El Acuerdo Voluntario de Baterías de plomo-ácido cumple 10 años

En apenas dos meses llegará un nuevo año y en él se cumplirá el 10º aniversario del Acuerdo Voluntario de Baterías de plomo-ácido, todo un acontecimiento digno de celebración para la industria del reciclaje por establecer el consenso entre todos los agentes involucrados en la cadena de valor en automoción (productores, distribuidores, gestores, fundidores) e industria para gestionar los residuos generados, en este caso las baterías de plomo-ácido.

Esta unión en la cadena de valor de este material tiene su origen en la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, que tiene su transposición a nuestro ordenamiento jurídico en el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión medioambiental de sus residuos.

Apenas 6 meses después de la puesta en marcha de este acuerdo, la publicación del Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que remodifica el RD 106/2010, ya reconoce su importancia y trascendencia: “Igualmente, se estima conveniente recuperar las formas de gestión que hasta la entrada en vigor del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, han venido aplicándose a las baterías de automoción con un altísimo porcentaje de recogida y reciclado, sin necesidad de tener que establecer otras formas de gestión como los sistemas de depósito devolución y retorno o los sistemas integrados de gestión. Y permitir también a los productores de pilas, acumuladores y baterías industriales y de automoción que se conviertan en residuos peligrosos, asumir individualmente su responsabilidad mediante la adopción de sistemas de gestión individual”.

La secuencia cronológica, tras diversas adaptaciones normativas, nos lleva en 2016, a la adhesión al acuerdo de MEDEA, Asociación de Empresas Distribuidoras de Equipos de Manutención.

Ya desde su constitución, este acuerdo entre productores, generadores, gestores y recicladores alcanzó los porcentajes de recogida exigidos por la normativa.

Ya desde su constitución, este acuerdo entre productores, generadores, gestores y recicladores alcanzó los porcentajes de recogida exigidos por la normativa. Así lo ha seguido haciendo hasta la fecha de hoy, donde las últimas cifras disponibles, correspondientes a 2018, nos remiten a que e 105.775 toneladas de baterías de plomo ácido de automoción y 15.049 toneladas de baterías de plomo ácido industriales fueron recogidas, lo que supone unos porcentajes de recogida del 98,21 y 98,17%, respectivamente.

El éxito de las cifras obtenidas merced a este acuerdo reside, a diferencia de otros flujos de residuos, en el firme compromiso de los firmantes y en una óptima trazabilidad del material a reciclar. Sin olvidar el establecimiento de un marco regulatorio claro y acorde a las necesidades de toda la cadena de valor por parte de la Administración.

La pregunta del millón sería la de por qué no se imita o exporta este acuerdo a otros flujos de residuos en los que existen verdaderos problemas para cumplir con los objetivos de reciclaje fijados desde Bruselas. En FER siempre ofrecemos la misma respuesta: para conseguir los objetivos de reciclado y recogida establecidos en la legislación es imprescindible contar con los gestores y el diálogo entre todos los actores que intervienen en la cadena de reciclaje.

Si el fabricante aplica el ecodiseño en la fase previa a la producción, el porcentaje de reciclaje de los diferentes materiales del producto se elevan exponencialmente.

Lo que también evidencia este acuerdo es que, si se tienen presentes una serie de factores previos, la organización de la gestión será mucho más sencilla y, por tanto, efectiva. En primer lugar, partiendo de la idea inicial de que el mejor residuo es el que no se genera ya hay mucho terreno ganado. Seguidamente, si el fabricante aplica el ecodiseño en la fase previa a la producción, el porcentaje de reciclaje de los diferentes materiales del producto se elevan exponencialmente. Por último, si disminuyen las barreras regulatorias y las cargas administrativas por parte de las Administraciones Públicas, los costes que de ellas se derivan por parte de las empresas pueden ser destinados, por ejemplo, a incrementar las inversiones en tecnología, en maquinaria más moderna y a I+D+i, lo que obviamente repercutirá en los porcentajes de recogida y reciclaje.