La Administración Pública avanza en su digitalización

Según recoge un estudio de Accenture e IDC 'El momento de la política digital 2023', un desafío común para los organismos del Sector Público es el encargo de hacer más trabajo, más rápido y con mayor precisión, pero con menos recursos. Gran parte de este trabajo requiere mucho tiempo, en numerosas ocasiones son labores repetitivas, procesos ineficientes y tediosos que se realizan manualmente a través de sistemas heredados o legacy.

El Sector Público sigue avanzando en su proceso de digitalización, impulsado en gran medida por los ciudadanos, cada vez con un mayor grado de conocimiento de la tecnología y una mayor exigencia de servicios públicos y experiencias digitales.

Hoy en día no es posible diseñar una nueva iniciativa política o administrativa sin reflexionar acerca de sus requisitos e implicaciones digitales desde el inicio mismo de la iniciativa.

Sin embargo, en algunos casos, se hace difícil dotarse de las capacidades institucionales que faciliten el desarrollo de iniciativas que rompan silos de gestión. Un buen ejemplo es cuando se digitaliza un proceso público y en el proceso se detectan mejoras organizativas entre diferentes áreas de gestión dentro de cualquier Administración Pública.

Esta inercia supone un riesgo y puede dar lugar a una transformación incompleta. Es decir, a una transformación en la que se añaden nuevas capas tecnológicas a las prácticas ya existentes sin aumentar su eficacia y mejora de los resultados de manera significativa. Por tanto, evitar una visión “solucionista” de la tecnología debe ser un objetivo para todos los responsables públicos.

En ese sentido, la transformación debe ser amplia y ambiciosa, y partir de la modificación de las viejas prácticas que ya no responden a las necesidades del mundo actual. Son preocupantes los datos de inversión en TI del Sector Público, de acuerdo con los datos que recogía el estudio de campo 'IDC Digital Government 2021: Retos y prioridades del Sector Público en España', apuntaban a una mayor concentración de la inversión en el mantenimiento de sistemas de gestión corporativos y aplicaciones heredadas, donde el 41,7% de la muestra tiene intención de invertir entre un cuarto y la mitad de su presupuesto. De ellos, la Administración Regional (54,5%) y las empresas y organismos públicos (41,9%) respectivamente lo consideran una de las principales prioridades de inversión.

Siempre según el informe, la tecnología se ha convertido en una de las prioridades a la hora de desarrollar políticas públicas, y esto ejerce una presión interna sobre los departamentos de gestión que no existían antes. "Nuestra narrativa estratégica destaca la importancia de la tecnología para la obtención de un nivel de eficiencia pública mayor y la alineación con los objetivos políticos de transformación social y económica", indican.

• El actual entorno regulatorio retrasa el despliegue de cloud dentro de la Administración Pública. De hecho, la inversión en cloud se sitúa en cotas de un 10% de media del presupuesto TI que dispone el organismo público, siendo la AGE la principal tractora en cuanto a inversión en esta categoría.
• El puesto de trabajo sin duda sigue manteniéndose como un reto para los organismos públicos, aunque su importancia es desigual en función del tipo de organismo público que se considere, siendo una prioridad de inversión para la administración local. Desagregando por tipología de organismo, es la empresa pública y la administración local las que está priorizando la inversión en esta categoría tecnológica, sin duda para hacer frente al proceso de adaptación digital iniciada como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
• La automatización cobra una cada vez mayor importancia dentro del porcentaje de gasto de Sector Público, aunque también es desigual dependiendo del nivel de la administración. La empresa pública y la administración regional son los principales impulsores de iniciativas y proyectos de automatización de procesos, sin duda en la búsqueda de la agilidad empresarial que el contexto actual está demandando.
• No sorprende que la seguridad se erija como la segunda gran prioridad a la que la Administración Pública está destinando una mayor cantidad de inversión. El objetivo es dotar de un mejor entorno de seguridad no sólo de sistemas sino también de datos, con el fin de asegurar la privacidad y generar la confianza digital que demanda el ciudadano.

A pesar de la indudable importancia que se le está concediendo a la digitalización, el análisis del grado de madurez digital de las Administraciones Públicas en los últimos años refleja la capacidad de mejora aún existente. No obstante, el momento presupuestario supone una ventana de oportunidad que es fundamental aprovechar para revertir esta tendencia.

De los 140.000 millones de euros asignados a España procedentes de los Fondos Next Generation bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la mitad de esta cantidad se gestionará mediante Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). España recibirá unos 70.000 millones de euros de prestaciones netas dentro del programa Next Generation de la Unión Europea que serán distribuidos entre 2021 y 2023, siendo España el país que más dinero reciba de la Unión Europea de los Fondos de recuperación.

