Representantes de la construcción y de la sociedad civil exigen a la UE aprobar la Directiva para acabar con los edificios ineficientes

Green Building Council España (GBCe), junto a otras importantes entidades, empresas y representantes de la sociedad civil del sector de la edificación —como Ecodes, Conama, Provivienda, AUS, Andimat, Climate Strategy & Partners, Saint-Gobain o Rockwool, entre otros— han reclamado el día 11 de julio en Valladolid que se apruebe de manera urgente y ambiciosa la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD, por sus siglas en inglés), que se encuentra en fase de tramitación.

“Ofrecemos todo nuestro apoyo, experiencia y conocimiento a las instituciones europeas, durante el proceso de negociación de esa gran oportunidad que supone la directiva, y al Gobierno de España, en la implementación de la norma en nuestro país”, afirma Dolores Huerta, directora general de GBCe.

Esta petición, que solicita a Europa que la EPBD “apueste por un entorno construido descarbonizado, resiliente e inclusivo —que no deje a nadie atrás—“, coincide con el encuentro de los ministros de Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea, que se han reunido en Valladolid para debatir y acercar posiciones en temas como la postura común de cara a la próxima Cumbre del Clima de la ONU (COP28), la gestión de los suelos, el agua, la biodiversidad, la basura marina, el despliegue de las energías renovables y la reforma del mercado eléctrico.

En un entorno en el que los edificios suponen el 40% del consumo energético y el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa, la EPBD es la herramienta clave para lograr con éxito los objetivos europeos de descarbonización e independencia energética, lo que implica reducir las emisiones en su territorio en al menos un 55% en 2030 y la neutralidad climática en 2050. “Aprobar una directiva ambiciosa permite mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir las emisiones y combatir la pobreza energética, lo que reduce la vulnerabilidad de las personas ante los precios de la energía, mejora las condiciones que influyen en la salud de los ocupantes y apoya la recuperación económica y la creación de empleo”, resalta Huerta.

“Coincidiendo con la presidencia española del Consejo de Europa en este segundo semestre de 2023, y pese al entorno electoral, España debe jugar un papel clave para conducir y finalizar de forma rápida y exitosa la negociación de la nueva EPBD”, subraya Huerta, quien considera “clave” que los actores del sector aprovechen el “momentum” para impulsar medidas imprescindibles y ambiciosas dentro de la revisión de la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.

En un parque edificado tan anticuado como el español, en el que 23,85 millones de viviendas se construyeron antes de 2006, en el que más de la mitad —el 51%— de las primeras residencias en España se construyeron antes de 1980 sin normativa de eficiencia energética y en el que cuatro de cada cinco edificios son ineficientes energéticamente, España necesita incrementar las intervenciones de rehabilitación de su parque edificado de forma masiva. “Hay que multiplicar por diez el ritmo anual de rehabilitación de viviendas para cumplir el compromiso de cero emisiones en 2050”, advierte la directora general de GBCe.

En este contexto, en el que los edificios españoles son responsables del 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones de carbono a la atmósfera —de las que el 8,2% están directamente asociadas al consumo de combustible en el sector residencial, comercial e institucional, según la hoja de ruta de Building Life—, la ratio de rehabilitación de viviendas en España sigue siendo inferior a la de los países de nuestro entorno. De hecho, el ritmo actual no permite cumplir con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España de 2020 (ERESEE).

“Las herramientas y medidas propuestas por la nueva directiva son imprescindibles para que el desarrollo del nuevo sector de la rehabilitación en España, alineado con la estrategia ‘Oleada de renovación en Europa’, goce de seguridad y operatividad”, recalca Huerta. Las actuaciones enmarcadas en esta estrategia crearán 160.000 empleos en Europa para 2030 y entre 33.000 y 88.000 nuevos puestos de trabajo al año en España —51.200 de media anual entre 2021 y 2030—, según la ERESEE 2020.

“Lograr los niveles de rehabilitación exigidos para cumplir los objetivos de descarbonización a 2030 y 2050 exige que la revisión de la directiva incluya el desarrollo de nuevos instrumentos y consolidar otros ya existentes”, plantea Raquel Díez, directora de Proyectos de GBCe.

En este sentido, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea están negociando herramientas como el edificio de cero emisiones en fase de uso —que marca el estándar que deben lograr todos los edificios en 2050 para lograr la descarbonización total del sector—, las normas mínimas de eficiencia energética (MEPS) —que priorizan la rehabilitación de los edificios, partiendo de los menos eficientes, asegurando la transformación de todos ellos en edificios de cero emisiones antes de 2050— y el Plan nacional de rehabilitación de edificios —evolución de la actual ERESEE, que busca transformar el parque edificado en uno de alta eficiencia energética y descarbonizado—.

Asimismo, se están definiendo nuevos instrumentos financieros —como el estándar de cartera hipotecaria (MPS, por sus siglas en inglés) y el préstamo europeo para la rehabilitación (ERL, por sus siglas en inglés)—, el pasaporte de la rehabilitación —que facilita la renovación por fases para garantizar las renovaciones con mayor grado de ambición— y la reconfiguración y armonización de los certificados de eficiencia energética, básico para construir un sistema robusto de clasificación y seguimiento de los edificios en toda la UE.

La directiva también aborda la descarbonización de la calefacción y refrigeración —mediante la introducción de una base jurídica clara para que los Estados miembros establezcan requisitos para los generadores de calor basados en las emisiones de gases de efecto invernadero o en el tipo de combustible utilizado— y la acción contra la pobreza energética —mediante la rehabilitación de los hogares vulnerables que viven en los edificios más ineficientes.

Finalmente, se incluye por primera vez la obligatoriedad de calcular las emisiones de carbono en todo el ciclo de vida de los edificios —con el indicador del calentamiento global para su medición, información y limitación—. “La introducción de la metodología del análisis de ciclo de vida para calcular las emisiones de carbono permitirá contemplar otros impactos ambientales”, destaca Huerta.