CEPESCA apoya el desarrollo de una herramienta de predicción de riesgos de pesca ilegal en el marco del proyecto TRIP de EJF Y SFP
La Confederación Española de Pesca, CEPESCA, apoya y valora el desarrollo de una herramienta de predicción de riesgos de pesca ilegal en el marco del proyecto TRIP (Tuna Risk Identification Project) que impulsan las organizaciones no gubernamentales Environmental Justice Foundation (EJF) y Sustainable Fisheries Partnership (SFP).
La iniciativa se ha presentado hoy en la sede de la Secretaría General de Pesca del MAGRAMA, en Madrid, en un evento en el que se han analizado los riesgos de importaciones de atún IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) procedente de terceros países, en los que no existe una regulación tan estricta como la de la Unión Europea (UE) o su cumplimiento se caracteriza por la laxitud y la falta de control.
TRIP es una iniciativa de consulta multilateral que pretende ayudar a las empresas españolas que se abastecen, procesan, elaboran y comercian con atún a identificar riesgos de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en su cadena de suministro, así como a establecer medidas que disminuyan dichos riesgos.
CEPESCA considera que iniciativas como el proyecto TRIP, que se desarrollará entre junio de 2015 y septiembre de 2016, contribuyen a garantizar unas prácticas de pesca responsables que, unidas a los esfuerzos que están haciendo las propias flotas atuneras, tales como la española, contribuye a garantizar la sostenibilidad de las especies y de la actividad pesquera. CEPESCA ha subrayado la importancia de que este proyecto se desarrolle en otros países de la UE y, en concreto, en Rumanía, Holanda o Alemania, principales importadores de atún de países con más riesgo de IUU.
Según el secretario general de CEPESCA y presidente de Europêche, Javier Garat, “es prioritario garantizar que el atún que llega a los consumidores ha sido capturado de forma legal y sin hacer uso de prácticas que no respetan ni los derechos humanos ni la sostenibilidad de las especies. La flota atunera europea, con España a la cabeza –prosigue Garat- invierte desde hace años en el desarrollo y despliegue de sistemas que garantizan el cumplimiento de la normativa y no exigir a países terceros el respeto de estas prácticas significa dar luz verde a la competencia desleal y negar a los ciudadanos su derecho a un consumo de atún responsable”.
