Cepesca defiende nuevas medidas técnicas coherentes y un sistema de control proporcionado para garantizar el éxito de la obligación de desembarque para evitar descartes en la pesca

El vicepresidente de la Confederación Española de Pesca, Juan Manuel Liria, planteó ayer, durante la audición sobre la nueva política de descartes organizada por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que la propuesta de la Comisión conocida como Reglamento Ómnibus, que pretende ayudar a cumplir con la obligación de desembarcar todas las capturas de las especies sometidas a TAC y cuotas y las que tengan tallas mínimas, no es una solución sino que apenas corrige contradicciones normativas de la propia Política Pesquera Común (PPC) que fuerzan a descartar a los pescadores.

Liria destacó que son las propias medidas técnicas de la PPC las que han obligado hasta ahora a descartar, todo ello debido a un reparto de cuotas insuficientes y desequilibrado por la aplicación de la estabilidad relativa, por la prohibición de desembarcar tallas mínimas o por no tener cuotas de especies que se capturan accidentalmente.

El representante de Cepesca ha apostado por unas medidas técnicas coherentes que se puedan cumplir y por un sistema de control proporcionado que ayude a poner en marcha la nueva obligación de desembarques. Para ello, propone hacer uso de la regionalización para el diseño de los planes de descartes y, si fuese necesario, retrasar la entrada en vigor de la norma.

Para Liria, "la aplicación de la nueva política de descartes es un gran desafío para los pescadores de la UE. El sector, por el momento, solo tiene incertidumbres, ya que desconocemos cómo se van a fijar los nuevos TACs, cómo se van a diseñar los planes de descartes y la regionalización y cómo se van a aplicar los mecanismos de flexibilidad previstos en el Reglamento comunitario. Por ello, necesitamos que la aplicación sea progresiva y flexible para adaptarse paulatinamente y sin sanciones duras".

Para Cepesca lograr la eliminación de los descartes pasa por un reparto equilibrado de las posibilidades de pesca. La PPC lleva 20 años de retraso en la aplicación de políticas de prevención de los descartes por un reparto desequilibrado e inflexible de cuotas.

La obligación de descargar debe ser un objetivo a largo plazo y no inmediato debido a la falta de experiencia en la aplicación de estas políticas y la falta de adaptación a la realidad de las diferentes pesquerías europeas que plantean muchas singularidades y dificultades específicas en su aplicación, especialmente las pesquerías mixtas.

Liria insistió en que “dado el carácter de la legislación, la prioridad debe estar en una buena implementación, dejando de lado un falso sentido de urgencia y atendiendo a valorar el impacto de la medida a todos los niveles, social, económico y medio ambiental de la misma, de manera que se facilite el cumplimiento del objetivo último que es eliminar los descartes en beneficio de todos”.

Liria propuso que se agilice la tramitación de las nuevas medidas técnicas, que no llegarán a tiempo de la entrada en vigor de la obligación de desembarques en 2015 por la lentitud del proceso legislativo comunitario en co-decisión, por lo que reclamó una aplicación flexible y progresiva mientras se pone a prueba.

Recalcó que son necesarios planes regionales de descartes elaborados de abajo hacia arriba para garantizar una buena implementación y cumplimiento. El control debe introducirse de manera progresiva, partiendo de la experiencia adquirida. Un control suave durante los primeros años ayudará a aclarar los asuntos pendientes en cada pesquería y a ganar el apoyo y la comprensión de los pescadores.

Finalmente, Liria señaló que la obligación de desembarcar es una solución rápida y poco eficaz que carece de una evaluación de impacto sectorial, que conlleva una carga administrativa excesiva para los Estados miembros y para los pescadores, impone nuevas reglas para el control remoto electrónico y para los observadores. Introduce sobrecarga de trabajo por la estiba y control de la comercialización de las capturas por debajo de talla mínima separada y sanciones desproporcionadas al considerarse la violación de la obligación de descarga como una infracción grave.