Si hacemos un análisis del grado de digitalización de España con nuestros comparables europeos en materia de gasto IT del Sector Público medido como porcentaje del PIB, podemos afirmar que nuestro país se encuentra lejos de los países líderes en digitalización. Así, países como Finlandia o Dinamarca invierten más del 1% de su PIB en digitalización del Sector Público mientras España se sitúa entre los países que menos recursos dedican en este sentido con menos del 0,4% del PIB. Para revertir esta posición retrasada de partida, es fundamental hacer un uso eficiente de los fondos europeos mencionados anteriormente. Mas aún, continuar esta tendencia para que el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas continúe tras el fin de la recepción de estos fondos, con el objetivo de mantener, operar y poner en valor las inversiones en digitalización del Sector Público evitando una obsolescencia tecnológica acelerada.

El momento presupuestario actual gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia suponen una ventana de oportunidad que es fundamental aprovechar para revertir esta tendencia. Y concretamente el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas que prevé movilizar una inversión pública de, al menos, 4.230 M de € en el periodo 2021-2023.

El reto será en un futuro, capitalizar esa inversión en tecnología cuando se acaben los fondos europeos para poder mantener y operar lo conseguido en el tiempo y no generar un grado de obsolescencia muy rápido, lo que obligará a seguir invirtiendo de forma sostenible.

Otra métrica relevante para medir la apuesta del Sector Público por la digitalización en España es la comparativa del gasto IT por sectores en el conjunto empresarial español, donde podemos apreciar que este esfuerzo es inferior al resto de los sectores productivos. De los aproximadamente 50 mil millones de euros que se invierten en España en IT anualmente, sólo el 9% provino del Sector Público en 2021. Una cifra que contrasta con el peso que el Sector Público supone sobre el conjunto de la economía española, el 42% del PIB. Dato que sin embargo sigue siendo inferior al conjunto de la UE-15 (46%).

No sería justo generalizar respecto al grado de digitalización de las organizaciones que forman parte de las diferentes empresas y administraciones públicas. Es indudable que existe una gran heterogeneidad de madurez digital, así como de dotación presupuestaria en IT dentro del propio Sector Público español.

Algunas cifras que ilustran esta disparidad:

• El mercado de servicios asociados al puesto de trabajo en Sector Público crecerá en España hasta alcanzar los 871,5 millones de euros en 2024, presentando tasas de crecimiento agregado compuesto cercanas al 70% en el periodo 2021-2024, impulsadas por la adopción de cloud y servicios de Big Data y analítica avanzada fundamentalmente.
• A pesar de que la confianza digital es una prioridad para el Sector Público en España, únicamente un 16,5% de organizaciones públicas ha iniciado un programa de confianza digital en España (Digital Trust).

Los propios Servicios Públicos están evolucionando y está surgiendo un nuevo concepto que está adoptando una nueva “ética” para la prestación de servicios a la ciudadanía:

• Servicios públicos eficientes: en un contexto de transformación acelerada, y con la presión presupuestaria derivada de la necesidad de ejecutar los fondos que se esperan en los próximos meses, es esencial que el Sector Público preste servicios de manera eficiente.
• Marcos de entrega convenientes: la innovación en canales es una prioridad para el 60% de los decisores de organismos públicos. Por ello, la conveniencia de los marcos de ejecución se destaca entre las partes interesadas.
• Procesos altamente receptivos: la experiencia del empleado público y el ciudadano es una prioridad para el 61,5% de los decisores públicos en Europa. Por ello, se requiere una reestructuración de sus procesos para permitir una mayor personalización y tiempos de respuesta más rápidos.
• Ecosistemas inclusivos de partes interesadas: a medida que las interacciones digitales están tomando cada vez mayor protagonismo, es necesario que el Sector Público se enfoque en mantener la inclusividad de sus procesos, tanto para los ciudadanos como para el empleado público. En este sentido, se requiere de dotar al ciudadano y al empleado público de las herramientas para participar en entornos remotos y sentirse incluido en la toma de decisiones.
• Modelos de operaciones confiables: la confianza, tanto tecnológica como interpersonal, se ha convertido en un tema fundamental en el puesto de trabajo. Las organizaciones del Sector Público se han visto afectadas junto con organizaciones en otros sectores, con la presión adicional de mayores riesgos de ciberseguridad.
• Marcos de entrega convenientes: la innovación en canales es una prioridad para el 60% de los decisores de organismos públicos. Por ello, la conveniencia de los marcos de ejecución se destaca entre las partes interesadas.

Los gobiernos tienen un papel fundamental como orquestadores de ecosistemas digitales en la sociedad, así como un papel único en el desarrollo de políticas, estándares y financiación de los procesos de digitalización

El puesto de trabajo sin duda sigue manteniéndose como un reto para los organismos públicos, aunque su importancia es desigual en función del tipo de organismo público que se considere, siendo una prioridad de inversión para la administración local. Desagregando por tipología de organismo, es la empresa pública y la administración local las que está priorizando la inversión en esta categoría tecnológica, sin duda para hacer frente al proceso de adaptación digital iniciada como consecuencia de la pandemia de COVID-19

La automatización cobra una cada vez mayor importancia dentro del porcentaje de gasto de Sector Público, aunque también es desigual dependiendo del nivel de la administración

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