El Gobierno central y la Generalitat compartirán los gastos de trasladar por vía marítima agua desalada desde Sagunto a Barcelona

El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se unen en una estrategia coordinada para hacer frente a la sequía que afecta a gran parte del territorio catalana. En una reunión celebrada en Barcelona el 5 de febrero, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, junto con el conseller d'Acció Climàtica de la Generalitat de Cataluña, David Mascort, acordaron medidas concretas para abordar esta situación de emergencia.

Uno de los principales puntos de acción consiste en el desarrollo de dos proyectos de desalación: Tordera II y Foix. Estas desaladoras contarán con una inversión total de 467 millones de euros, provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central. Se espera que la desaladora Tordera II, situada en Blanes (Girona), con una capacidad de tratamiento de 60 hm³ al año, esté operativa para el año 2028. Por otro lado, la desaladora de Foix, ubicada entre las localidades de Cunit (Tarragona) y Cubelles (Barcelona), se espera que entre en funcionamiento en 2029. Tendrá una capacidad de tratamiento de 20 hm³ al año.

Ambas instalaciones serán equipadas con sistemas fotovoltaicos para el consumo energético, lo que subraya el compromiso con la sostenibilidad ambiental en el desarrollo de estas infraestructuras, apuntaron en una nota de prensa fuentes del Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La gestión de estos proyectos estará a cargo de la empresa pública Acuamed, que será supervisada por el Gobierno central.

En cuanto a las medidas de emergencia, se acordó el traslado de agua desalada desde Sagunto, Valencia, hasta el puerto de Barcelona. Esta solución permitirá disponer de hasta 40.000 metros cúbicos diarios de agua desalada a partir del mes de junio, según las necesidades de las zonas catalanas más afectadas por la pertinaz sequía. El coste de esta intervención se repartirá entre ambas administraciones, mientras la desalación correrá a cargo del Gobierno central, el traslado por mar de la misma será abonado por el Ejecutivo catalán.

La decisión de recurrir al traslado de agua desde Sagunto se tomó tras “una exhaustiva evaluación de alternativas por parte del ministerio, considerando la viabilidad y la simplicidad de la solución”. Desde Miteco se destaca que esta medida no afectará al suministro de agua a la población de origen en Valencia, tal y como declaró Ribera.

El objetivo principal de estas acciones es garantizar el abastecimiento de agua en las provincias de Girona, Tarragona y Barcelona, así como reducir progresivamente la dependencia del trasvase del río Ter a Barcelona. Asimismo, se busca disminuir las extracciones de acuíferos en mal estado ecológico en la costa catalana, como parte de una estrategia integral para abordar la crisis hídrica en la comunidad autónoma.

Esta colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña refleja un esfuerzo conjunto por encontrar soluciones efectivas ante una situación de emergencia que afecta a Cataluña. El compromiso de ambas administraciones de trabajar conjuntamente y asumir la responsabilidad compartida en la búsqueda de soluciones demuestra una voluntad firme de enfrentar los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta gran parte del territorio catalán.

Estas medidas se enmarcan en una estrategia más amplia de anticipación a los impactos de la sequía, tal como establecen los vigentes Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo aprobados en la pasada legislatura. El objetivo a largo plazo es duplicar la capacidad de desalación y reutilización de agua, “consolidando a España como líder europeo en producción de agua desalada y cuarto lugar a nivel mundial en capacidad instalada”.

Desde el ministerio se añade que la colaboración entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para abordar la crisis de sequía demuestra un compromiso conjunto con la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población. Mediante la aplicación de medidas estructurales y las de emergencia se busca garantizar el acceso a un recurso vital como es el agua, sentando las bases para un futuro más resiliente y sostenible para Cataluña.