Cataluña y País Vasco piden más flexibilidad en la Ley de Seguridad Privada

Por todo ello, aprovecharon el Security Forum –que tuvo lugar los pasados 25 y 26 de mayo en Barcelona– para pedir una mayor flexibilización en esta materia. Una flexibilización que el Gobierno en funciones aceptó. Sin embargo, éste no dudó en reconocer el trabajo llevado a cabo por su Ejecutivo al defender la existencia de un reglamento de 400 páginas de artículos y anexos, necesarias todas ellas para unificar y sistematizar varias normativas existentes, además de para contemplar nuevos aspectos que la ley debe regular.

Este debate tuvo lugar en una mesa redonda en la que, bajo el título ‘El futuro de la Normativa de Seguridad’, participaron Juan Antonio Puigserver –Secretario General Técnico del Ministerio de Interior–, María Teresa Casado Cadarso –subdirectora general de la Administración de Seguridad de la Generalitat de Cataluña– y Rodrigo Gartzia Azurmendi –director de Coordinación de Seguridad del Gobierno Vasco–. El moderador, en este caso, fue el presidente del Security Forum, Eduard Zamora.

Todos ellos, por otro lado, estuvieron de acuerdo en la regularización de la formación en este campo. “La formación es el fundamento de todo”, sentenció Casado para impulsar la creación de un grado en Seguridad. Así, el objetivo –según explicaron los tres representantes– es implantar unos contenidos mínimos de formación que den lugar a un reconocimiento en forma de titulación para personal cualificado.

Otro de los aspectos que se pusieron sobre la mesa en el seno del debate fue la protección jurídica de los agentes de seguridad privada. En este sentido, Puigserver recordó que, tal y como contempla la ley, el personal de seguridad privada debe contar con la protección de la autoridad pública únicamente en supuesto de violencia y cuando actúe bajo el mando de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, desde Cataluña se pidió más concreción en esta materia para, acto seguido, denunciar que actualmente la protección jurídica sobre este colectivo es, a su parecer, bastante reducida todavía.

Esta misma comunidad aprovechó el encuentro para solicitar también que la legislación respecto a los nuevos servicios de vigilancia se basen en los requisitos de seguridad y no tanto en los de urbanismo.

Y a Cataluña se sumó el País Vasco para poner el foco en la regulación de aquellos acontecimientos con una gran concentración de público. En este sentido, propusieron la creación de la figura de un director de seguridad que organice y coordine y, en definitiva, asuma las responsabilidades oportunas en estos grandes eventos en los que, hoy por hoy, la seguridad pública y la privada van por separado. Y no dudaron, en esta línea, en mencionar y lamentar el mediático caso del Madrid Arena.

Desde el Gobierno en funciones optaron, no obstante, por no avanzar ningún aspecto en concreto puesto que el texto se encuentra todavía en fase de elaboración.

Sin embargo, los tres representantes coincidieron al respaldar la inclusión de la ciberseguridad en el reglamento con el fin de regular un campo que tiene cada vez más injerencia en el día a día de la sociedad.

Pero respecto a un reciente y todavía novedoso avance tecnológico como son los drones los puntos de vista expuestos en esta mesa redonda fueron sutilmente distintos. Aunque los tres corroboraron que estos drones pueden tener distintos usos y, por tanto, deben regirse por distintas legislaciones, Puigserver –por un lado– los situó como competencia de la Ley de Seguridad Aérea, así como también dentro de la de videovigilancia. Gartzia, por su lado, además de coincidir con el perecer del Gobierno en funciones, afirmó que sería oportuno prever también en la legislación su uso por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, Casado presentó ciertas dudas acerca de la idoneidad de la injerencia del reglamento en esta materia.

Por último, el consenso se volvió a producir al quitar alarmismo a los posibles efectos que un cambio político podría tener en la Ley de Seguridad Privada. Los tres coincidieron en que ésta no es susceptible de grandes modificaciones puesto que, fuera del sector, la normativa no tiene gran repercusión. Los posibles cambios de algunos de sus artículos, vendrían impulsados por un gobierno de izquierdas, el cual –por norma general– no comparte la privatización de la seguridad.