España necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración de aguas para evitar las sanciones de Bruselas

Miles de kilómetros de AVE y de carreteras. Así se ha medido el desarrollo de infraestructuras en España en los últimos 25-30 años. Sin embargo, aún quedan pendientes centenares de actuaciones que deben medirse en metros cúbicos. De hecho, nuestro país necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración y saneamiento de aguas en alrededor de 200 actuaciones de poblaciones que no cumplen con la Directiva Europea y que pueden suponer sanciones de Bruselas, según denunció el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las 11 principales ingenierías españolas, en el marco de la jornada ‘¿Cómo encauzar el problema del agua en España?’ celebrada en Madrid.

A esta inversión en nuevas infraestructuras del agua, habría que añadir la destinada a modernizar y renovar las depuradoras y redes de saneamiento existentes. Es el caso por ejemplo de Madrid, que acaba de convocar el concurso para poner al día un sistema que data de los años 70 y que no cumple con los preceptos actuales de calidad de la Unión Europea.

Asimismo, otras comunidades como Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha están acelerando sus procesos de licitación desde el pasado año, empezando así a contrarrestar la parálisis inversora del sector público desde el inicio de la crisis, cuando el recorte en infraestructuras bajó del 2% del PIB, que impidió culminar la ejecución del Plan de Calidad de las Aguas 2007-2015.

De hecho, España ocupa en la actualidad el puesto 26 de entre los 28 miembros de la Unión Europea en inversión pública en depuración y saneamiento, con una inversión media de 6 euros por habitante, que debería al menos duplicarse para corregir los desequilibrios y cumplir con la normativa comunitaria en materia de calidad de aguas.

Cuadro 1. Actuaciones pendientes en depuración y saneamiento de agua en España. Fuente: Fidex.

Además de infraestructuras, el agua en España tiene otra cuenta pendiente en la gestión. Y en este sentido nuestro país trabaja sobre un horizonte a 2027, pues para entonces, tal como señala Bruselas en su directiva marco, nuestro país debe haber corregido los desequilibrios hídricos en las cuencas.

Esa solución podría pasar por terminar con la sobreexplotación de los acuíferos sin necesidad de recurrir directamente a la construcción de grandes infraestructuras, no exentas de polémica, como presas o trasvases.

Otra posibilidad es la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, que ya tendría el primer paso andado, ya que los planes de cuencas están prácticamente aprobados en su totalidad. Sin embargo, esta opción requiere de un consenso entre todas las partes, sobre todo las comunidades autónomas que en los últimos años, y amparadas en muchos casos por los Estatutos de Autonomía, se han erigido en ”propietarias” del agua que transcurre por sus territorios.

Si bien los planes de cuenca son los primeros planes de definición de inversiones e intervenciones, las grandes ingenierías consideran necesario que la Administración invierta en estudiar en profundidad la mejor solución para la gestión sostenible de los recursos con un enfoque holístico midiendo el coste/beneficio no sólo meramente económico, sino el social, ambiental, etc., lo cual supone anteponer el criterio técnico a las prioridades políticas.

Para Fidex, España tiende a ser excesivamente conservadora en el planteamiento de nuevas infraestructuras y no sólo por falta de inversión pública sino también para evitar confrontaciones directas con Bruselas, que no está dispuesta a aceptar nuevos impactos sobre las masas de agua a no ser que estén exhaustivamente justificados. El cambio de paradigma europeo hacia el logro de objetivos de carácter ambiental condiciona la aplicación de soluciones habituales basadas en las infraestructuras, y aumenta el riesgo de que los problemas de desequilibrio hídrico acaben por enquistarse ante la falta de decisión política.

El desequilibrio entre cuencas no es el único problema de gestión por atajar. España sufre los rigores del cambio climático y de un clima extremo, con largos periodos de sequías y lluvias torrenciales que cada vez con más frecuencia provocan trágicos episodios de desbordamientos e inundaciones.

Lo cierto es que España ya tiene unos planes especiales de sequía, pero están pendientes de revisión, ya que los supuestos que contempla están desfasados. Gestionar adecuadamente la sequía no es tanto pensar en construir nuevas infraestructuras para dar cobertura a zonas de escasez de agua endémica por el desequilibrio entre los recursos y la demanda, sino establecer un marco de normas de actuación en situaciones críticas que pueden aparecer incluso en cuencas húmedas.

Y lo mismo sucede con el otro extremo, las inundaciones, donde urge recuperar la apuesta inversora que se ha reducido hasta la décima parte de lo que era antes de la crisis. Si bien la Administración ha hecho un esfuerzo razonable para tener un mapa a gran escala de riesgos en todas las cuencas ésta resulta a todas luces insuficiente para tomar decisiones certeras.

No obstante, las ingenierías no reclaman grandes obras para mitigar los riesgos por estos fenómenos cada vez menos extraordinarios, sino estudios con mayor nivel de detalle y con una visión 360º que combine múltiples variables como la urbanización, impacto social, medio ambiente, etc. La idea es anticiparse, es decir, prevenir el efecto devastador de las crecidas por el cambio climático y reducir riesgos, siempre a partir de decisiones basadas en estudios rigurosos de costes y beneficios, muy complejos además cuando el beneficio buscado consiste en evitar daños futuros.

Hay que pensar también en medidas innovadoras para mitigar los impactos de los fenómenos extremos y de la subida del nivel del mar en el litoral, con el añadido de la importancia que la costa tiene para la economía española, y en concreto el turismo.

En este sentido, episodios recientes como las lluvias torrenciales en el sur del país a finales del año pasado recuerdan lo mucho que queda por hacer. Es por ello que urge mejorar los estudios que combinan la subida de nivel del mar con las inundaciones de los ríos para tomar decisiones cuando coincidan ambos riesgos pues el desagüe fluvial es más complicado.

Según el director general de Fidex, Fernando Argüello, “si bien quedan infraestructuras por hacer, el reto que plantea el agua en nuestro país, debido al desequilibrio entre cuencas y el cambio climático, requiere pensar en planificación y diseño no tanto en hormigón. Con un porcentaje muy pequeño de la inversión se podrían hacer mejores estudios y con mayor nivel de detalle que son los que sirven para tomar decisiones, cauce a cauce, pueblo a pueblo y cuenca a cuenca”.