Nuevas regulaciones e impuestos, sumados a cambios de precios constantes, hacen de 2023 un año de incertidumbres

Así lo señalan distintas fuentes del sector del gran consumo y consultoras especializadas, algunas de las cuales llegan incluso a hablar de la sensación de estado de alarma que todo ello puede generar en el usuario, que no alcanzaría a ver de qué manera influye en su bolsillo cada nueva disposición legal.

“Hay tantas cosas a la vez que nadie va a poder sacar conclusiones muy claras pero todo ayuda a generar un estado de alarma y este es el principal problema que hay”, asegura César Valencoso, experto en gran consumo de la consultora Kantar Worldpanel.

El impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, en vigor desde el pasado 1 de enero, es la primera de las normativas que afectarán a la industria agroalimentaria este año y desde la patronal FIAB ya han calculado que tendrá un impacto de 690 millones de euros en las empresas.

La asociación de empresas del gran consumo (Aecoc) añade que este nuevo tributo, que recaerá sobre toda la industria con un tipo impositivo de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico que no sea reutilizable, genera, además, “dificultades administrativas para su aplicación”.

Valencoso detalla que lo normal cuando salen nuevos impuestos es que los precios al consumidor acaben subiendo, pero que ante el actual escenario inflacionista, con los precios de los alimentos un 15,7% más caros que hace un año, este proceso será más moderado y los que se verán más castigados serán los márgenes de la industria y la distribución, que por su información ya llegan muy perjudicados.

“Este impuesto supone más incertidumbre, más ruido y más miedo. En este momento va a ser muy difícil de manejar. Al consumidor le va a hacer mucho ruido y lo va a ver algo como muy negativo y al final le van a subir los precios a corto plazo”, apunta Valencoso.

En su opinión, “que había que hacerlo la industria lo tiene asumido, pero que sea precisamente ahora, con el ruido que va a generar desde el punto de vista del mercado, es de los peores momentos”.

Además, acaba de entrar en vigor el real decreto de envases y residuos de envases, que obliga a la industria a reducir las botellas de plástico de un solo uso, fomentar la venta a granel de alimentos o aumentar los envases reutilizables, y que la patronal calcula que supondrá inversiones de más de 6.000 millones de euros en la próxima década para poder adaptarse.

En paralelo, al menos durante la primera mitad del año, estará vigente la supresión del IVA decretada para los alimentos básicos y la rebaja del 10 al 5% para los aceites y la pasta. A Valencoso le parece "imposible" que un consumidor medio sea capaz de detectar cuánto se ha ahorrado por la bajada de IVA porque hay mucha variabilidad según marcas, establecimientos y categorías, además de cambios constantes de precio, por lo que considera que se trata de una medida”más psicológica que real”.

“Seguir esto es una locura, tenemos a la vez bajadas de IVA, el nuevo impuesto al plástico, otros que pueden venir… Ser capaces de decir el impacto que tiene cada cosa es imposible”, concluye este experto.

Este año, el sector tendrá que adaptarse también a la nueva ley contra el desperdicio alimentario, cuya entrada en vigor se espera para el primer semestre, y que obligará a todos los eslabones de la cadena alimentaria a contar con planes para minimizar las pérdidas de alimentos, con pena de multa de hasta 500.000 euros.

Aecoc recuerda también el real decreto que regula las zonas de bajas emisiones, en vigor desde este mes, ya que puede afectar a la distribución de mercancías en los comercios del centro de las ciudades, en función de las restricciones fijadas por cada municipio.

Desde el centro tecnológico Ainia, enumeran otras iniciativas legislativas que podrían ver la luz en 2023, como las actualizaciones de las normativas europeas sobre los contaminantes en alimentos y sus límites máximos, así como la de los materiales en contacto con los alimentos. Y destaca, asimismo, que este año puede ser el momento en el que se actualicen la norma de calidad de las conservas vegetales y los controles oficiales de los alimentos.