La nueva ley que impulsa la Responsabilidad Social Corporativa
El ejercicio 2019 ha empezado con un nuevo marco legal para determinados grupos y sociedades en España con la entrada en vigor de la Ley de Información No Financiera y Diversidad. La entidad referente en servicios técnicos, de seguridad y certificación a nivel mundial TÜV Rheinland explica el proceso para verificar que se cumple con la normativa.
El pasado 24 de noviembre de 2018 se aprobó la nueva Ley de Información No Financiera y Diversidad (11/2018), que exige a determinadas empresas publicar, como parte del reporting anual, información relativa a su gestión social, medioambiental, de derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. La intención es continuar impulsando la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas.
En un plazo de tres meses tras el cierre del ejercicio social, y dentro de las cuentas anuales, las compañías deben presentar una breve descripción del modelo de negocio, incluyendo un entorno empresarial, organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, así como los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución; una especificación de las políticas que aplica a dichas cuestiones; los resultados de esas medidas; los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades empresariales; y los indicadores clave de los resultados no financieros de la actividad empresarial concreta.
Por ahora, este precepto solo afecta a aquellas entidades que superen los 500 empleados o que tengan la consideración de entidades de interés público por la legislación de auditoría de cuentas, o bien que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes tres condiciones: poseer un activo consolidado de más de 20 millones de euros; que la cifra de negocio consolidada sea de más de 40 millones de euros; o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
Está previsto que, a partir de 2021, la obligación de aplicar la nueva normativa se amplíe a todas aquellas sociedades de más de 250 trabajadores que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas (exceptuando a las entidades que tienen la calificación de pequeñas y medianas empresas de acuerdo con la Directiva 34/2013), o bien que durante dos ejercicios consecutivos y a la fecha de cierre de cada uno de ellos posean un activo consolidado de más de 20 millones de euros o la cifra de negocio consolidada sea de más de 40 millones de euros.
Verificación de un tercero independiente
La información incluida según la nueva normativa ha de ser verificada por un prestador de servicios independiente que deberá poder evidenciar que el estado de información no financiera está libre de cualquier error relevante y contiene toda la información solicitada por la mencionada ley.
Esta independencia está garantizada por una entidad como por ejemplo, la multinacional referente en servicios técnicos, de seguridad y certificación a nivel mundial TÜV Rheinland que, además de disponer de verificaciones de expertos en materia ambiental, social y de personal, está capacitada para hacer compatible este requisito con la verificación de estándares relacionados como el Reglamento EMAS o la verificación de memorias de sostenibilidad según GRI.
Según Almudena Bouza, responsable técnico de Sostenibilidad de TÜV Rheinland, “la nueva ley permite a inversores, accionistas, consejeros, empleados y cualquier parte interesada, en general, disponer de una imagen fiel no solo financiera -como hasta este momento-, sino también social, ambiental y de buen gobierno de las compañías afectadas”.
