Presentación en Sevilla

La agricultura de conservación permite reducir emisiones y aprovechar la posibilidad de secuestro de CO₂ del suelo, lo que va a suponer una fuente adicional de ingresos para los agricultores.

La agricultura de conservación es una práctica cada vez más extendida en Andalucía y en otras comunidades autónomas de España como es el caso de Aragón, Castilla y León o Castilla-La Mancha, ya que mejora la materia orgánica del suelo, reduce los costes y puede incrementar las producciones. Hasta ahora, los agricultores que optaban por estas prácticas no recibían ningún ingreso adicional por su valiosa contribución a la mitigación del cambio climático, pero, ¿y si fuera posible cobrar por descarbonizar?

Ante un nuevo modelo de PAC que profundiza en el carácter medioambiental de esta política, obtener unos ingresos adicionales por el secuestro de CO₂ puede resultar muy interesante para todos los agricultores. Por este motivo, ASAJA-Sevilla ha celebrado la Jornada 'La Nueva PAC 2023-2027: Rentabilizando la Agricultura de Carbono', en la que se han abordado ambas cuestiones.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, y por el director de Agoro Carbon Alliance-Europe, Mats Rosenberg.

Ricardo Serra ha recordado que la sostenibilidad contempla una triple vertiente: social, medioambiental y económica, y si no hay un beneficio económico, ningún cambio ni ningún sistema tendrá continuidad. El presidente de ASAJA-Sevilla ha asegurado que “el camino de la agricultura de carbono que se inicia es extraordinariamente interesante para todos los agricultores porque supondrá una nueva fuente de ingresos”.

Por su parte, Mats Rosenberg, ha presentado a los más de 200 asistentes a Agoro Carbon Alliance-Europe, una empresa de sostenibilidad creada y respaldada por Yara con el objetivo de acelerar la descarbonización de la agricultura global, y se ha mostrado entusiasmado por el inicio de su colaboración con ASAJA-Sevilla para ofrecer a los agricultores unos ingresos adicionales.

Tras el acto de inauguración, la jornada ha contado con una mesa redonda en la que se ha debatido la fórmula para obtener un rendimiento económico de la agricultura del carbono en el marco de la nueva PAC. La mesa ha estado moderada por el director de la Asociación Europea de Agricultura de Conservación Suelos Vivos y coordinador del proyecto LIFE Agromitiga, Óscar Veroz, y ha contado con la participación del profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, Emilio J. González; la directora de Marketing y Comunicación de Agoro Carbon Alliance-Europa, Ana Isabel Nogales, y el ingeniero agrónomo y agricultor Felipe Cortines.

Veroz ha introducido el debate recordando que la Comisión Europea ha instado a los gobiernos a incrementar los objetivos medioambientales, así como el importante papel que la agricultura de conservación puede desempeñar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que han de reducirse un 55% antes de 2030.

En este sentido Emilio González ha explicado en su intervención cómo con las prácticas correctas puede reducirse la erosión y lograr además el almacenamiento de carbono en el suelo, algo esencial en España, ya que nuestro país es uno de los que tiene menos niveles de carbono en el suelo. Además, como ha recordado, aproximadamente el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente a partir de nuestros suelos, cuando la erosión del suelo afecta ya al 25% de las tierras agrícolas de la UE y aumentó un 20% entre 2000 y 2010, mientras que las reservas de carbono en los suelos están disminuyendo debido al cambio climático.

Por todo ello ha informado sobre la capacidad mitigadora que ofrece la agricultura de conservación, que se basa en tres pilares: la mínima alteración del suelo (que permite mantener el carbono en los campos y reducir los gastos), la cobertura permanente (las cubiertas vegetales mejoran la salud del suelo y ayudan a mantener el carbono almacenado) y la rotación de cultivos.

Por su parte, Ana Isabel Nogales ha explicado a los asistentes qué son los créditos de carbono, un instrumento contemplado en el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de GEI. Cada crédito, explicó, equivale a una tonelada de dióxido de carbono que ha sido dejada de emitir a la atmósfera para compensar las emisiones que ocurren en otros ámbitos (1 crédito = 1 tC0₂). Hay dos tipos de mercado: regulados y voluntarios o de compensación. Para certificar esa retención de carbono en el suelo están las empresas certificadoras, cuyos certificados dan garantía de calidad para determinar la elección de créditos de carbono por parte del comprador.

En este sentido Agoro Carbon Alliance se plantea como una alianza que mira a los agricultores como colaboradores y les ofrece un “nuevo modelo de negocio, proporcionando unos ingresos adicionales a través de créditos de carbono de alto valor, certificados, y ofreciéndoles, además, un soporte agronómico apoyado en la ciencia”. Como ha asegurado, “adoptar prácticas agrícolas correctas contribuirá a la prosperidad agrícola, la estabilidad financiera, la producción sostenible de alimentos y el impacto climático positivo”.

Nogales ha detallado cómo funciona el Programa de Créditos Agoro, un programa pionero de participación de los agricultores en los mercados de compra de crédito de carbono destinado a aquellos agricultores que desean estar preparados para los cambios en el sector agrícola, contribuir a mejorar la salud y la estructura del suelo, a la vez que aumentar sus ingresos, reducir costes operativos, mejorar la calidad de su producción y crear un impacto positivo en el cambio climático. “El mercado de créditos de carbono es un mercado creciente, que cada vez será más demandado, y puede ofrecer un futuro rentable y sostenible”, ha asegurado.

Por último, el agricultor Felipe Cortines ha expuesto su experiencia como “forofo” de la agricultura de conservación porque, como argumentó, este tipo de agricultura “propone soluciones a los problemas de erosión, es rentable, está adaptada al cultivo y al terreno, no hay secretismo industrial (el agricultor está dispuesto a mostrarte sus técnicas) y tiene menos laboreo, y además a partir de ahora podrá empezarse a cobrar por el carbono secuestrado”.

Asimismo, en el encuentro se ha analizado el nuevo modelo de PAC, en vigor desde la próxima campaña, y cuya vertiente medioambiental cada vez más acusada, introduce novedades que tendrán una tremenda incidencia en la agricultura y la ganadería del próximo decenio. Uno de los conceptos más novedosos, más polémicos y que más debate ha suscitado es el de los eco-esquemas o eco-regímenes, aquellas medidas de carácter medioambiental con las que las explotaciones deben cumplir para percibir una parte de las ayudas directas de la PAC.

Esta cuestión ha sido desarrollada por el coordinador de Agricultura y Ganadería de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Armando Martínez, quien ha detallado cómo será la PAC a partir de 2023, su estructura y grandes novedades que incorpora, como el nuevo modelo de gobernanza, que supondrá que los Estados miembros tendrán mayor flexibilidad en el diseño de muchos de sus instrumentos, o la nueva arquitectura verde, que incluye los ecoesquemas, las ayudas agroambientales y una condicionalidad reforzada necesaria para poder cumplir el 100% de los pagos.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Vicente Pérez, que ha clausurado el encuentro, ha valorado que la Comisión Europea haya dado el visto bueno al modelo de regiones propuesto por España y ha insistido en la demanda de Andalucía para equiparar los ecoesquemas a las nuevas regiones.

Vicente Pérez ha mostrado su preocupación por la complejidad que entrañan los sistemas de control de la nueva PAC, que van a conllevar un reforzamiento de los sistemas de asesoramiento y un esfuerzo notable en digitalización.