La Junta de Andalucía ignora al Supremo al asumir las competencias sobre el Guadalquivir
11 de junio de 2013
De hecho, Fenacore recuerda que esta sentencia del Supremo ratificaba la decisión del Constitucional de anular la potestad sobre la cuenca del Guadalquivir reflejada en la reforma del Estatuto de Andalucía, pero también la sentencia del TC que retiraba a la Junta de Castilla y León las funciones legislativas y de ejecución sobre el río Duero, zanjando cualquier duda sobre la invasión de competencias del Estado por parte de las autonomías.
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Sin embargo, el presidente de los regantes confía en que cualquier argucia tendente a vaciar las competencias del Estado en materia de política hidrológica se tope, como en ocasiones anteriores, con el freno de la ley para asegurar que la gestión se realiza de acuerdo al interés general y no a los criterios localistas de las autonomías.
Según Andrés del Campo, “el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los españoles y no propiedad del que la tenga más cerca. Esto se consigue sólo con una independencia política en su gestión realizada por las propias demarcaciones hidrográficas y sin sucumbir a presiones autonómicas. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando la conflictividad social y las temidas guerras del agua donde los usuarios son siempre los principales perjudicados”.