El potencial nacional de producción de biometano alcanza los 163 TWh/año

España cuenta con un potencial de producción de biometano de 163 TWh/año, cifra que permitiría cubrir en torno al 45% de la demanda nacional de gas natural, según el estudio presentado por la Asociación Española del Gas, Sedigas, elaborado en colaboración con PwC y la consultora especializada Biovic.

En la presentación del estudio participaron Joan Batalla y Naiara Ortiz de Mendizábal, presidente y secretaria general de Sedigas, respectivamente, y Oscar Barrero, socio de Energía de PwC.

El objetivo del ‘Estudio de la capacidad de producción de biometano en España’ es analizar el potencial nacional de este gas renovable y ofrecer un análisis riguroso que pueda servir de herramienta de trabajo para la Administración.

“El biometano cuenta en España con un enorme potencial reconocido por la Unión Europea, pero en número de plantas estamos a la cola de Europa. El despliegue de este potencial necesita un plan nacional más ambicioso”, señaló Joan Batalla, presidente de Sedigas, durante la presentación del informe.

El estudio ha identificado un potencial de 163 TWh/año, muy por encima de las cifras calculadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) en 2018, que situaba el potencial de biometano entre 20 y 34 TWh anuales. Esta diferencia radica en que los datos del Idae no incluían los cultivos intermedios, así como los residuos forestales y otros biológicos de más difícil aprovechamiento, pero con un gran potencial, que ahora sí han sido considerados.

De hecho, el estudio elaborado por Sedigas ha tenido en cuenta los distintos recursos que intervienen en la producción de biometano, de tal manera que el 36,1% de los 163 TWh/año proceden de los cultivos intermedios; la biomasa forestal residual se sitúa en segundo lugar, con un 17%; la ganadería y la agricultura aportan el 15,6% y el 15,2%; los vertederos son responsables del 5,4%, seguidos de la fracción orgánica de residuos sólidos urbano (FORSU), que genera el 4,9%; en último lugar se sitúan el sector agroalimentario y las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), con una aportación del 3,9% y el 1,8%, respectivamente.

Para desarrollar toda esta capacidad, se necesitarían 2.326 plantas de biometano —actualmente sólo hay cinco plantas inyectando biometano a la red—, cuya construcción requeriría una inversión de 40.500 millones de euros —el equivalente al 3,6% del PIB— y la generación de 61.941 empleos, entre directos e indirectos, asociados a su operación y mantenimiento.

“Los resultados de este informe ponen de manifiesto la oportunidad que España tiene ante sí para erigirse como una de las principales potencias energéticas de la Unión Europea de la mano de los gases renovables”, señaló Joan Batalla. “El despliegue de este enorme potencial, no solo aportaría una gran riqueza a la economía nacional, sino que contribuiría a solucionar dos desafíos históricos de nuestro país: la gestión eficiente de los residuos y el reto demográfico en la España vaciada”.

Además de calcular el potencial de producción de biometano a nivel nacional, el estudio también ha identificado la capacidad de cada comunidad autónoma. Las que tienen más posibilidades son Castilla y León, con 37,78 TWh/año, Andalucía, con 23,62 TWh/año, y Castilla-La Mancha, con 20,37 TWh/año. Entre las tres, acaparan la mitad (50,2%); le siguen Aragón, con 17,62 TWh/año, y Cataluña, con 14,46 TWh/año.

De cara a materializar este potencial, el informe también ha identificado las barreras y los retos que España debe superar. “Si bien es cierto que se están dando los primeros pasos para el progresivo desarrollo de este vector energético (como la aprobación de la Hoja de Ruta del Biogás), y que esto ha llevado a que a día de hoy haya más de 200 proyectos en desarrollo, siguen existiendo una serie de barreras administrativas, regulatorias, económicas y fiscales que están limitando la inversión en nuevas infraestructuras de producción de biometano, reduciendo la penetración de éste en el sector gasista y perjudicando la economía y el empleo de las zonas donde se podrían desarrollar estos proyectos”, enfatizó Joan Batalla, quien recordó que los mecanismos de incentivos gubernamentales introducidos en Francia, Alemania, Dinamarca o Suecia han resultado vitales para potenciar el desarrollo de esta tecnología y para incentivar tanto al inversor como al consumidor.

En el ámbito regulatorio, Sedigas considera necesario que se modifiquen las normas medioambientales existentes para hacer partícipe al biometano en el cumplimiento de los objetivos en materia de descarbonización del sector energético y otros sectores. Asimismo, apela al desarrollo urgente de una regulación específica que asegure un acceso competitivo a los residuos y que genere señales de precio a los generadores de los mismos, para que valoren de forma adecuada las emisiones evitadas y les permita internalizar los costes.

En el terreno administrativo, Sedigas propone medidas para acelerar la tramitación administrativa que incluyen la definición de proyectos de interés estratégico para la transición energética y la creación de una oficina coordinadora o de seguimiento de estos; el incremento de los recursos económicos necesarios para la tramitación de expedientes autorizadores; el fomento de la figura de Encomienda de Gestión en materia de medio ambiente y de energía; o la homogeneización de criterios.

En cuanto a las barreras económicas, Sedigas insiste en que el biometano puede ser rentable, pero son necesarias medidas de apoyo para dar seguridad y una señal de precio adecuada al promotor.