Repsol YPF dispuesta a seguir en Bolivia sin renunciar a sus derechos
16 de mayo de 2006
Repsol YPF ha enviado una carta al presidente de YPFB, Jorge Alvarado, con copia al ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, en la que le pide aclare y concrete los términos necesarios para interpretar adecuadamente el decreto de nacionalización aprobado el pasado 1 de mayo. Adicionalmente, la compañía le manifiesta su voluntad de colaborar con el gobierno sin que ello suponga que renuncia a la defensa de sus derechos.
En este sentido, la misiva expresa que “Repsol YPF y sus subsidiarias están a disposición de las autoridades de Bolivia para cumplir con las obligaciones impuestas en el citado Decreto”, y solicita que se indique la forma en que se instrumentará esta norma, fundamentalmente en lo relativo a que “las empresas petroleras están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB toda la producción de hidrocarburos”.
Repsol YPF informa además que “continuaremos actuando operativamente como lo hacemos hasta la fecha y hasta el momento en que se definan e instrumenten los parámetros señalados por el Decreto”, en lo que se refiere a que YPFB, en nombre del Estado, “asume la comercialización de los hidrocarburos producidos en el país, definiendo las condiciones, volúmenes y precios”.
La citada misiva añade que “Repsol YPF y sus subsidiarias se ven obligadas a reservar todos sus derechos y acciones respecto a las medidas del Gobierno, incluyendo los derechos y acciones bajo el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia”.
La compañía aclara que “el contenido de esta comunicación y cualquier colaboración que se vea obligada a prestar a las autoridades de Bolivia en relación con las medidas –de nacionalización- adoptadas, se llevará a cabo con el sólo propósito de mitigar daños, y no podrán ser interpretadas como una renuncia de sus derechos”.
Para concluir, Repsol YPF manifiesta que “nos reservamos el derecho de ampliar en posteriores comunicaciones al Gobierno de Bolivia nuestras observaciones a las demás disposiciones del Decreto en cuanto afecten los derechos de Repsol YPF y sus subsidiarias”.