Consideraciones sobre el impuesto que grava las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero
Aefyt es la asociación empresarial representativa del sector del frío en España. Sus empresas ofrecen al mercado usuario del frío todo tipo de tecnologías, particularmente eficientes y de bajo o nulo impacto ambiental. En definitiva, como profesionales en la materia propugnamos por la sostenibilidad de una tecnología que es imprescindible en la sociedad actual por lo que nos declaramos “ecologistas racionales”.
Desde Aefyt se defienden todas las tecnologías frigoríficas y los refrigerantes con las que funcionan (tanto naturales como sintéticos). Impartimos cursos de especialización sobre refrigeración, específicos de instalaciones frigoríficas que funcionan con NH3, CO2, HC, etc., de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones frigoríficas, de aplicaciones de frío a la industria alimentaria, del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y un largo etc.
Las empresas instaladoras que ejecutan y mantienen instalaciones frigoríficas con los denominados refrigerantes naturales son instaladoras grandes y medianas, la mayoría asociadas a Aefyt.
No estamos en contra de los impuestos medioambientales que gravan la contaminación aunque ésta proceda de emisiones accidentales, en definitiva involuntarias. Sin embargo, consideramos que el gravamen debe ser siempre proporcional al impacto ambiental ocasionado. En el caso del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, no es ni proporcional ni justo puesto que el gravamen es mayor del 500% del valor del refrigerante (de 5 a 10 veces el precio) y penaliza desigualmente a los diferentes contribuyentes al efecto de Calentamiento Atmosférico. Adviértase que la contribución al calentamiento atmosférico por emisiones de gases fluorados es inferior al 1%. ¿Qué paga el resto de los actores contaminadores?
Es el único impuesto existente entre los países de nuestro entorno, con la incoherencia, además, de que ya existe un Reglamento Europeo que regula el cese paulatino de estos refrigerantes de manera que permite al sector adaptar el cambio hacia nuevas tecnologías de menor impacto ambiental, con una intensidad armónica y conciliadora basada en el principio de optimizar la relación beneficio/coste con la decisión adoptada.
La creación de este impuesto en España ha supuesto la proliferación de nuevos canales de venta (importaciones fraudulentas provenientes de China, Portugal y Francia, ventas por internet, etc.), muy difíciles de controlar y originando la consiguiente existencia de un mercado negro floreciente que se estima del orden del 40 al 50% del mercado legal, con tendencia a acrecentarse. Existe, por lo tanto, el mercado de un gran volumen de refrigerantes que se están manipulando sin ninguna trazabilidad. En definitiva, sin control y con consecuencias negativas para el medio ambiente. Según parece, todo lo contrario que se pretendía conseguir con el impuesto.
Todo ello ha tenido una grave incidencia en la competitividad de las empresas que actúan en la legalidad, con el consiguiente quebranto económico, y acarreando el cierre y la “sumersión” de muchas de ellas. De manera que la recaudación obtenida por el impuesto ha sido menor de 1/3 de lo previsto, a lo que hay que añadir la pérdida de recaudación por IVA, por Impuestos de Sociedades, más los costes que ha supuesto al Estado la implementación de las medidas administrativas subyacentes a la creación de todo impuesto especial.
Las empresas instaladoras, el punto más débil de la cadena de comercialización son, sin duda, las más perjudicadas al verse obligadas a ejercer gratuitamente de contribuyentes del impuesto, con los costes financieros que ello conlleva (adelanto del impuesto a Hacienda, incobrados, robos de refrigerantes, etc., ), a asumir el riesgo de impago de dicho impuesto, las garantías en caso de fuga, las inevitables mermas que se producen en el manejo de los HFC en las operaciones de mantenimiento, y a situarse en una posición competitiva desfavorable frente a empresas instaladoras de Portugal y Francia.
Todo este desatino está afectando especialmente al denominado Sector del Frío Comercial (utilizado en galerías de alimentación, tiendas de proximidad, supermercados, hipermercados y hostelería, etc.). Aunque también afecta al Industrial, sobre todo en instalaciones de pequeño y mediano tamaño, que utilizan HFC.
¿Qué aportaciones está acarreando este plan ‘ambicioso’ promovido por nuestras autoridades?
Aparte de los dudosos beneficios medioambientales y económicos antes descritos, se está forzando la conversión de un parque de maquinaria frigorífica, que en el caso de muebles frigoríficos de grupo remoto (utilizado en supermercados e hipermercados) puede suponer una inversión estimada de más de 5.000 millones de euros. Empujándole al uso de nuevas tecnologías, insuficientemente experimentadas, en algunos casos todavía de menor eficiencia energética que las actualmente existentes. Mientras que en el resto de Europa esta conversión se está procurando promoverla de manera racional y armónica.
Desde un punto de vista comercial, al margen del resto de las consideraciones expuestas, caricaturizando la situación, cabría decir que este impuesto actúa inversamente a como lo hace un arancel.
Esperamos que en este país llegue un día en que se valoren con rigurosa objetividad las consecuencias, tanto beneficiosas como perjudiciales, económicas y medioambientales, ocasionadas por la adopción de decisiones, pretendidamente “medioambientalmente ambiciosas”, diferentes que las establecidas por nuestros vecinos de la Unión Europea, para que se pueda confirmar si los experimentos se deben hacer o no en casa y únicamente con gaseosa.
