Seopan presenta su análisis sobre el sector de infraestructuras: reformas urgentes y previsiones para 2025

El 10 de marzo, Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), presentó el ‘Análisis del Sector Infraestructuras; Balance del 2024 y Previsiones para 2025’ del informe realizado por Sener. En dicho informe, se abordaron diversas cuestiones clave sobre el sector de las infraestructuras en España, haciendo un balance de la situación actual y ofreciendo previsiones para el próximo año. En el análisis, Núñez destacó la necesidad urgente de llevar a cabo reformas en la regulación y contratación pública, una correcta gestión de los recursos, y una fuerte inversión en infraestructuras para mantener la competitividad de España frente a otros países europeos.

Uno de los puntos centrales del informe presentado por Julián Núñez fue la urgencia de una reforma integral en la regulación de la contratación pública en España. Según el informe, el sector de las infraestructuras en el país representa el 11,55% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 24,87% del gasto público. A pesar de su relevancia económica, el sistema actual presenta múltiples deficiencias que requieren atención inmediata.

El presidente de Seopan destacó, en primer lugar, la ineficiencia y obsolescencia del sistema de clasificación de contratistas, lo que dificulta la selección de las mejores empresas para ejecutar proyectos de infraestructura. Además, señaló la ausencia de una revisión adecuada de precios y sistemas ágiles de resolución de disputas, lo que genera incertidumbre tanto para los contratistas como para las administraciones. Otro aspecto importante es la inadecuación de los precios, gastos generales y costes indirectos a las realidades del mercado actual, lo que impacta negativamente en la ejecución de proyectos.

A su vez, criticó el incumplimiento generalizado de los plazos de ejecución contractuales, un problema que afecta de manera directa a la calidad y a la eficiencia de los proyectos. También hizo énfasis en la regulación concesional, que desincentiva la colaboración público-privada, un modelo que podría ser clave para agilizar la ejecución de grandes infraestructuras en el país. En este contexto, también se identificó el abuso del encargo a medios propios por parte de las administraciones públicas, lo que duplicó su volumen de inversión hasta alcanzar los 4.192 millones de euros entre 2021 y 2023.

Julián Núñez, presidente de Seopan.

En relación con los precios de los contratos, Núñez subrayó que las medidas introducidas por el Real Decreto-ley 3/2022, destinadas a la revisión excepcional de precios, no son suficientes para reequilibrar los contratos firmados antes de 2021. Esta deficiencia pone en riesgo la viabilidad y culminación de importantes proyectos de infraestructuras. Por ello, el informe recomienda elevar el límite máximo revisable del 20% al 30% y fijar este límite en función del plazo del contrato. Esta propuesta afectaría a 22 contratos prioritarios con una revisión adicional estimada de 37 millones de euros.

En cuanto a la colaboración público-privada, una de las propuestas destacadas en el informe fue la implementación de modelos colaborativos en la contratación pública, utilizados de manera recurrente en otros países para garantizar la eficiencia en la ejecución de obras y el cumplimiento de presupuestos y plazos. De hecho, el presidente de Seopan informó que se había remitido una propuesta de modelo colaborativo de coste objetivo para su implementación en contratos piloto, sin necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Otro de los problemas que se resaltó desde Seopan fue el grave déficit de recursos destinados a la conservación y modernización de las infraestructuras viarias en España. Según el informe, las carreteras en el país soportan el 86% de la movilidad de pasajeros y el 96% de la de mercancías. Sin embargo, se identificó un déficit anual de 1.900 millones de euros en conservación, con un acumulado de 10.000 millones de euros que no ha sido cubierto. Además, se destacan las carencias en la creación y adaptación de infraestructuras viarias, con una inversión estimada en 43.000 millones de euros.

En este sentido, Núñez hizo un llamado a armonizar el modelo de gestión y financiación de las infraestructuras viarias con el de la Unión Europea, ya que España concentra el 69% de las autovías libres en Europa, lo que implica una gran responsabilidad en su mantenimiento y mejora.

El informe también abordó el problema de la falta de vivienda social en España, subrayando que el stock nacional de viviendas en alquiler social representa solo el 3,3%, frente al 8% de la media de la Unión Europea. Núñez propuso recuperar la regulación concesional del Real Decreto-ley 9/2024, el cual no fue convalidado, para fomentar la construcción de 184.000 viviendas. Esta propuesta incluiría la extensión del plazo de concesión hasta los 80 años y una nueva tasa de descuento que permita mejorar las condiciones de financiación.

Julián Núñez también destacó la necesidad urgente de un plan de adaptación de infraestructuras en zonas susceptibles a inundaciones, especialmente en las áreas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Este plan implicaría una serie de medidas estructurales, como la construcción de presas, áreas de laminación y la mejora de la permeabilidad de infraestructuras lineales como puentes y viaductos. Además, se requeriría una adecuación de la seguridad en las presas existentes, especialmente en lo que respecta a aliviaderos y órganos de desagüe. Para ello, se estiman inversiones de 4.242 millones de euros, con nuevas actuaciones previstas en el ámbito de la Dana por valor de 820 millones de euros.

En cuanto a la inversión pública, el informe destacó que la inversión en infraestructuras es clave para la recuperación económica de la Unión Europea. Los informes Draghi y Letta concluyen que la ratio de inversión pública es inadecuada en la UE, lo que limita la competitividad y la capacidad de crecimiento. En este sentido, el Plan de Rearme de la UE, que destina hasta 800.000 millones de euros para infraestructuras estratégicas, representa una oportunidad crucial para mejorar las conexiones transeuropeas, como los corredores ferroviarios y las conexiones portuarias. Sin embargo, las proyecciones para 2025 y 2026 sitúan a España en la última posición en cuanto a la ratio de inversión pública por habitante, lo que agrava la brecha con otras grandes economías europeas como Alemania, Francia e Italia.

Con un enfoque en la sostenibilidad y la colaboración público-privada, las propuestas planteadas en el informe son esenciales para fortalecer el sector de las infraestructuras en España y garantizar su papel como motor clave en la recuperación económica del país. A pesar de las dificultades actuales, como la inflación de los materiales y la desaceleración en algunas áreas de inversión, las previsiones para 2025 siguen siendo optimistas, con una mejora general en la actividad de la construcción, aunque con desafíos significativos por delante. “Se espera un crecimiento moderado del 3,5% en la producción en construcción, impulsado principalmente por la edificación residencial de obra nueva, que se incrementaría un 9%. Por su parte, la rehabilitación residencial crecería un 3,2%. La obra civil, impulsada por el Estado, experimentará un crecimiento del 2,3%, mientras que las administraciones locales y autonómicas verán una ligera contracción en sus inversiones”, dijo Núñez.