Seopan reclama la obligación de revisión de precios ante los costes soportados por las empresas

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, ha reclamado la restitución de un sistema de revisión de precios en las licitaciones públicas frente al incremento de costes energéticos y de materiales. En la presentación del balance del sector de las infraestructuras, el presidente de la patronal de las grandes constructoras ha alertado de la escasa relevancia de las concesiones, que representan tan solo el 3,4% de la contratación, con una medie de 1,9 licitadores por contrato y un 20,5% de licitaciones desiertas. Asimismo, Núñez ha señalado la necesidad de abrir un “debate técnico” respecto a la implantación del pago por uso de las carreteras para su financiación.

En el balance sectorial, la licitación pública de obras alcanzó un volumen de 28.161 millones en 2023, dato similar al de 2022 y que Núñez califica de “buen registro”. El aumento de las licitaciones del Estado (+31,7%) compensa las caídas registradas en Comunidades Autónomas (-17,3%) y administraciones locales (-8,6%). Con 17.245 millones, la obra civil es el mayor impulsor de la licitación. En cuanto a la contratación pública de obra en 2023 se alcanzaron 19.525 millones de euros, con un incremento del 15,6%. No obstante, Seopan ha anticipado una drástica reducción de las licitaciones de obra pública para 2024 ante el fin del programa de licitaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En cuanto a dicho plan, la obra pública en España cumple los hitos de licitación, con 3.526 millones licitados en 2023, el 12,5% del total nacional. El Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible es el mayor licitador, con un 52,4% del total de las subvenciones, impulsado principalmente por Adif.

Con relación a la Adenda financiera del PRTR y en concreto, al Fondo de Resiliencia Autonómico, dotado con 20.000 millones, Núñez ha destacado la necesidad de prorrogar al menos dos años el hito de ejecución del PRTR para posibilitar la financiación de infraestructuras sostenibles de transporte público y de agua de titularidad de las CCAA y CCLL. Según el presidente, la no ampliación de este plazo “no tendría consecuencias negativas, ya que estamos cumpliendo los hitos de licitación, pero sí perderíamos una oportunidad para incorporar más proyectos”.

A pesar de la reactivación de la actividad concesional en 2023, Seopan advierte de que, según el informe especial de supervisión de la actividad concesional de 2022 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), las concesiones representan tan solo el 3,4%, de la contratación pública con una concurrencia media de 1,9 licitadoras por contrato. Según dicho documento, a esta casa relevancia de la actividad concesional hay que añadir que el 20,5% de las licitaciones de concesión quedaron desiertas, mientras que el 2,2% de los contratos no se realizaron por desestimiento y renuncia de los adjudicatarios.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector es el incremento de precios de los materiales de construcción y de la energía. Respecto a enero de 2020, el precio del cemento, cobre y acero corrugado se había incrementado en diciembre de 2023 un 43%, 41% y 37%, respectivamente. En el caso del gas y la electricidad el incremento se dispara hasta el 207% y 134%, a pesar de haber moderado su escalada en 2023.

Ante esta situación, Seopan ha señalado la necesidad de restablecer en los pliegos la obligatoriedad del procedimiento de recisión de precios, suprimida en 2015 por la Ley de Desindexación, así como eliminar el límite revisable del 20% establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Según la asociación, este límite habría provocado que las empresas hayan asumido 471 millones de euros de costes no revisables en obras del Estado en el periodo 2022-2023.

En este sentido, las proyecciones de la Comisión Europea para 2024/2025 sitúan a España en la última posición del ranking inversor de la UE ampliando así la brecha entre nuestro país y los principales competidores europeos; Alemania, Francia e Italia van a invertir un 65,4%; 62,5% y 42,7%, respectivamente, más que España en el periodo 2024-2025.

Entre las inversiones establecidas en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económicas (PERTES), Julián Núñez ha reclamado la incorporación de algunas actuaciones importantes de infraestructuras, como aquellas destinadas al vehículo eléctrico conectado, la digitalización del ciclo de agua o al sector naval. “Consideramos que la red de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es un servicio público que debe garantizar el estado” ha señalado Núñez, que ha cuantificado en 3.766 millones la inversión necesaria en este ámbito. Igualmente, el PERTE Naval debería financiar la obra civil asociada a la infraestructura eólica marina offshore, y al desarrollo del programa OnShorePowerSupply (OPS) de Puertos.

“Tenemos que reabrir debate técnico para la financiación de las vías de alta capacidad. Tenemos que afrontar un déficit y tiene que ser un compromiso de los grandes partidos de estado. Tenemos el ejemplo del País Vasco, donde no ha habido ningún problema y ha habido acuerdo de todas fuerzas políticas”, concluyó Julián Núñez.