Por qué Francia no debería copiar el IGFEI español
Presentado como un impuesto medioambiental, a seis meses de su aplicación con el tipo impositivo completo (después de tres años de cargo con tipo impositivo reducido) podemos afirmar que el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero no ha cumplido este supuesto objetivo. Los datos que manejamos desde AEFYT indican que la pérdida de ventas de gases HFC ha sido del 50%... al tiempo que el incremento del mercado negro suma entre 3.000 y 4.000 toneladas.
Cuando la Oficina Española del Cambio Climático habla de la aplicación del IGFEI como de un éxito, olvida presentar el cálculo de las emisiones no controladas –procedentes de los gases vendidos ilícitamente y que provienen de mercados como Francia, Portugal e Italia, entre otros– que genera este mercado ilegal. Una actividad ilegal en la que Seprona, la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Guardia Civil, invierte mucho tiempo y recursos para frenarla, con resultados mínimos o muy limitados debido a la falta de infraestructura.
Pensar que el IGFEI español es un ejemplo a seguir en Francia se deriva de una interpretación poco rigurosa o sesgada de la realidad de la situación de la industria del frío en España, que está sufriendo muy seriamente los efectos de la pérdida de competitividad en Europa y en España por parte de las empresas que cumplen con la Ley frente a las que la eluden; del intrusismo no profesional, con el consiguiente riesgo de manejo inadecuado de refrigerantes y, por tanto, de seguridad; y los efectos del desconocimiento real de las emisiones y su impacto ambiental, al no estar controladas. Desde AEFYT transmiten que se sienten orgullosos de los “casos de éxito” de los que presume la Oficina Española del Cambio Climático, pero recuerdan que los mismos no vienen derivados de la acción del Impuesto –que sí ha contribuido, en contra, a frenar inversiones– sino de la adaptación tecnológica y del esfuerzo innovador de la industria a pesar de todo y, simplemente, siguiendo los estándares europeos a los que obliga la F-Gas.
