La Generalitat y la industria química catalana crean un servicio de información sobre el Reach

01/12/2006

1 de diciembre de 2006

El conseller de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya, Jordi Valls, ha firmado un convenio de colaboración con el presidente de la Federación Empresarial Catalana del Sector Químico (Fedequim), Antoni Zabalza, para desarrollar un sistema de información y asesoramiento a las empresas catalanas del sector químico sobre el nuevo reglamento europeo de registro, evaluación y autorización de substancias químicas (Reach). El convenio también ha sido firmado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya y el Institut Químic de Sarrià (IQS).

La aplicación del reglamento Reach promovido por la Comisión europea, que se prevé que esté aprobado a finales de 2006, supone que en el ámbito de la UE sólo se podrán fabricar e importar las substancias químicas que hayan sido previamente registradas, evaluadas y autorizadas según criterios de cantidad y peligrosidad.

El acuerdo firmado contempla la creación de un servicio de información y asesoramiento (InfoReach) que incluye un diagnóstico y asesoramiento personalizado sobre la afectación y alcance de la normativa en la empresa. Este asesoramiento lo llevará a término un grupo de expertos y se extiende a la tramitación y enlace entre las empresas y la Agencia Europea de Substancias Químicas, que es el organismo competente en esta materia. El servicio también incluirá una página web, con toda la información relevante sobre la normativa, y la publicación de una guía de amplia difusión.

Un obstáculo para la puesta en práctica del Reach es la carencia de laboratorios con capacidad suficiente por hacer los ensayos de las pruebas de toxicidad y el impacto biológico de los productos químicos, que prevé la normativa. Para afrontar este problema, el convenio realizará un diagnóstico para conocer exactamente la capacidad de ensayo que existe en Catalunya.

Finalmente, el convenio contempla la celebración de jornadas, talleres prácticos y seminarios dirigidos a las empresas interesadas.

La norma afectará a más de 1.000 empresas en Catalunya, que tienen una facturación de 20.000 millones de euros anuales y en las cuales trabajan unos 60.000 trabajadores directos.