Asaja pide en Castilla La Mancha una mayor vigilancia en la campaña de aceite que comienza
ASAJA Castilla-La Mancha ha abordado en una reunión con el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, el Plan de Seguridad que ha diseñado la Guardia Civil de cara a la próxima campaña de aceituna, que se presenta especialmente sensible por el precio del aceite, y requiere aumentar el control y la vigilancia para evitar los robos y los fraudes.
En este sentido, el vicepresidente primero de la organización, Florencio Rodríguez, que ha estado acompañado de la vicepresidenta, Blanca Corroto, ha señalado que, debido a la sequía y a las inclemencias climáticas, se espera una campaña desigual de aceituna en la región. Esto, sumado a las estimaciones de una menor cosecha a nivel mundial y un enlace de campaña reducido, ha provocado que los precios se eleven, y, consecuentemente, aumente la preocupación y el miedo entre los olivareros a sufrir robos en sus explotaciones.
En esta línea, el delegado del Gobierno ha informado del dispositivo diseñado por la Guardia Civil, que se extiende desde la precampaña, con una prevención reforzada, hasta finales de marzo, y en la que participan los Equipos Roca además de otros efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana y del Seprona.
Rodríguez ha pedido que se intensifique la vigilancia no sólo en las explotaciones, sino también en los puntos de recogida, de tal manera que se garantice la legalidad de las operaciones de compra venta.
Además, ha señalado que hay que evitar el fraude y garantizar la trazabilidad, por lo que ASAJA CLM ha planteado la puesta en marcha de una guía o documento de acompañamiento de aceitunas de la campaña agrícola, tal y como ya han puesto en marcha en otras comunidades autónomas. El objetivo, ha explicado, es que se pueda documentar la trazabilidad de cada porte de aceitunas desde la explotación hasta el primer destino de almacenamiento.
La organización agraria también ha recordado que la Ley de la Cadena Alimentaria establece la obligatoriedad de firmar los contratos con el precio pactado antes de entregar el producto, por lo que ha instado a aumentar el control para el cumplimiento de la ley por parte de la Administración regional y de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), contando también con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
