El agua urbana debe duplicar la inversión anual hasta los 4.900 M€ para afrontar retos futuros

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Fernando Morcillo, y el presidente institucional de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), Manuel Marchena, han presentado en Madrid los resultados de dos estudios que ayudan a situar la problemática de la renovación de las infraestructuras hidráulicas del ciclo del agua urbana y los posibles pasos a realizar para solventar el déficit de financiación.

Actualmente, en España tenemos un amplio y potente patrimonio de infraestructuras en el que, para su renovación, solo se invierten alrededor de 585 M€ anuales a través del sistema tarifario, junto a otros 80 M€ procedentes de presupuestos públicos. Los datos arrojados por este Estudio cuantifican unas necesidades de inversión anuales en renovación de infraestructuras situadas en los 2.221 M€, alrededor de 48 euros “per cápita” y año. Estas cifras ponen de relieve que urge realizar un esfuerzo inversor sostenido, ya que, en la actualidad, se está invirtiendo alrededor de un 70% menos de lo necesario en la renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, lo que conlleva un progresivo y preocupante envejecimiento de las infraestructuras, junto a una fuerte obsolescencia técnica.

Asimismo, es muy importante que las necesidades de inversión en los sistemas de abastecimiento y saneamiento sean incluidas como un elemento fundamental en los planes estratégicos de las diferentes administraciones responsables o involucradas en su conservación y deben ser cuantificables en todos los ámbitos de gestión: municipal, supramunicipal, autonómico y nacional.

Las necesidades de inversión anual en renovación de activos, a nivel nacional y por CC.AA., cuantificadas por el Estudio se resumen en el siguiente cuadro:

En ese sentido, los datos globales nacionales del inventario establecen que en España contamos con un rico patrimonio en infraestructuras del ciclo del agua urbana, con 23.789 km. de red de aducción (tuberías destinadas a conducir el agua desde el punto de captación hasta la planta de tratamiento); 248.245 km. de red de abastecimiento; 189.203 km. de red de saneamiento; 1.640 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP); 29.305 depósitos; 456 tanques de tormenta; y 2.232 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).

Estas infraestructuras muestran un valor teórico de instalación a nuevo de 5.138 M€ para la red de aducción; de 36.059 M€ para la red de abastecimiento; de 128.917 M€ para la red de saneamiento; de 7.454 M€ para las ETAP; de 12.188 M€ para los depósitos; de 1.413 M€ para los tanques de tormenta; y de 14.466 M€ para las EDAR. Estos valores, sumados a los 1.856 M€ de las estaciones de bombeo, arrojan un valor teórico total de activos de 207.492 millones de euros en el ciclo urbano del agua en España. (4.500 euros “per cápita”).

En cuanto a los periodos de renovación necesarios para cada infraestructura, los datos obtenidos se resumen en el siguiente cuadro, que corresponden a periodos de vida útil basados en límites teóricos:

Redactado por PwC a petición y con la colaboración de AEAS y AGA, este documento analiza los posibles mecanismos para aumentar la financiación en infraestructuras del ciclo urbano del agua en España. Además, pretende llegar a un consenso respecto a un “plan de medidas” que permita revertir la tendencia actual, promoviendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo, de manera que se asegure, de una manera real y efectiva para una sociedad desarrollada, el Derecho Humano al Agua y transmita a las generaciones futuras las actuales calidades de prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento, y adaptarlas a los nuevos requerimientos y exigencias.

A partir de la crisis, los niveles de inversión en infraestructuras hidráulicas en España han disminuido drásticamente. En comparación con otros países europeos, nuestro actual grado de inversión es muy bajo, prácticamente menos de la mitad de nuestros homólogos. Así como otros países van aumentándolo, en España hay una fortísima reducción (2,5 veces menos en el periodo 2014-2017 respecto al 2007-2009). Además, España es el país europeo más vulnerable a los efectos del cambio climático, dado que ya presenta una elevados niveles de estrés hídrico y riesgo de desertificación. Además, actividades clave para la economía española como la agricultura o el turismo, son intensivas en consumo de agua.

Como se ha mencionado anteriormente, las necesidades de inversión en la renovación de infraestructuras supondrían un mínimo de 2.221 millones de euros al año. En relación a la obra nueva, la inversión necesaria para la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas relacionadas con el ciclo del agua asciende a 45.192 M€ hasta 2033. Todas estas necesidades están planificadas y programadas en los diferentes Planes Higrológicos de Cuenca, aprobados en 2015, y que están siendo ajustadas y optimizadas en el denominado Plan DSEAR, lanzado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Para el ámbito urbano se pueden resumir que, para el 2°Ciclo de Planificación correspondiente a 6 años -teóricamente desde el 2015 a 2021, ya sobrepasado y no cumplido- el importe destinado a obra nueva del ámbito urbano se sitúa en 11.800 M€ y que, básicamente, están recogidos en el capítulo de Objetivos Ambientales del mencionado Plan DSEAR. En el detalle y de forma anualizada, esta cifra supone una necesidad de inversión de 1.900 M€ al año.

