La Confederación Española de Pesca, Cepesca, ha remitido sendos escritos al Comisario de Pesca de la Unión Europea, Joe Borg, a la Ministra de Medio Ambiente y Medio rural y Marino, Elena Espinosa y a la Conselleira de Pesca de la Xunta de Galicia, Carmen Gallego, pidiendo el respaldo de las tres administraciones a las cuatro propuestas de Programas de Adaptación de Flota (PAF), presentadas el pasado mes de diciembre por la organización.
En el escrito Cepesca argumenta la necesidad y la conveniencia de poner en marcha cuanto antes estos programas, que suponen el desguace de 65 buques, de los que 46 son gallegos, nueve del País Vasco, cuatro de Canarias, tres de Cantabria y tres de Andalucía, en línea con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 744/2008 del Consejo, de 24 de julio de 2008, por el que se establece una acción específica temporal para promover la reestructuración de las flotas pesqueras de la Comunidad Europea afectadas por la crisis económica.
El Secretario General de Cepesca, Javier Garat, explica que, a día de hoy, sólo País Vasco, Cantabria y Baleares han decidido presentar Programas de Adaptación.
“Estamos convencidos de que nuestros PAF cumplen escrupulosamente la normativa comunitaria”, insiste Garat, ya que, los cuatro PAF se ajustan al requisito de los costes energéticos y al de la reducción del 30% de capacidad en tonelaje bruto (GTs) y KWs, al tratarse de “grupos coherentes de buques que comparten propiedades comunes”. Cada PAF tiene su propia lógica interna y hacen referencia a las especies explotadas, a la zona de pesca, al origen geográfico de los buques o al arte de pesca, tal y como exige la Comisión Europea.
Tal y como asegura Cepesca en el comunicado, para la confederación no es grato tener que presentar propuestas de desguace, que suponen la destrucción de empresas, ya que lo deseable sería que se pudieran mantener todas ellas en activo, rentables y competitivas. Sin embargo, la mala situación económica que aqueja al sector pesquero y, sobre todo, las perspectivas de futuro, nos han llevado, “en un ejercicio de responsabilidad”, a presentar las propuestas y a intentar aprovechar los mecanismos que la legislación europea pone en nuestras manos para que los que se vean obligados a abandonar la actividad lo puedan hacer de forma digna y para que los que logren continuar con la dura actividad pesquera lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles.