El Gobierno impulsa una ley pionera en Europa para proteger a los menores en entornos digitales
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes un proyecto de ley orgánica destinado a reforzar la protección de los menores en el ámbito digital, una iniciativa que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado como "integral, ambiciosa y pionera en Europa". Según explica el comunicado emitido por La Moncloa, la norma surge ante la preocupación por riesgos como el acceso precoz a dispositivos móviles —la edad media en España es de 11 años—, la exposición involuntaria a contenido pornográfico o la proliferación de violencias en redes sociales, situaciones que alarman al 90% de la ciudadanía según encuestas citadas por el Gobierno.
El proyecto de ley orgánica establece que los fabricantes de dispositivos tendrán que incluir sistemas de control parental efectivos y se penalizarán las 'ultrafalsificaciones' de contenido sexual o finalidad vejatoria. Además, se fomentará el aprendizaje de las competencias digitales y la prevención de las adicciones.
El texto legislativo establece derechos específicos para los menores en el entorno digital, como la protección efectiva, el acceso equitativo a dispositivos y conexiones y la salvaguarda de su intimidad, honor e imagen. Entre las medidas técnicas destacan la obligación para fabricantes de incluir sistemas de control parental gratuitos y accesibles, así como la regulación exhaustiva de mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos, conocidos como 'loot boxes', desarrollada en colaboración con la Comisión Europea.
En el ámbito educativo, la ley promueve competencias digitales mientras exige a los centros regular el uso de dispositivos móviles, tanto en aulas como en actividades extraescolares, en línea con normativas autonómicas. Además, introduce protocolos para combatir violencias digitales, especialmente de género y sexual, garantizando a las víctimas acceso a servicios psicológicos, sociales y jurídicos. El sector sanitario deberá elaborar guías para prevenir conductas adictivas derivadas del uso de redes sociales.
La estrategia nacional complementaria incluirá un plan de alfabetización mediática, una escuela para padres sobre entornos digitales y laboratorios públicos de cultura digital. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, destacó la participación del Consejo Estatal de Participación Infantil en la elaboración de la norma: “Sus aportaciones han sido relevantes y sensatas”.
El proyecto también modifica el Código Penal, tipificando como delitos la difusión indiscriminada de pornografía a menores, los 'deepfakes' sexuales o vejatorios, y la creación de perfiles falsos por adultos para captar víctimas. En el ámbito audiovisual, grandes operadores e 'influencers' deberán habilitar canales de denuncia, verificar la edad de usuarios y segregar contenidos inapropiados.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto europeo donde España avanza en la armonización de normas, como refleja la transposición paralela de una directiva sobre sanciones a infracciones contra la UE. Con una combinación de medidas técnicas, educativas y penales, el Gobierno busca liderar la protección de los menores en un entorno digital cada vez más complejo.