Asimismo, el sector del agua urbana considera que hay que invertir, adicionalmente, otros 300 M€ anuales por nuevos requerimientos de calidad y 500 M€, que ya se cumplen, para la mejora operativa de los servicios.

Todo ello supone que se requiere una inversión anual total de 4.900 M€, 105 euros “per cápita” año, de forma sostenida, para cumplir los objetivos de depuración de aguas residuales, conservar el patrimonio existente y adaptarse a los requerimientos futuros como son una mayor calidad, adaptación a la economía circular y reforzar la acción contra el cambio climático. Los países TOP 10, según los datos de “Global Competitiveness Index” del Fondo Económico Mundial, invierten “per cápita” 140 dólares al año.

En años anteriores, de 2009 a 2015, solo se han invertido 2.400 M€, un 49% de las necesidades, habiéndose reducido drásticamente la aplicación presupuestaria en los últimos años, hasta llegar a cifras prácticamente irrisorias. Esto significa que, teniendo en cuenta el ritmo de inversiones realizadas en los últimos años, se está produciendo un déficit total de inversión de cerca de 2.500 M€ al año.

Por otro lado, cabe destacar que España tiene una de las tarifas de agua urbana –que engloba el uso doméstico, industrial y comercial- más bajas de Europa. Nos situamos un 45% por debajo de la media europea, con un precio de 2,2 euros/m3 frente a los 3,5 euros/m3 de media en la UE.

Además, si tomamos como referencia el “esfuerzo” económico que supone para los usuarios el pago de la factura, España sería el segundo país de la UE con menores índices de esfuerzo en el pago de su factura doméstica de agua, situación que contrasta con el gasto que realizamos en otros servicios o “utilities” como la electricidad o el teléfono. Así, nuestro esfuerzo se sitúa un -29% por debajo de la media europea en agua, frente a un +23% y un +25% por encima de la media en electricidad y telefonía, respectivamente. Se entiende como “esfuerzo” económico del ciudadano la relación entre lo que paga por el agua respecto a los ingresos que recibe (Consejo General de Economistas).

Ya que todo hace indicar que las diferentes administraciones públicas van a continuar teniendo restricciones presupuestarias y que el precio de nuestra tarifa está muy por debajo de la media europea, el Estudio señala que la vía de financiación más factible sería una subida escalonada de tarifas que permita financiar las nuevas infraestructuras.

Ello está en consonancia con los principios de la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece los principios de “recuperación de costes”, una “adecuada contribución del usuario” y de que “quien contamina paga”, y que siguen algunos de los países más avanzados del norte de Europa.

En ese sentido, estima que debería producirse una subida tarifaria controlada y progresiva para pasar, en menos de 10 años, desde los 2,2 euros/m3 actuales, a los 3,6 euros/m3, que llevaría a España a niveles similares a la media europea y permitiría dar cumplimiento a los preceptos de la DMA. Esto supondría que, de aquí a 10 años, la tarifa del agua debería incrementarse en un 63% si queremos garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua, hacer frente a las inversiones necesarias y a las exigencias establecidas por la UE.

Esta previsión no compromete el principio de asequibilidad del agua establecido por la ONU del 3% de la renta disponible de un hogar, ya que actualmente España se sitúa en el 0,9%.

Por otro lado, esta opción de subida escalonada de tarifas es compatible con los diferentes modelos de gestión de los servicios de agua urbana en España –público, privado o mixto- existentes en nuestro país y seguiría el modelo de la mayoría de los países del norte de Europa donde, de acuerdo a la DMA, el principio de recuperación de costes a través de la adecuada contribución del usuario, es la norma.

Asimismo, el Estudio propone otra serie de medidas a corto, medio y largo plazo que permitan hacer frente al actual déficit de inversión en infraestructuras del ciclo urbano del agua. Entre ellas destacan las siguientes:

• Asegurar que las tarifas/cuotas de inversión sean finalistas, es decir, el dinero del agua sea para el agua.
• Incentivación de los modelos de agregación municipal, para ganar economías de escala, y apoyo a los municipios que deberán hacer separación de actividades.
• Ajustes en la normativa actual de contratación pública, tales como la adaptación de la tasa de retorno financiero, o una flexibilización en la revisión o actualización de tarifas, asegurando el control público, todo ello para fomentar las soluciones de financiación.
• Creación de un fondo nacional de carácter público-privado y abierto a la participación ciudadana, orientado a la financiación de proyectos de infraestructuras de agua urbana.
• Elaboración de una base de datos de carácter público a nivel tanto técnico/operativo como económico/financiero, que permita un Benchmarking (comparación) transparente.
• Trasparencia en los programas y ejecución de inversiones.
• Establecimiento de un marco metodológico de cálculo de los costes y las tarifas urbanas de agua, armónico en todo el territorio nacional.
• Establecimiento de un cuerpo Regulador.