales y ahorro en prestaciones de desempleo, el Estado recuperaría toda o casi toda la inversión pública realizada. A partir de estos datos, el presidente del CSCAE demanda “políticas públicas que impulsen y aprovechen el potencial de un sector que todavía no se ha recuperado de la crisis anterior”.

Como actuación previa, el documento también recoge que será imprescindible planificar la reanudación de las obras de rehabilitación en edificios existentes de forma escalonada, ajustada al ritmo de desescalada del confinamiento y la limitación de actividades.

Junto con los beneficios económicos que supondría un plan de reactivación de la construcción, en el documento de propuestas del CSCAE se hace hincapié en que una estrategia consensuada con todos los agentes del sector daría respuesta a algunos de los grandes desafíos que ya afrontaba el país antes de la crisis. Reduciría los problemas de acceso a una vivienda asequible; impulsaría la rehabilitación del parque residencial para adaptarlo a las demandas de accesibilidad, renovación energética ante el cambio climático y nuevas formas de vida, trabajo y ocio de la población, y estimularía la regeneración de nuestras ciudades, en consonancia con las demandas de la ciudadanía y con la hoja de ruta que establece la Agenda Urbana Española.

Para garantizar el acceso universal a la vivienda y equilibrar la demanda en alquiler, el CSCAE plantea, entre otras medidas, reforzar las ayudas públicas en actuaciones de renovación del parque de vivienda privada que se destine al alquiler; se aboga por incrementar el parque de titularidad pública, impulsando las promociones en suelos públicos de vivienda o dotacionales; se propone la posibilidad de aumentar la edificabilidad y el número de viviendas, allí donde sea viable, condicionado esto a la renovación y al alquiler a “precio público”, y se apuesta por un plan de actuación integral que, a diferencia de las intervenciones aisladas del pasado, contemple viviendas, edificios y barrios con el fin de optimizar recursos públicos, dentro del Plan Estatal de Rehabilitación planteado por el Gobierno.

En la rehabilitación y renovación de viviendas y edificios, el documento remitido al Gobierno sugiere una revisión de las normativas técnicas y urbanísticas y apoyo económico a aquellas empresas y propietarios que la promuevan; acciones para impulsar también la necesaria renovación de los inmuebles de titularidad pública y pone el acento en medidas integrales, como la aprobación de la Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido anunciada, a principios de año, por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos. “El confinamiento nos ha permitido ser mucho más conscientes de las carencias que tienen nuestras viviendas y de su importancia en nuestro bienestar. Es el momento de que se considere el impacto del entorno construido en la salud y el bienestar de las personas”, concluye el presidente del CSCAE.

El documento remitido al Gobierno incorpora un anexo con propuestas para la agilización en la tramitación y concesión de licencias. Las medidas que se apuntan están relacionadas con la digitalización de la tramitación y la reducción de los procedimientos de gestión, que varían por comunidades autónomas, y con la importancia de unificar criterios normativos.

El marco jurídico actual contempla normas a nivel estatal, autonómico y local y, con frecuencia, son tan extensas, complejas e, incluso, contradictorias, que ralentizan, cuando no imposibilitan, la puesta en marcha de los proyectos. Así quedó de manifiesto en el sondeo impulsado por el CSCAE en febrero de 2019, que reveló demoras de entre ocho y doce meses en la concesión de licencias cuando, por ley, no se deberían exceder los tres meses.

Por este motivo, se considera fundamental una estrategia general que simplifique normativas y las dote de la visión integral que ahora falta.