¿Nos merecemos un hogar que proteja nuestra salud?
Es un hecho contrastado por numerosos estudios que habitar en una vivienda en malas condiciones ocasiona problemas de salud asociados, por ejemplo, al hecho de vivir a una temperatura inadecuada en invierno y/o en verano, con la presencia de humedades, con ruido o con una calidad del aire interior también inadecuada. Por ejemplo, datos sobre mortalidad y temperatura interior de las viviendas en el Reino Unido indican que la mortalidad adicional de invierno registrada en el cuartil (el 25%) de las viviendas más frías es tres veces superior a la registrada en el cuartil de las viviendas más cálidas.
Sin embargo, no es tan evidente que los ciudadanos nos planteemos si las viviendas en las que habitamos nos están proporcionando condiciones adecuadas para nuestra salud. Y tampoco lo ha sido que los planes y estrategias que se vienen impulsando desde hace años, incorporen la componente económica que se deriva de la protección de la salud que proporciona la mejora de la eficiencia energética de nuestras viviendas. De hecho, no es tan sencillo cuantificar cómo una rehabilitación energética se traduce también en ahorros económicos derivados de la protección de la salud que proporciona el edificio tras la obra de rehabilitación.
Además de los aspectos susceptibles de valoración, existen intangibles que son imposibles de cuantificar. Así, es difícil valorar económicamente la mejora del bienestar que se consigue en las personas que pasan de habitar en un hogar donde en invierno pasaban habitualmente frío a otro escenario donde la rehabilitación de su vivienda les permite vivir en unas condiciones de confort adecuadas durante los meses más fríos del año.
Seguramente si les preguntamos a sus ocupantes si les ha merecido la pena rehabilitar su vivienda, no tienen ninguna duda en decirnos que sí, pero quizás si la pregunta fuese qué valor económico concederían a la mejora del bienestar, no sabrían qué decirnos y si lo hicieran, sería una valoración totalmente subjetiva y a lo sumo sólo relacionada al más que evidente ahorro de sus bolsillo en facturas de energía.
También sería muy difícil valorar económicamente el estrés al que se ven sometidas las personas que viven en situación de pobreza energética, entre otras cosas por la ineficiencia energética de las viviendas, que continuamente deben contener sus gastos y hacer un sobreesfuerzo mensual para pagar sus facturas. ¿Qué precio tiene que un adolescente pueda hacer los deberes en una casa sin frío? ¿Cuánto vale estar confortable? ¿Cómo cuantificamos que alguien reduzca un dolor de huesos provocado por la humedad y el frío? ¿Y la calidad del descanso gracias a un buen aislamiento acústico que nos proteja del ruido externo? La respuesta no es sencilla ni evidente.
Ahora bien, como se indicaba, a pesar de los intangibles asociados al binomio vivienda (edificio) y salud, sí que es posible evaluar de forma objetiva, por ejemplo, el coste económico derivado de los ingresos hospitalarios, las bajas laborales o los tratamientos médicos que se evitan gracias a la protección de la salud de las personas que habitan en viviendas que han sido objeto de una obra de rehabilitación energética.
Estos y otros aspectos sí que pueden ser objeto de una valoración económica y ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar las ventajas de una rehabilitación energética. En esta línea se ha realizado el estudio ‘Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud de las personas. Enfoque económico’ llevado a cabo por el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) y promovido por la Fundación La Casa que Ahorra, en el que además de realizar una revisión bibliográfica profunda de la relación entre salud y edificio, se ha ahondado en la cuantificación del balance económico de una rehabilitación energética teniendo en cuenta, además de los ahorros energéticos, los costes sanitarios evitados. Entre las conclusiones de dicho estudio se deduce por ejemplo que, en un supuesto programa de subvenciones en el que la Administración Pública asumiese el 50% del coste de la intervención, sólo teniendo en cuenta los beneficios económicos derivados de la mejora de la salud de las personas, el importe de la ayuda se recuperaría en un plazo estimado de 15-18 años. Llegados a este punto, y por un poner un ejemplo, cabría preguntarse si la misma Administración Pública tiene cuantificado el retorno de las inversiones que realiza en construcción de nuevos equipamientos sanitarios. Seguro que no disponen de esos datos, pues son servicios que se acometen por necesidades geo-políticas y geo-asistenciales en la mayoría de los casos y con el buen fin de dar un servicio acorde a las necesidades que exige una sociedad como la nuestra a fecha de hoy.
El hecho es que la ineficiencia energética de las viviendas y especialmente aspectos asociados a la misma como la incapacidad de sus ocupantes para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, no sólo agrava enfermedades, provoca bajas laborales, causa estrés y afecta a otros aspectos de la salud física y mental de las personas, sino que además podría ser responsable de cierto número de muertes prematuras al año en nuestro país. Por ello el estudio realiza una estimación de las muertes prematuras que podrían asociarse a situaciones de pobreza energética por la ineficiencia de sus viviendas en personas por debajo de los 65 años (647) y en personas de la tercera edad (6.684) y hace lo propio con las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Aunque el estudio realiza una estimación para las enfermedades cardiovasculares que se podrían evitar, existen muchos otros aspectos que no se contemplan en la valoración, que tendrían un impacto positivo en la salud y que se traducirían en ahorros económicos para el sistema de salud.
La protección de la salud de las personas en sus propias viviendas, al margen de que pueda y deba mejorarse su valoración económica, debería ser un derecho garantizado para todas las personas. La rehabilitación de nuestros edificios pasa por ser la mejor solución, no sólo para las familias más vulnerables, que son las que generalmente viven las consecuencias de situaciones con incidencia directa sobre la salud, como la pobreza energética, sino que además sirve para proteger la salud de todos los ciudadanos, cumplir objetivos ambientales y generar empleo.
