El sector pesquero garantiza suministro de sus productos pese a las dificultades
El sector pesquero, a pesar de los problemas que vive, sobre todo la flota de bajura, y de las dificultades que están encontrando en puertos de terceros países las flotas congeladoras, garantiza a la población española el suministro de productos pesqueros en estos momentos, así como durante el tiempo que requiera la situación que ha provocado la crisis COVID-19. Según Javier Garat, secretario general de CEPESCA, “el sector está haciendo un gran esfuerzo humano y financiero para seguir faenando y suministrar a los ciudadanos una proteína, la del pescado, básica para una dieta saludable y durante el tiempo que sea necesario. Parte de la flota de bajura –añade Garat–, y la gran mayoría de la flota de Gran Sol y de la congeladora sigue pescando y tiene intención de seguir haciéndolo”.
En este sentido, CEPESCA recuerda que en España tenemos una flota muy diversa que posibilita mantener la actividad a pesar de las dificultades. Así, la flota de bajura, que continúa pescando, sigue suministrando una gran variedad de pescado fresco y de calidad, y las flotas de altura de Gran Sol (aguas de Irlanda, Reino Unido y Francia) y la congeladora son suministradoras de especies también de mucha calidad como merluza, gallo y rape frescos, y de bacalao, fletán, marisco (como gamba, langostino o carabinero), atún, pez espada, tiburón, gallineta, pota o calamar, entre otras, respectivamente.
Estas dos últimas flotas están resolviendo distintas problemáticas en los puertos donde descargan para garantizar la salud de los tripulantes y el suministro de pescado. Así, muchas de ellos, de común acuerdo con los marineros, están manteniendo a las tripulaciones a bordo para evitar contagios.
Por lo que se refiere a la flota congeladora, uno de sus mayores problemas es el relevo de las tripulaciones debido a las dificultades y restricciones de las comunicaciones aéreas, lo que ha llevado a los armadores a solicitar la prolongación del turno actual por unas semanas más. Otro inconveniente es la renovación de las licencias de pesca debido a la falta de inspectores y personal administrativo en países terceros como consecuencia de las restricciones impuestas en éstos.
Según Cepesca, el sector pesquero está librando una dura batalla para mantener la actividad día a día y, en este sentido, solicita corresponsabilidad a todos los eslabones de la cadena comercial para que los precios finales que paga el consumidor sean proporcionales a los que se pagan en primera venta.
Sin respuesta a la solicitud de ERTES de la flota de bajura
Respecto a la flota de bajura, los problemas para operar se agudizan en el Mediterráneo, Golfo de Cádiz y Cantábrico Noroeste, pero en torno al 50 % sigue faenando a pesar de ello. Las situaciones más complicadas se están produciendo en el Mediterráneo donde, en torno a 2.000 barcos de un total de 7.000 buques, aproximadamente, han parado su actividad. Igualmente, en Galicia, entre 2.000 y 2.500 embarcaciones de un total de 4.200 mantienen su actividad, aunque, por ejemplo, la flota de marisqueo de Rías Baixas ya se ha detenido.
En el caso de la bajura, al hundimiento de los mercados de proximidad, como consecuencia del cierre de los sectores de turismo y restauración, se une la dificultad de cumplir las normas de prevención y de distancias mínimas contempladas en el RD del pasado 14 de marzo, por las características de los buques de esta flota, además de carecer de medios de protección o material que pueda garantizar la seguridad de los trabajadores.
Todo ello provocó que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y Cepesca presentaran, hace ya una semana, una solicitud al Gobierno, para que esta flota pudiera acogerse a la presentación de ERTES, teniendo en cuenta estas circunstancias y también como medida para garantizar el mantenimiento del empleo en el futuro. A esta solicitud, que aún no ha obtenido respuesta, se han unido recientemente los sindicatos UGT y CC.OO. En este sentido, Cepesca agradece públicamente la colaboración de los sindicatos.
A pesar de que algunas Comunidades Autónomas ya han admitido a trámite la presentación de los primeros ERTES presentados, el sector solicita al Ejecutivo central pronunciarse sobre este particular ya que simplificaría y agilizaría la tramitación para hacer frente a la grave situación que atraviesa esta flota y para garantizar el empleo una vez superada esta crisis.
Frente europeo
Por otra parte, las patronales europeas de armadores y productores, Europêche y EAPO, respectivamente, han solicitado al comisario europeo de pesca una videoconferencia para insistir en la toma de decisiones que apoyen la actividad ante las medidas proteccionistas de los estados miembros decretadas para evitar la propagación de la infección por COVID-19 e impedir que se destruyan las estructuras pesqueras de la UE tras esta crisis.
En su solicitud, ambas organizaciones argumentan que el sector está sufriendo una crisis sin precedentes debido a que estas medidas están produciendo en algunos países de la UE unos efectos socioeconómicos extremadamente graves como: fuertes reducciones de la demanda del mercado, caídas de los precios, deficiencias en aspectos logísticos, ausencia de material de protección o restricciones a la movilidad de las tripulaciones. Ambas organizaciones, como ya hicieron la semana pasada, afirman que de no tomarse medidas la actividad pesquera puede paralizarse y solicitan a la UE centrar los esfuerzos en asegurar la continuidad de la actividad para garantizar el suministro de productos pesqueros, así como facilitar asistencia financiera a las flotas que han tenido que detener su actividad. En este sentido, y en la videoconferencia ahora solicitada, ambas organizaciones volverán a proponer, entre otras medidas: una mayor flexibilidad para poder transferir la cuota no utilizada de un año para el siguiente y precios de intervención más altos para el pescado que no se venda; garantizar las necesidades logísticas de tripulaciones, barcos, lonjas y salas de subastas; modificar la regulación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesa para proporcionar ayuda financiera a aquellas compañías pesqueras obligadas a cesar sus operaciones, e introducir medidas como la reducción del IVA y la suspensión de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos.
